El lunes, un contraalmirante colombiano que servía a lo largo de la costa caribeña del país fue exonerado de su cargo por supuestos vínculos con narcotraficantes. El contraalmirante Gabriel Arango es apenas el último en una serie de oficiales militares investigados en lo que se ha vuelto una averiguación ensanchada de conexiones entre los militares y las poderosas organizaciones narcotraficantes del país.

[inline:coca-seedlings.jpg align=right caption="demasiados problemas por esta planta – legalícenla nomás de una vez"]"Hay una investigación muy adelantada sobre un ilícito”, dijo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos en una entrevista con la Radio RCN. “No puedo negar que está relacionada con el narcotráfico y hay otros miembros de la Armada implicados en los hechos”.

Arango protestó su inocencia, señalando su récord en aprehender drogas como comandante naval. “Nunca he tenido vínculos con ningún narcotraficante”, le dijo él a Caracol Radio.

No es sólo la marina. Actualmente, fiscales colombianos están investigando a por lo menos ocho oficiales del ejército por presunta colaboración con el cartel del Valle del Norte, la organización más violenta del narcotráfico del país.

Los militares colombianos han sido los beneficiarios de billones de dólares en ayuda antidroga y antiinsurgencia de los EE.UU. conforme al Plan Colombia. Pero la producción de coca y cocaína ha seguido relativamente firme a pesar de los billones.

Eso sucede porque hay demasiados intereses que se benefician con el narcotráfico y la guerra a las drogas en Colombia, le dijo un ahora ex comandante paramilitar preso a la Reuters esta semana. Salvatore Mancuso, ex líder del Bloque Norte, la organización paramilitar asesina del narcotráfico, que se rindió en un acuerdo ventajoso en 2004, dijo que esos intereses incluyen a políticos y militares que traman con contrabandistas de drogas, contratistas relacionados con un programa antidroga multibillonario de los EE.UU. y empresas que venden los químicos usados para procesar la cocaína.

“Mientras haya un conflicto en Colombia todo eso va a florecer”, predijo Mancuso. “Tenemos que cortar la fuente de oxígeno de las guerrillas y este oxígeno es la cocaína”.

Mancuso, cuya sentencia indulgente está amenazada ahora por una decisión del Tribunal Constitucional de Colombia que exige tratamiento más severo de aquellos que mataron a inocentes en su lucha con las guerrillas izquierdistas, no es un observador desinteresado. Ahora, está ofreciendo su estrategia anticocaína y servicios al gobierno de los EE.UU., indubitablemente esperando hacer que se desestime una incriminación estadounidense por narcotráfico.

Las prescripciones de Mancuso suenan familiares también. “Primero necesitamos un plan coherente de erradicación, segundo se requiere un plan coherente de seguridad y presencia estatal en el área”, dijo. “Luego hay que haber desarrollo social y económico para cada comunidad”.

Mientras tanto, la prohibición de las drogas y la guerra a las drogas de Colombia se prolongan y los que pueden lucrar lo están haciendo.