Los Estados Unidos, hogar de la población carcelaria más grande del mundo, tanto per cápita como en términos reales, pueden ahorrar $20 billones al año y reducirla por la mitad al adoptar un puñado de reformas sistémicas, inclusive la despenalización de la tenencia de drogas, dijo un grupo prestigioso de científicos sociales en un informe lanzado el lunes. Observando que la población carcelaria estadounidense había crecido ocho veces desde 1970, creciendo firmemente a pesar del alza o de la bajada de los índices de criminalidad, el informe llamó las prisiones estadounidenses un “sistema que se autoalimenta”.

El informe, Desencerrando a los Estados Unidos [Unlocking America], fue lanzado por el Instituto JFA, una organización de investigación de Washington, DC, que estudia cuestiones relacionadas con la corrección y las poblaciones carcelarias. Fue redactado por ocho destacados criminólogos y James Austin, presidente de la JFA.

El tremendo incremento en la encarcelación en las últimas cuatro décadas ha causado poco impacto sobre la criminalidad, pero ha impuesto costas considerables sobre la sociedad – y sobre los infractores y sus familias, descubrió el informe. “Nuestras leyes y prácticas del sistema penal contemporáneo exacerban el problema de la criminalidad, perjudican innecesariamente las vidas de millones de personas (y) desperdician decenas de billones de dólares todos los años”, dijo.

Refiriéndose al perdón del desacreditado ex asesor de la Casa Blanca, Lewis “Scooter” Libby, otorgado por el presidente Bush, el informe señaló: “El presidente Bush tenía razón. Una condena de prisión para Lewis ‘Scooter’ Libby era demasiado – así como la sentencia de libertad vigilada de tres años. Pero mientras hacía de las suyas, el presidente Bush debería haber conmutado las condenas de cientos de miles de estadounidenses que, todos los años, también han recibido sentencias de prisión por crímenes que suponen poco o ningún peligro o daño a nuestra sociedad”.

Esa gente es víctima de lo que los autores describieron como “tres mitos clave” que impulsan las políticas de justicia penal: El de que hay “criminales de carrera” que pueden ser identificados y presos para reducir la criminalidad; el de que penas más duras son necesarias para proteger al público de “criminales peligrosos”; y el de que penas más duras van a cohibir a los criminales. Los autores dedican bastante espacio a desacreditar esos malentendidos que conducen las políticas.

“El sistema está casi alimentándose sólo ahora. Demora años y años y años para salir de este sistema y no vemos ningún impacto positivo sobre los índices de criminalidad”, dijo Austin, coautor del informe, en una rueda de prensa.

Un sistema más humano, menos caro y bastante reducido puede ser alcanzado promulgándose cuatro reformas fundamentales, concluyó el informe. Ellas son:

• Reducir el tiempo cumplido en la prisión;
• Eliminar el empleo de la prisión para infractores técnicos de la condicional o de la libertad vigilada;
• Reducir la duración de los períodos de supervisión de la condicional y de la libertad vigilada;
• Despenalizar los crímenes “sin víctimas”, particularmente los que están relacionados con el consumo de drogas y la toxicomanía.

Respecto a despenalizar los delitos de drogas, el informe observó: “En los últimos años, se penalizaron conductas que no son peligrosas y suponen poca o ninguna amenaza a los demás. Un gran grupo de personas está preso actualmente por comportamientos que han sido criminalizados para proteger a la gente de ella misma. Sus delitos involucraban el consentimiento de todas las partes inmediatas en la transacción. Ejemplos comunes en la historia estadounidense han incluido el aborto, el juego, la conducta sexual ilícita que no envuelve coerción (por ejemplo, la prostitución y, hasta recientemente, la actividad homosexual) y la venta y tenencia de drogas lúdicas. De acuerdo con el Ministerio de Justicia de los EE.UU., aproximadamente 30 a 40% de todas las admisiones actuales a la prisión involucran crímenes que no tienen ninguna víctima directa u obvia salvo el perpetrador. La categoría droga constituye la categoría más grande de infracciones, ya que 31% de todas las admisiones a la prisión resultan de dichos delitos”.

La guerra a las drogas es fútil y tiene consecuencias colaterales desagradables, concluyó el informe. “Siempre que se quita a un traficante de circulación por una sentencia de prisión, un nuevo traficante es atraído por la seducción de los grandes beneficios. El enjuiciamiento y prisión de pequeños traficantes han incrementado las disparidades raciales y son el principal factor que contribuye con el rápido aumento en los índices de encarcelación para mujeres. El empleo de la violencia de parte de los traficantes para eliminar la competencia ayuda a sostener el mito que relaciona el consumo de drogas con la violencia. A pesar de nuestro esfuerzo extraordinario para desincentivar el consumo y la venta de drogas ilegales, siguen muy disponibles y son generalmente consumidas”.

Mejor que una política de prohibición que llena las prisiones sería un abordaje regulador a las drogas, dijo el informe. “Los abordajes reguladores, como los que son utilizados ahora para drogas que no sean ilegales, deberían ser considerados seriamente. El éxito de los recientes referendos en varios estados para permitir el consumo médico de marihuana da a entender que la opinión pública puede estar cambiando”.

La opinión pública cambiaría aún más deprisa si más personas leyeran este informe. Es una incriminación mordaz de un conjunto fracasado e inhumano de políticas de drogas y de la justicia penal. Se puede cuantificar fácilmente veinte billones de dólares al año en ahorros por adoptar las reformas recomendadas; la reducción en sufrimiento humano al cortar la población carcelaria por la mitad, aunque igualmente considerable, no es medida con tanta facilidad.