La semana pasada, un paso hacia la victoria se hizo cenizas para la amplia coalición en pro de la abrogación de la disposición antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA, por la sigla en inglés)] (también conocida como la “Pena de Eliminación de la Ayuda” [Aid Elimination Penalty]) cuando, por segunda vez este año, políticos demócratas clave se rehusaron a llevarla adelante. Ahora, la única oportunidad de lograr la revocación en esta sesión sucederá en el comité de conferencia, gracias a un posible error táctico del autor del proyecto.

[inline:scott-hea-amendment-2007.jpg align=right caption="Bobby Scott presenta su enmienda efímera a la HEA este mes"]A principios de este año, un texto que habría quitado la pregunta sobre las drogas del formulario para la obtención de la ayuda financiera federal, pero sin revocar la ley subyacente, llegó hasta el Senado como parte del texto aprobado por el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP, por la sigla en inglés) para el proyecto de renovación de la HEA hace mucho retrasado. Sin embargo, el senador Lindsey Graham (R-SC) presentó una enmienda exitosa para quitar el texto, la cual el presidente del HELP, el senador Ted Kennedy (D-MA), en cuanto gerente del pleno, permitió que pasara sin contestarla. La semana pasada, los demócratas de la Cámara liderados por el diputado George Miller (D-CA), presidente del Comité sobre Educación y Trabajo de la Cámara y simpatizante de la revocación, se negó a escuchar una enmienda al proyecto de la HEA que habría promulgado la revocación.

La Pena de Eliminación de la Ayuda impide a estudiantes con condenaciones por delitos de drogas recibir ayuda financiera federal durante períodos específicos de tiempo a partir de las fechas de sus condenaciones. De la manera por la cual estaba redactada inicialmente por el diputado Mark Souder (R-IN), ella castigaba a estudiantes por cualquier infracción en su pasado. Pero el año pasado, bajo la presión de un abanico de grupos educacionales, religiosos, de los derechos civiles y otros organizados en la Coalition for Higher Education Act Reform (CHEAR, por la sigla en inglés), Souder enmendó su propia ley, entonces ahora ella se aplica solamente a las infracciones cometidas mientras el estudiante está en la facultad y recibe la beca.

Según el dispositivo, más de 200.000 estudiantes han sido privados de la ayuda financiera. Una cifra desconocida ha sido disuadida siquiera de postular porque creía – correcta o a menudo equivocadamente – que sus condenaciones por delitos de drogas la impedirían recibir ayuda.

En vez de intentar conseguir la revocación, como los demócratas importantes habían prometido, el comité escuchó y adoptó dos enmiendas a la disposición de su autor, el diputado Mark Souder (R-IN), que en verdad son vistas por los partidarios como probables acciones positivas. Una exigiría que las escuelas les informaran a los estudiantes que se matriculan por escrito de la existencia de la pena. La otra relajaría una cláusula en la ley que permite actualmente que estudiantes recobren su elegibilidad para la ayuda financiera al completar un programa de tratamiento de la drogodependencia, dejándolos simplemente pasar por dos exámenes toxicológicos programados de manera aleatoria y suministrados por el dicho programa.

La disputa por la Pena de Eliminación de la Ayuda no estaba limitada a las vistas del comité en el Capitolio. En una acción para desbaratar las labores de los enemigos de la pena, Souder envió una carta Muy colega mío en que acusaba a 500 grupos que pertenecen a la CHEAR de ser “legalizadores de las drogas”, un ataque que no pasó inadvertido.

“Quería enterarlo de un dispositivo importante en la ley actual que está enfrentando la agresión de una coalición pequeña, pero determinada, de grupos de legalización de las drogas”, escribió Souder en la carta de 1º de noviembre. “Antes de ser bombardeados por los temas de conversación de dichos grupos, quería asegurarme de que todos comprendieran bien los hechos”, escribió.

Ofendidos por la caracterización de sus organizaciones hecha por Souder, 16 grupos contestaron con su propia carta a Souder, pidiéndole que retractara su declaración y exigiendo una reunión con él para explicarle directamente por qué se oponen a su ley. “A nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos gustaría asegurarle que la coalición que apoya la revocación de la Pena de Eliminación de la Ayuda va mucho allende ‘grupos de legalización de las drogas’”, decía la carta. “La semana pasada, más de 160 organizaciones firmaron una carta a George Miller, presidente del Comité de Educación y Trabajo, y al integrante Buck McKeon que pedía la abrogación total, trayendo el número total de grupos opuestos a la pena a más de 500. Estas organizaciones representan un abanico amplio de intereses, inclusive las áreas del tratamiento y de la recuperación de la drogodependencia, derechos civiles, administración e ingreso universitarios, justicia penal, reforma legal y líderes de la fe. La mayoría abrumadora de signatarios de la carta al presidente Miller y al integrante McKeon no era a favor de la legalización de las drogas. En cuanto muestreo pequeño de tales organizaciones, nosotros, los abajo firmantes, queremos aclarar que la oposición al [dispositivo antidroga] no depende de ningún modo del apoyo a la legalización general de las drogas”.

Los signatarios de la carta fueron la Federación Estadounidense de Profesores, el Comité Estadounidense de Servicio de los Amigos, la Coalición de Escuelas Esenciales, la College Parents of America, la Sociedad de la Reconciliación, el Comité de Amigos sobre la Legislación Nacional, la Sociedad Internacional de Enfermeras sobre las Adicciones, la Asociación Nacional de Servidores Sociales, el Consejo Nacional sobre el Alcoholismo y la Drogodependencia, la Asociación Nacional de la Educación, la Red Nacional de Salud de la Mujer, la Asociación Nacional de Derechos de los Jóvenes, las Comunidades Terapéuticas de los EE.UU., la Unión por el Judaísmo de Reforma, los Sacerdocios de Justicia y Testigos de la Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Metodista Unida-Junta General de la Iglesia y de la Sociedad y la Asociación de Estudiantes de los Estados Unidos.

Souder no contestó la carta, pero sí arremetió otra vez, de esta vez en The Politico, el periódico del Capitolio, cuyo Ryan Grim había estado escribiendo acerca del conflicto. En una misiva publicada en ese diario en que se quejaba de la cobertura de las acusaciones de legalizadores de las drogas que hizo, Souder recurrió a la mismísima táctica. “Sus lectores debían saber que Grim ya fue empleado por el Marijuana Policy Project, un grupo de legalización de las drogas”, escribió Souder. “Grim apenas es un reportero objetivo”. Sin embargo, él no cuestionó ninguno de los hechos que Grim reportó. La biografía de Grim, incluso su empleo anterior, está disponible en la página web de The Politico.

Está claro que Souder ha mostrado ser un defensor tenaz de su creación. Si tan sólo los demócratas hubieran mostrado la misma fortaleza en la lucha para revocarla, reclamaron los partidarios. “Es desalentador saber que un enorme número de expertos en toxicomanía y concienciación y también decenas de miles de estudiantes están pidiendo la abrogación y el Congreso aún no les ha dado oídos”, dijo Tom Angell, director de relaciones gubernamentales del Students for Sensible Drug Policy, uno de los grupos puntuales en la campaña.

Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance, fue menos diplomático. “Al no cambiar esta política contraproducente, los demócratas están diciendo que decenas de miles de estudiantes deberían ser echados de la universidad y privados de la enseñanza”, dijo. “El pueblo estadounidense ha ultrapasado la histeria de la lucha contra las drogas de los años 1980, pero muchos demócratas aún no se dan cuenta de esto”, dijo Piper. “Tienen miedo de que reformar las durísimas leyes sobre las drogas los vaya a hacerlos parecer indulgentes con la criminalidad, aunque las encuestas muestren que los votantes están hartos de políticas punitivas y quieren cambio”. Los demócratas se habían “acobardado”, dijo.

La semana pasada en el comité de la Cámara, el diputado Bobby Scott (D-VA) discursó elocuentemente sobre la injusticia de la disposición antidroga de la HEA, pero luego retractó su enmienda para estrangularla, observando que la presidencia no estaba lista para escuchar enmiendas que tuvieran implicaciones financieras.

“Negarles ayuda a estudiantes por acusaciones relacionadas con las drogas es simplemente una mala política”, dijo Scott. “Aumenta los costes a largo plazo para la sociedad. Eso objetiva injustamente a estudiantes pobres y de minorías – los estudiantes de minorías porque son normalmente perfilados por delitos de drogas y los estudiantes pobres porque son los que necesitan de ayuda financiera para cursar la facultad. Sólo lo hace con los delitos de drogas. No hace nada contra el asalto a mano armada, la violación o el incendio criminoso. Entonces, es un poco raro en su aplicación y crea una excepción de cosa juzgada para estudiantes que ya han pagado su deuda con la sociedad”.

Después, Scott pidió que una lista de las más de 500 organizaciones que apoyan la revocación fuera presentada en el registro del Congreso y luego retractó su solicitud. “Desdichadamente, Sr. Presidente, como ha indicado, vuestra excelencia no está considerando enmiendas que tendrían que ser anotadas financieramente y, en razón de eso, Sr. Presidente, retracto esta enmienda al fin del debate, pues no tenemos algo para compensar".

Entonces, después que el presidente Miller – para consternación de los partidarios – felicitó a Souder por su persistencia en coartar la ley, Souder presentó las dos enmiendas mencionadas arriba. “Sin objeciones, estas dos enmiendas serán aceptadas”, dijo Miller, acogiéndolas sin tener copias por escrito delante de los integrantes. “Es apenas un testimonio de hasta qué punto nosotros confiamos en la palabra del Sr. Souder por aquí”.

Aunque los activistas estén desanimados – por no decir algo peor – con el desempeño de los demócratas, aún ven una vaga esperanza de acción a fines de esta sesión y ella puede suceder porque Souder, al presentar sus enmiendas, abrirá el proyecto de ley para discusión en el comité de conferencia. “Souder puede haberla malogrado aquí”, dijo Angell del SSDP. “Porque ahora la versión de la Cámara tiene un texto que modifica la pena, eso la vuelve automáticamente un tema para el comité de conferencia”.

Mientras que los activistas quieren la revocación total, están satisfechos con las enmiendas de Souder de este año. “Si el congresista Souder sigue trabajando año tras año para continuar minimizando su pena de eliminación de la ayuda, va a terminar trabajando para nosotros”, dijo Angell. “Incentivamos a Souder en su labor continua para coartar su propia creación”.