El Comité de la Cámara sobre el Judiciario escuchó a policías y jurisconsultos que dicen que hay necesidad de más supervisión y patrones más estrictos respecto a la utilización de informantes confidenciales en la imposición de la ley en una audiencia de 19 de julio. La vista fue convocada por el presidente del comité, el diputado John Conyers (D-MI), para examinar las maneras de evitar abusos como aquellos que resultaron en la muerte a tiros de Kathryn Johnston, la residente nonagenaria de Atlanta, el diciembre pasado.

[inline:kathrynjohnston.jpg align=left caption="Kathryn Johnston"]Johnston fue muerta tras abrir fuego contra agentes antidrogas encubiertos de Atlanta que estaban derribando su puerta para cumplir una orden de búsqueda inadvertida de cocaína. Esos policías habían obtenido la orden de un magistrado de Atlanta diciéndole falsamente que un informante confidencial había comprado drogas en la casa de Johnston. Después, en aquel mismo día, esos policías intentaron hacer que ese informante mintiera y les respaldara, pero en cambio él los denunció a las autoridades federales. Dos oficiales involucrados se han confesado culpables de homicidio desde entonces, mientras que un tercero aguarda juicio por acusaciones de detención ilegal.

Aunque fuera el asesinato de Johnston lo que llevó directamente a la audiencia del mes pasado, la preocupación por el uso generalizado de informantes, o soplones, se ha estado acumulando durante años, especialmente en lo que respecta a la imposición de la ley antidroga. La hostilidad hacia la ley que o amenaza a pequeños infractores para que delaten a los demás (“¿Quieres ser violado por varios durante 30 años en la prisión?”) o cultiva a informantes mercenarios que se infiltran en las comunidades y hacen transacciones en drogas para ganar dinero ha estado cociéndose en las comunidades pobres y minoritarias durante años.

El movimiento “Paren de Soplar”, muy difamado por los agentes de la ley por socavar el imperio de la ley, es, por lo menos en parte, una consecuencia directa de la dependencia de la guerra a las drogas en los informantes confidenciales. Especialmente en las comunidades formadas por personas negras, que han sido duramente afectadas por la guerra a las drogas, el enfado con las tácticas de la guerra a las drogas, inclusive la utilización de informantes, es palpable.

Ahora, como los demócratas controlan el Congreso más una vez, ello está listo para hacer caso – y posiblemente tomar providencias. El diputado Conyers dijo en la vista y en las reuniones con funcionarios del Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles (ACLU, sigla en inglés) y de la Drug Policy Alliance que está preparando leyes para intentar refrenar el uso descontrolado de informantes. El recurso a los informantes está “totalmente fuera de control”, dijo Conyers. “Es cada agencia de la ley por sí misma. Esto está corrompiendo todo el proceso de la justicia penal”, advirtió.

“Tenemos un problema serio que va más allá de soltar casos en que los soplones fueron útiles”, prosiguió Conyers. “Todo el sistema de justicia penal está siendo intimidado por la manera por la cual esto está siendo hecho y, en muchos casos, especialmente en el ámbito municipal, mal manejado... Un montón de personas ha muerto a causa de mala información, para empezar Kathryn Johnston en Atlanta. Por equivocarse de casa, la mujer de 92 años perdió su vida. Pero, después las fuerzas de seguridad intentaron intimidar al informante confidencial para que arreglara las cosas. Entonces hay las fuerzas de seguridad involucradas en perpetrar este encubrimiento de lo que es una actividad claramente criminosa. De ahí que lo que nos trae aquí hoy día no es poca cosa y vamos a tomar alguna providencia respecto de eso”.

Habrá más audiencias en el futuro, prometió Conyers. “Ésta es la primera vez que hemos examinado este asunto en más de doce años... Pero esto es sólo la punta del iceberg. Tenemos que realizar las audiencias más minuciosas de la historia estadounidense reciente sobre toda la cuestión del sistema de justicia penal, que va mucho más allá de los informantes. Esto ha sido retomado y articulado por muchos de los testigos, que estamos hablando de la cultura del sistema legal y de cómo hay que cambiarlo. Una audiencia nos hace empezar y tengo mucho orgullo de lo que hemos logrado aquí hoy día”.

En la audiencia, el personal de la ley y los jurisconsultos reconocieron igualmente que el sistema de informantes es supervisado relajadamente y que eso puede resultar en atajos y abusos de la policía. “La utilización de informantes en materia criminal de parte del gobierno es, en gran parte, secreta, irregular y no responsable”, le dijo la profesora Alexandra Natapoff de la Facultad de Derecho de Loyola, una investigadora del asunto, a la comisión.

La enorme dependencia de informantes no deja las comunidades más seguras, sino más peligrosas, dijo Natapoff. “¿Qué significa esto para residentes honestos como la Sra. Johnston?”, preguntó. “Quiere decir que deben vivir cerca de delincuentes que buscan una manera de disculparse de su responsabilidad a través del trabajo. De hecho, volvió el hogar de Kathryn Johnston un blanco para un narcotraficante. También quiere decir que, en esos barrios, la policía tolera los delitos de drogas de poca monta en cambio de información y, así, frecuentemente los adictos y pequeños traficantes pueden seguir libres. También vuelve la imposición de la ley menos rigurosa: es más probable que la policía que mucho depende de los informantes también actúe con base en una pista no confirmada de un narcotraficante sospechoso. En otras palabras, un barrio con muchos informantes en materia criminal es un lugar más peligroso e inseguro para vivir”.

La dicha dependencia también corroe las relaciones entre la policía y la comunidad, dijo Natapoff. “Esta cuestión sobre el uso de informantes confidenciales va directamente al cerne del problema de las relaciones entre la policía y la comunidad”, le dijo ella a la comisión. “Esto es un problema histórico en este país y no se reduce al problema de informar o soplar o parar de soplar, pero yo diría que las políticas de 20 años de parte de los gobiernos estadual, municipal y federal de valerse de informantes confidenciales, de devolver a criminales a la comunidad con alguna forma de impunidad e indulgencia y de hacer la vista gorda a su malo comportamiento han aumentado la desconfianza entre la policía y la comunidad”.

El reverendo Markel Hutchins, pastor de la Iglesia Baptista de Filadelfia en Atlanta y vocero de la familia Johnston, también habló en la audiencia. “Hay un problema con la cultura de la vigilancia policíaca en los Estados Unidos”, dijo Hutchins. “Y en razón de esa cultura, con demasiada frecuencia los policías sienten que pueden hacer lo que quieran al amparo de la ley. Este comité tiene la oportunidad única de ayudar a proteger aun a los propios oficiales que toman parte en este tipo de comportamiento al aislarlos de la capacidad o del potencial que tienen de comprometerse en esta especie de conducta corrupta”.

Debe haber más rendición de cuentas en los tribunales, dijo Hutchins. “Le diré a este comité que si se hubiera exigido del informante confidencial inventado, quien fue mencionado y utilizado criminalmente en el caso de Kathryn Johnson, que compareciera delante de un juez, la Sra. Johnston aún estaría viva hoy día... Para estos policías les fue demasiado fácil presentarse ante un juez y mentir. Ellos han tomado parte en este tipo de práctica durante años y esto ha estado ocurriendo por todo el país... Si la policía hubiera tenido la diligencia debida, habría sabido que una mujer de 92 años vivía allí en la casa solita. No hubo ninguna confirmación. No se hizo ningún trabajo investigativo adecuado. Pero creo que, probablemente, la cosa más conmovedora que le sucedió a la Sra. Johnston es que si ella no hubiera tenido 92 años, sino mi edad, 29-30 años de edad, y fuera negra, podríamos no estar teniendo esta reunión ahorita”, dijo Hutchins.

[inline:conyers-perry-fund.jpg align=right caption="John Conyers, discursando en el evento de recaudación de fondos de la DRCNet para el Fondo Perry en marzo de 2005"]Aun el presidente de la Asociación Nacional de los Agentes de Represión a los Estupefacientes, Ronald Brooks, estuvo de acuerdo que hay necesidad de reformas. “Precisamos adoptar una postura absolutamente rigurosa cuando las fuerzas de seguridad infringen las reglas, como en cualquier otra profesión”, le dijo él al comité. “A primera vista, la conducta cometida en Atlanta, y en Tulia, y en Dallas, y en una cantidad de otros lugares fue una conducta criminosa de parte de los oficiales de la ley y ella debería ser castigada vigorosamente... Hay que inculcar una cultura ética que diga que los fines nunca justifican los medios... Tenemos apenas una oportunidad de tener credibilidad en nuestros tribunales y en nuestras comunidades”, dijo Brooks.

“Fue una audiencia buenísima”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Conyers dijo que quiere presentar leyes abarcadoras que pongan a punto el uso de informantes confidenciales. En el presente momento, nosotros y el Proyecto de Políticas de Drogas de la ACLU estamos trabajando con su oficina para criar un texto específico”, dijo Piper. “Ahora, la cuestión es con qué se va a parecer el proyecto. Si alguien tiene sugerencias, póngase en contacto con nosotros o con la oficina de Conyers”, dijo.

“¡La audiencia fue increíble!”, dijo Ana del Llano, coordinadora de campaña del Proyecto de Reforma de la Ley sobre las Drogas de la ACLU. “Esperamos que, cuando el Congreso regrese del receso en septiembre, podamos presentar un proyecto de ley”.

Los partidarios se están concentrando en una serie de reformas que cercan la utilización de informantes:

• normas para el uso y regularización de la confirmación de informantes;
• vistas de confiabilidad, antes de la orden y de la condenación;
• medidas de desempeño;
• recolección de datos;
• exigir que los agentes federales notifiquen las fuerzas de seguridad estadual y municipal cuando tengan pruebas de que su informante cometió un crimen violento o de que un acusado es inocente;
• poner condiciones sobre la financiación federal que requieran que las policías estadual y municipal sigan los dispositivos de esta legislación.

Ya era hora – tanto para las audiencias como para la aprobación de la legislación para refrenar a los soplones, dijo Nora Callahan, directora de la November Coalition, un grupo de reforma de las políticas de drogas que se concentra en los prisioneros federales de la guerra a las drogas. “El sistema de informantes es un sistema de vigilancia policíaca secreta y escondida”, dijo. “Cuando indagados, la mayor parte de las policías, federal, estadual y municipal, no tiene ninguna política ni procedimiento escrito respecto de su uso de informante. ¿Hasta qué punto las fuerzas de seguridad dependen de un sistema de soplones? Las jefaturas de policía no pueden darnos datos sobre los delatores. Los investigadores han descubierto que cerca de 90% de las órdenes de búsqueda son concedidas por jueces que no ven nada además de la declaración de un informante confidencial de un oficial. Derrumban puertas bajo la palabra de gente que cambia información por favores de la policía”.

El sistema es pernicioso de veras, discutió Callahan. “Algunos psicólogos enseñan las policías a cómo transformar a las personas en cooperadores, también conocidos como informantes o soplones. Es el tiempo, la amenaza de largos años en la prisión, que reduce la gente a entregar a sus madres o sus mejores amigos”, dijo.

Ahora, por fin, puede ser que el Congreso intervenga. Pero la audiencia del mes pasado fue sólo el comienzo.

Vea la audiencia entera en línea y lea la deposición escrita oficial (en inglés) aquí.