El viernes pasado, en una nota de prensa la ACLU Hawai anunciaba estar preparándose para cuestionar el plan del Aloha State para examinar a profesores, bibliotecarios y demás empleados del sistema de enseñanza pública aleatoriamente. La política, la primera en los EE.UU. a examinar a profesores al azar para verificar la presencia de drogas en sus organismos, fue aceptada por un comité de negociación de la Asociación de Profesores del Estado de Hawai (HSTA, sigla en inglés) durante el año lectivo 2006-2007.

[inline:volcano-national-park.jpg align=right caption="Parque Nacional de los Volcanes de Hawai, Isla de Hawai"]Algunos funcionarios públicos de Hawai se aprovecharon de los arrestos de seis profesores a causa de drogas en las preliminares para las negociaciones contractuales para exigir que los profesores fueran examinados. Como el comité de negociación de la HSTA estaba bien involucrado en las muy reñidas negociaciones para garantizar sueldos mejores, los educadores enfrentaron una oferta profundamente preocupante: aceptar el examen toxicológico aleatorio en cambio de aumentos salariales. Tras una discusión acalorada dentro del comité de negociación, una ligera mayoría permitió el acuerdo.

Pero eso no les cayó bien a algunos profesores, que denunciaron que el sindicato era dirigido por el estado. La directora de la HSTA, Joan Husted, le dijo al Honolulu Star-Bulletin: “Hay profesores que creen que fueron chantajeados”, dijo, “pero también nos enteramos de profesores que creen que tienen la obligación de asegurar que sus escuelas estén libres de las drogas”.

Ello tampoco le cayó bien a la ACLU Hawai, la cual anunció una serie de eventos públicos para divulgar su reto al acuerdo. La publicidad también tiene miras a informar a los profesores y demás empleados del comité de negociación de Hawai de que la ACLU está buscando demandantes para la demanda.

“La constitución no nos autoriza a poner un precio en nuestro derecho a la privacidad y tenemos ganas de representar a los educadores de Hawai quienes estén dispuestos a defender sus derechos constitucionales”, dijo Lois Perrin, directora legal de la ACLU Hawai. “Nuestro sistema de enseñanza está decepcionando a los estudiantes al recurrir a redadas que no hacen casi nada para proteger a alguien mientras que los derechos de todos son infringidos”.

“Ahora, Hawai tiene la distinción dudosa de ser el primer estado en la historia a someter a sus profesores a una política general de exámenes toxicológicos aleatorios”, dijo Graham Boyd, director del Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la ACLU, una división de la ACLU nacional. Boyd es un experto en las implicaciones constitucionales de las políticas de exámenes toxicológicos aleatorios y ha debatido una serie de casos en todo el país en contra de dichas políticas, inclusive un caso de 2004 en la Corte Suprema de los EE.UU. que cuestionaba la aleatoriedad de los exámenes toxicológicos de estudiantes que tomaban parte en actividades extracurriculares. “Espero unirme a la ACLU Hawai y a los profesores de la región que estén de acuerdo que esta política transmite la lección equivocada de educación cívica a nuestros estudiantes y al país”.

La ACLU Hawai va a tener que luchar. Mark Barnett, el fiscal general del estado, le dijo al Honolulu Star-Bulletin que el programa “no infringe ni la ley estadual ni la federal” y que iba a defenderlo contra cualquier reto. “Vamos a defenderlo vigorosamente”, dijo. “Creemos que el estado y el sindicato de los profesores tienen total derecho de firmar este tipo de contracto”.