Los países del Oriente Medio y del Sureste Asiático siguen marcando la pauta cuando se trata de ejecutar a infractores de la legislación antidroga. Irán parece estar en un ritmo especialmente tórrido, pero, esta semana, fiscales indonesios fueron los más abusivos.

En Bali, Barry Hess, un hombre de negocios australiano de 50 años puede recibir la pena de muerte después que los fiscales decidieron enjuiciarlo por narcotráfico tras ser pillado con 14 gramos de hachís y 2,7 gramos de marihuana en su hogar. Ése es apenas uno de los delitos de que los fiscales lo han acusado; el más indulgente, siendo un drogadicto no inscrito, acarrea una sentencia de seis meses de cárcel. Los fiscales presentarán su caso, luego les dirán a los jueces qué acusación y qué sanción creen ser las más adecuadas. Sin embargo, los jueces no son obligados a seguir esas recomendaciones.

Mientras tanto, Que Nadie Toque a Caín, el grupo internacional de abolición de la pena de muerte, informó que las autoridades en Birjand, ubicada en el noreste de Irán, había enjuiciado y ejecutado a cinco hombres por traficar opio y opiáceos. Ellos habían sido cogidos viajando de Zahedán con cerca de 1.360 kilogramos de opio, 54 de morfina y siete de heroína. Los hombres fueron ejecutados tras las “formalidades oficiales”, señaló el corresponsal.

La Coalición Internacional Contra la Pena de Muerte informa que Irán ha ejecutado a 265 personas hasta este momento del año, muchas más que las 140 en todo el año pasado. No se sabe cuantas de ellas eran infractoras de la ley antidroga.