A fines del mes pasado, la Conferencia de Alcaldes de los EE.UU., reuniéndose en su convención anual en Los Ángeles, aprobó una resolución histórica que hace que los principales servidores municipales electos de los Estados Unidos se manifiesten instando una reconsideración fundamental de las políticas de drogas del país. Los alcaldes pidieron un abordaje de salud pública al uso y abuso de drogas y “un nuevo balance” para evaluar cómo y si las políticas de drogas reducen los daños asociados con las drogas y el esfuerzo de la sociedad para tratar de ellas.

La Conferencia de Alcaldes de los EE.UU. representa a más de 1.100 alcaldes de ciudades con población superior a 30.000 habitantes. El grupo no afiliado desempeña un rol significativo en la defensa y la instauración de políticas urbanas nacionales. Las resoluciones aprobadas en sus convenciones se vuelven las políticas oficiales.

La resolución acerca de las políticas de drogas, "A New Bottom Line in Reducing the Harms of Substance Abuse" [Un nuevo balance en la reducción de los daños del abuso químico], fue presentada por el antiguo defensor de la reforma de las políticas de drogas, el alcalde Rocky Anderson de Salt Lake City. Fue adoptada tras debate en la convención.

Después de una larga serie de “en tanto ques” en la cual la resolución recita una ahora familiar letanía de los fracasos y excesos de la guerra a las drogas – el enorme número de presos de la guerra las drogas, la falta de dispendios en el tratamiento químico, el fracaso de los programas caros de represión legal en afectar el precio y la oferta de las drogas, los impactos raciales diferenciales, la ineficacia de la secretaría antidroga, el tremendo número de arrestos a la cara de los delitos de sangre en alza –, la resolución va al grano:

“La Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos cree que la guerra contra las drogas ha fracasado y pide un Nuevo Balance en las políticas de drogas estadounidenses, un abordaje de salud pública que se concentre más completamente en reducir las consecuencias negativas asociadas con el abuso químico, en tanto que asegura que nuestras políticas no exacerben estos problemas ni creen nuevos problemas sociales de su parte; que establezca objetivos cuantificables de largo y corto plazo para las políticas de drogas; que ahorre el dinero del contribuyente; y que responsabilice las agencias estaduales y federales”, resolvieron los alcaldes. “Las políticas estadounidenses no deberían ser medidas solamente en los niveles del consumo de drogas o en el número de personas presas, sino, más bien, en la cantidad de daño relacionado con las drogas reducido”.

Los alcaldes identificaron una serie de objetivos específicos para las políticas que ellos apoyaron, incluso:

• Proporcionar más acceso al tratamiento del abuso químico disponible, como programas con metadona y demás terapias de mantenimiento;
• Eliminar la prohibición federal de financiar los programas de acceso a jeringas esterilizadas;
• Establecer políticas locales de prevención a la sobredosis; y
• Dirigir un porcentaje más grande de la financiación de la guerra a las drogas a evaluar la eficacia y la responsabilidad de los programas actuales.

Aunque los alcaldes no pidan explícitamente un fin al régimen de prohibición de las drogas ni un fin a la prisión de los usuarios de drogas, la resolución identificó el gran número de infractores de la legislación antidroga entre rejas y las disparidades raciales creadas por la imposición de la ley sobre las drogas como ejemplos de “daño relacionado con las drogas”.

“Claramente, los alcaldes están señalando la seria necesidad de reforma en las políticas de drogas, una cuestión que figura en importancia entre los asuntos más serios del día”, dijo Daniel Abrahamson, director de asuntos legales de la Drug Policy Alliance.

El régimen de prohibición de las drogas parece estar cada vez más vacío y podrido por dentro. La resolución adoptada el mes pasado por la Conferencia de Alcaldes de los EE.UU. es más un indicio de que lo que ya fue un pensamiento marginal ahora está deviniendo la corriente principal.