Ronnie Naulls no lo había previsto. El hombre de negocios, marido y padre practicante de tres niñas sabía que estaba arriesgándose cuando abrió un dispensario de marihuana medicinal en Corona, una comunidad suburbana en el alto desierto de la Comarca de Riverside al este de Los Ángeles.

Pese a que hubiese seguido las reglas, obedecido todas las leyes estaduales y luchado exitosamente contra la ciudad en la Justicia para seguir funcionando, Naulls sabía que había la posibilidad de problemas con la ley. Él sabía que había la posibilidad de persecución de la DEA federal, como lo ha hecho con, por lo menos, otros 40 dispensarios sólo este año.

[inline:naullsfamily.jpg align=left caption="la familia Naulls (por cortesía de green-aid.com)"]Pero cuando cayeron sobre él, fue mucho peor de lo que podía haberse imaginado. A las 06:00 de la mañana del 17 de julio, el silencio del barrio suburbano de Naulls fue interrumpido por el runrún de helicópteros suspendidos en el aire mientras agentes fuertemente armados de la DEA invadían su hogar y colectivo. Incautaron dinero en efectivo y marihuana, su propiedad, sus cuentas bancarias personal y de negocios. Lo arrestaron por acusaciones federales de delitos de marihuana.

Pero, para la DEA, eso no era lo suficiente. Los allanadores también llamaron al Servicio de Protección al Menor (CPS, por la sigla en inglés). Como Naulls ya había sido arrastrado a la cárcel, su mujer aguardaba esposada en un patrullero y su casa estaba hecho un desastre tras ser revuelta por la DEA, los servidores sociales del CPS dijeron que sus tres hijas estaban en peligro y se las llevaron. Naulls y su esposa también fueron acusados de maltrato y abuso infantil.

Las tres niñas - de 1, 3 y 5 años de edad - fueron puestas en cuidado de crianza temporal y Naulls y su esposa sólo podían verlas durante una visita supervisada de una hora por semana. “Mi hija mayor creía que estaba siendo castigada por haber hecho algo malo”, dijo. “Cuando fuimos a visitarla, dijo: ‘Papá, ya estamos listas para regresar a la casa, prometemos portarnos bien’”.

Pero los Naulls no podían decirles a sus hijas la única cosa que les daría consuelo - que iban a regresar a la casa pronto. Eso infringiría las normas del CPS porque podría no ser verdad. En realidad, fueron necesarias cinco semanas de vistas y penas hasta que un juez del juzgado de familia decidiese que las niñas quedarían seguras de hecho con sus padres. Pero los cargos de maltrato y abuso infantil aún continúan.

“Me quedé insensible, totalmente atónito, indignado y sin habla”, dijo Naulls. “Le dijeron a mi esposa que estábamos poniendo a nuestras hijas en peligro a causa del medicamento que teníamos en la casa, pero apenas teníamos un poco en una nevera en el garaje que tiene una puerta con alarme y mi propio remedio en un container cerrado en mi oficina - la DEA rompió la cerradura. ¿Será que nos tratarían de esa manera si hubiese sido Xanax recetado?”

La DEA no pidió disculpas por su trabajo. Un vocero de la DEA confirmó que su gente había llamado al CPS. “Siempre que realizamos un operativo en que hay la presencia de niños, tenemos la responsabilidad de llamar al CPS”, dijo el agente especial José Martínez. “Pero no tomamos la decisión de saber si los niños están en peligro o no”.

Aunque no quisiera discutir los pormenores del caso Naulls, la División de Servicios al Menor de la Secretaría de Servicios Sociales Públicos de la Comarca de Riverside, la cual el CPS integra, niega que el consumo o la presencia de marihuana medicinal sea el motivo para el retiro de niños en la presentación de cargos de maltrato y abuso infantil.

“Las drogas en sí no se constituyen en razón de retiro”, dijo Susan Lowe, directora de la división. “Para nosotros, es más relevante decir que la cuestión de la marihuana medicinal no se constituye en una razón para retirar a los niños. Tienen que haber otros problemas presentes que indiquen negligencia o abuso”.

Esa afirmación atrajo una respuesta mordaz del abogado James Anthony de Oakland, quien representó a Naulls respecto de cuestiones de utilización del terreno relacionadas con su dispensario. Aunque apoyase la declaración de Lowe con respecto a la política del CPS de la Comarca de Riverside, él dijo que eso no reflejaba la realidad en la comarca.

“Como abogado de activistas del cannabis medicinal y amigo de la familia Naulls, diría que es una muy buena noticia y parece reflejar un cambio de postura - o una postura mantenida en los cuadros que no ha llegado aún a los funcionarios del CPS”, dijo Anthony. “El CPS de la Comarca de Riverside tiene la reputación alarmante de ser rápido en llevarse a los hijos de hogares con marihuana medicinal y presentar cargos de maltrato y abuso infantil”, dijo. “La postura que la directora expuso es exactamente como debería ser: el cannabis medicinal no es más relevante para los intereses de los niños que cualquier remedio recetado - la Corte Suprema de California dijo lo mismo cuando manifestó que el cannabis medicinal es tan legal como cualquier medicamento recetado”, señaló Anthony.

“En el caso Naulls”, prosiguió Anthony, “¿qué alega la agencia ser la ‘negligencia o abuso’? ¿Dos padres cariñosos? ¿Una buena casa de clase media? ¿Padres que se interesan en usar un remedio legal e inofensivo para mantenerse bien? El único abuso del que estoy enterado en la casa de los Naulls fue el abuso cometido por las agencias federales de seguridad cuando invadieron aquel hogar sin aviso y fuertemente armadas - aterrorizando a los pobres bebes sin ningún motivo. La DEA podía haberme llamado y yo habría aconsejado a mi cliente a entregarse - él no se estaba escondiendo. Si el CPS quiere acusar a alguien de maltrato y abuso infantil, debería empezar con la DEA. Conforme a sus propios padrones descritos aquí, no hay base para enjuiciar a Anisha Naulls”.

Si hay cualquier abuso infantil, está siendo cometido por el estado, estuvo de acuerdo Richard Wexler, director ejecutivo de la National Coalition for Child Protection Reform, un grupo preocupado por los abusos del sistema de protección al menor.

“Lo que les han hecho a estas niñas es abuso infantil sancionado por el gobierno”, dijo Wexler. “Ya se crea en lo que el Sr. Naulls hizo o no, no existe ni la más mínima prueba de que administrar una cooperativa de marihuana medicinal perjudica a los niños - y hay pruebas abrumadoras de que el cuidado de crianza temporal les hace un mal enorme a lo niños”, dijo.

“La acción de retiro de todos los que lo aman y le son familiares puede traumatizar a un niño para siempre, y, cuanto más joven el niño, tanto más grande la posibilidad de dicho daño”, prosiguió Wexler. “Para un niño suficientemente joven, es una experiencia semejante al secuestro. Los niños creen con frecuencia que han hecho algo terriblemente malo y que ahora están siendo castigados. Eso está demostrado en lo que la hija le dijo a su padre: ‘Papá, estamos listas para regresar a la casa; prometemos portarnos bien’. Todo ese daño sucede aun cuando el hogar adoptivo es bueno. La mayoría lo es. Pero varios estudios dan a entender que por lo menos uno en cada tres niños adoptivos es maltratado en la crianza temporal. Entonces estos niños han pasado de una situación en que claramente no eran maltratados a la acogida, en que hay tres chances contra una de que serán maltratados”, dijo Wexler.

“Advierto a todos los clientes de mi dispensario que el gobierno federal va a intentar capturarlos y prenderlos, pero no se me había ocurrido que el gobierno también va a raptar a sus hijos”, dijo Anthony. “Es simplemente increíble, bárbaro”.

Anthony también colabora con Green Aid, un grupo formado inicialmente para apoyar las contiendas legales de Ed Rosenthal con los federales en Alta California. La Green Aid ha establecido un Fondo de Defensa de la Familia Naulls para ayudar a la familia actualmente empobrecida en su tentativa de permanecer junta y fuera de la prisión.

Lamentablemente, los Naulls no son los únicos. Activistas veteranos dicen que los retiros de hijos de parte del CPS o la pérdida de pleitos por la custodia en los juzgados de familia californianos en razón de la marihuana medicinal no son difíciles de encontrar y están cada vez más frecuentes.

“Desdichadamente, los pacientes y proveedores de cannabis medicinal a quienes les quitan a sus hijos no son novedad”, dijo Angel McLary Raich, que venció el primer caso de custodia relacionado con el cannabis medicinal en California en la estela de la Proposición 215. Pese a una variedad de enfermedades debilitantes y mortales, desde entonces Raich y su grupo de relaciones con los pacientes, Angel Wings, se han vuelto un recurso para otros integrantes de la comunidad del cannabis medicinal que hacen frente o a la burocracia de la protección al menor o a las vicisitudes de los juzgados de familia en casos de custodia infantil.

Raich, que probablemente es más conocida por ser la pleiteante en el caso de marihuana medicinal de la Corte Suprema, Raich vs. Ashcroft, dijo que el envolvimiento con el cannabis medicinal en cuanto factor en casos de disputa por la custodia infantil o de maltrato y abuso infantil es un problema recurrente. “Estoy enterada de muchos casos en que los hijos han sido retirados permanentemente, otros en que tienen que tener visitas supervisadas”.

“Creemos que este tipo de cosa es horrible”, dijo Noah Mamberg, coordinador legal del Americans for Safe Access (ASA, por la sigla en inglés), el grupo de defensa de la marihuana medicinal. “Aun mientras hacemos progreso en el frente penal, ya que los policías se portan cada vez mejor, así como en otras áreas como empleo y vivienda, como asesor legal del ASA, me encuentro contestando muchas, muchas llamadas en que el cannabis medicinal es un problema para el CPS o en el juzgado de la familia. Es probable que haya habido 30 ó 40 en los dos últimos años y ésas son apenas las personas que nos llaman”.

Eso quiere decir que hay trabajo que hacer, dijeron los activistas. Algunos están llevando a cabo un proceso de concienciación junto a los juzgados familiares y el CPS, en tanto que otros buscan el socorro de la legislatura.

“Parece que nadie entiende la marihuana medicinal en este contexto”, dijo Mamberg. “Parece que hay un prejuicio infeliz en los funcionarios del CPS y los jueces de los juzgados familiares. Hay casos en que no hay otros problemas salvo la marihuana medicinal y los fuerzan a parar de consumir su remedio si quieren quedarse con sus hijos. Es absolutamente verdadero que hay casos en que padres pacientes están siendo tratados injustamente por el CPS y el sistema de juzgados familiares”.

“Definitivamente, hay necesidad de un proceso de concienciación de los tribunales y agencias”, dijo Anthony. “Ellos pueden actuar con la mejor de las intenciones, con todo, ejercen un impacto increíblemente devastador sobre las familias en virtud de su falta de conocimiento”.

Raich fue pionera de tal trabajo de concienciación en la Comarca de Alameda. La obra sigue, dijo. “Trabajo entrenando a las agencias de la ley y tratando con el CPS y el juzgado familiar”, dijo. “Ésa es mi verdadera pasión. No soporto ver que otras personas estén perdiendo a sus hijos por esto. Está tan mal”.

Si cualquiera está teniendo problemas con el CPS o el juzgado familiar por cuestiones de marihuana medicinal, llámela, dijo Raich. Su número de teléfono está en el directorio de Oakland y la información para contacto está en su página web.

El ASA está trabajando para igualar las condiciones para los pacientes mediante la acción legislativa. Mamberg dijo: “De la manera que están las cosas, parece que los juzgados familiares y el CPS no tienen ciencia de la Prop. 215 y del Proyecto 420 del Senado, entonces necesitamos una ley para guiarlos. Hemos redactado un proyecto de ley que enmendaría la ley de protección al menor para que el estatus de marihuana medicinal de un padre no pueda ser la única base para el retiro de un niño”, explicó. “Ellos precisan parar de forzar a los pacientes a parar de consumir su remedio. Esta medida no impedirá el CPS hacer su trabajo, pero lo impedirá procesar a pacientes de marihuana medicinal”.

Todo eso va a demorar. Mientras tanto, dijo Raich, los pacientes o proveedores de marihuana medicinal que tengan hijos necesitan ser muy precavidos. “Asegúrese de estar siendo un buen padre”, dijo. “Asegúrese de que su cannabis está fuera del alcance de los niños, asegúrese de que la casa está limpia, de que no hay riesgos, siempre llena de leche y papilla a mano. No cultive marihuana en la casa, no la seque en la casa, no tenga más marihuana que comida en la refrigeradora. Siga un curso de educación para padres. Sepa lo que necesita hacer. Y si la policía llama a la puerta, no la deje entrar sin una orden”.

En cuanto a Ronald Naulls, aún está un poquito aturdido. “Soy un hombre de negocios y un ingeniero de red. No tengo antecedentes penales y no quiero ser preso. No quiero tener que luchar contra el estado para mantener la custodia de mis hijas. Rezo por el amor de Dios y les pido a todos que oren por mí. Pero esto trata de más cosas que solamente de mí, es una lucha por los pacientes y por mi familia”.