Casi justo cuando tomó posesión a fines del año pasado, el presidente mexicano entrante Felipe Calderón intentó ganarse los favores del público mandando a los militares a encargarse de las violentas y poderosas organizaciones del narcotráfico del país, los dichos carteles. Ahora, pasados seis meses de la ofensiva antidroga de Calderón, más de 24.000 soldados y policías están actuando en varios estados y ciudades mexicanos, pero el número de muertes sigue subiendo, las drogas siguen fluyendo y los mexicanos están empezando a preguntar si todo eso vale la pena.

De acuerdo con las estimativas de la prensa mexicana, más de 2.000 personas murieron en la violencia relacionada con la prohibición el año pasado. Con cerca de 1.000 muertos sólo este año, 2007 está yendo por el camino de ser el año más sangriento en la guerra a las drogas de México.

[inline:bushandcalderon.jpg align=right caption="George Bush y Felipe Calderón"]La mayoría de las víctimas es integrante de las pandillas rivales del narcotráfico – el Cartel de Juárez, el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa – o sus pistoleros, como los ex soldados de elite que cambiaron de lado y se transformaron en los Zetas o los ex soldados y pandilleros guatemaltecos conocidos como los Kaibiles, o una nueva y oscura presencia en la escena, la Gente Nueva, un grupo supuestamente formado por ex policías para encargarse de los Zetas.

La violencia entre los carteles, las facciones y los pistoleros aguerridos ha llegado a niveles horrendos, con decapitaciones sangrientas filmadas y lanzadas en páginas web como YouTube, cabezas siendo botadas en los pisos de salas de fiestas y cadáveres torturados abandonados en los bordes de las carreteras como advertencias ejemplares a los demás. En un día el mes pasado, por lo menos 30 personas murieron a causa de la violencia relacionada con la prohibición.

Pero no son sólo los soldados de los carteles que se están muriendo. Difícilmente pasa un día sin que un policía sea asesinado en alguna parte de México. A veces, los ataques son espectaculares, como cuando los pistoleros atacaron el cuartel general de la policía de Acapulco con armas automáticas y lanzagranadas o cuando los asesinatos mataron al nuevo director del centro nacional de información contra la delincuencia en un tiroteo descarado en el suburbio exclusivo de Coyoacán en México DF el mes pasado.

Eso no es todo. Sólo en mayo, cinco soldados mexicanos, inclusive un coronel, murieron en una emboscada en Michoacán, el estado natal de Calderón; el cadáver de un capitán del Ejército fue encontrado cerca de la carretera de México DF a Acapulco y un almirante escapó por poco de ser asesinado en Ixtapa. A principios de este año, Calderón admitió que hasta él había recibido amenazas de muerte de los carteles.

Pero esperen, hay más. También en mayo, docenas de pistoleros a mando de los carteles invadieron el municipio de Cananea, en Sonora, no lejos de la frontera con Arizona, secuestraron a siete policías y cuatro civiles, provocando una batalla que dejó un saldo de 20 muertos. El director de la unidad contra el secuestro y el crimen organizado de la policía estadual de Coahuila fue raptado, un cadáver encontrado en Monterrey llevaba una nota que amenazaba la vida del nuevo fiscal general del estado de Nuevo León y cuatro guardaespaldas del gobernador del estado de México fueron muertos. Una nota dejada con una cabeza cortada parecía vincular sus muertes con los carteles enojados.

Pero esperen, hay más aún. El martes pasado, en la ciudad norteña de Monterrey, un congresista de Nuevo León, Mario Ríos, 44, fue asesinado mientras manejaba por una calle del centro por matones que abrieron fuego contra él de por lo menos dos autos, de acuerdo con el Seattle Times el miércoles.

Aunque el gobierno mexicano afirme que la ofensiva está funcionando, señalando los casi mil arrestos y las numerosas confiscaciones de cargamentos de drogas, las críticas están creciendo. Proceso, el semanario izquierdista popular llamó recientemente la campaña “el Irak de Calderón”. No está sólo, en cualquiera de los lados de la frontera.

“No creo que esté funcionando de ninguna manera”, dijo Alex Sánchez, un analista del Consejo sobre Asuntos Hemisféricos de Washington, DC. “El problema es la manera por la cual los carteles están estructurados. Quitar a un tipo, aun un cabeza, sólo deja un vacuo que los demás luchan para llenar. Hay un ciclo perpetuo de violencia a menos que puedan derrocar a cada uno de los miembros de un cartel, de los capos a los entregadores de drogas más bajos”, dijo él.

“Calderón dice que México está venciendo, pero sus políticas sólo están perpetuando todo esto”, dijo Sánchez. “No ha afectado el flujo de drogas desde México, entonces nada ha cambiado en ese sentido. Lo que ha cambiado es que la violencia ha alcanzado un nuevo nivel; esencialmente, hay una guerra civil sucediendo entre los carteles y el gobierno”.

“El problema de este tipo de estrategia es que cuando se detiene a estos capos, como Osiel Cárdenas del Cartel del Golfo, hay un vacuo de poder dentro del cartel y nueva violencia ya que los miembros del cartel luchan para reemplazarlo en la cima”, dijo Maureen Meyer, socia de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos para México y Centroamérica. “Se necesita una estrategia distinta”, discutió Meyer. “Ellos necesitan poner mucho más énfasis en la reforma de la policía y hay necesidad de mucho más transparencia y supervisión”, dijo ella.

“Había una necesidad de tener una respuesta muy fuerte, dado el nivel de violencia que se ha estado acumulando”, dijo Meyer. “Pero, por lo menos, parece que, a corto plazo, no ha producido los resultados que la gente quería. ¿Cuál es el Plan B?”

“Es un gran circo”, dijo Mercedes Murillo, directora de la organización independiente de defensa de los derechos humanos del estado de Sinaloa, el Frente Cívico Sinaloense. “Los EE.UU. vienen y dicen ‘¡Bravo! ¡Mira qué está haciendo!’, pero él no está logrando nada”, dijo. “Ellos empezaron a hacer esto sin cualesquiera investigaciones y eso es un gran, gran problema. No saben dónde están los traficantes, no han atrapado a nadie importante, pero ahora tienen soldados y tanques en el centro, tienen puestos de control con cien soldados al mismo tiempo en que los padres llevan a sus hijos al colegio. Los soldados derrumban puertas y buscan las casas sin órdenes, rompen y se roban las cosas y a veces violan a las mujeres”.

Y a veces matan a inocentes. Eso fue lo que pasó el 02 de junio en un puesto de control militar en Sinaloa cuando los efectivos abrieron fuego contra un vehículo que ellos dijeron que no paró e hizo disparos contra ellos. Pero no eran los narcotraficantes, nadie disparó contra ellos y cinco personas fueron muertas, inclusive la maestra de enseñanza primaria Griselda Galaviz Barraza, 25, y sus tres hijos jóvenes. Los militares mexicanos han arrestado a los tres oficiales y 16 soldados en el caso, pero poco ha sido hecho para mitigar las preocupaciones con las violaciones de los derechos humanos de parte de los militares.

“Y ahora están matando a la gente”, dijo Murillo. “En vez de sacar a los militares, ellos deberían estar investigando de dónde viene el dinero. No tenemos ninguna gran industria acá, pero debías ver todos los autos de lujo, las casas lujosas, las lanchas, la joyería. ¿Por qué no logran descubrir de dónde está viniendo el dinero?”

El popular columnista Sergio Sarmiento, escribiendo en Reforma, dijo que el incidente en Sinaloa mostraba que había inocentes siendo muertos en la guerra a las drogas. “La idea de que la violencia que estamos viviendo en México afecta solamente a los narcotraficantes y a sus allegados es una simple mentira inventada para dar tranquilidad a la población”, escribió Sarmiento. “Estamos en una guerra [...]. Es una contienda, por lo demás, en la que se enfrentan dos ejércitos que actúan sin ningún tipo de contemplación o miramiento por la población civil”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha criticado el gobierno por usar a los militares en la represión legal doméstica. La organización no gubernamental nacional de los derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” también está sonando la alarma respecto de las búsquedas y detenciones militares diseminadas en Michoacán. Los analistas estadounidenses también están preocupados con el uso de los militares.

“La presencia fortísima de los militares en estos operativos nos inquietan”, dijo Meyer. “Aunque sea comprensible, esperamos que reformar la policía efectúe una transferencia de los militares a la policía en estos operativos. En el presente momento presenciamos algunos de los resultados infelices de fiarse en los militares para imponer la ley. Lo que pasó en Sinaloa es un ejemplo clarísimo del riesgo de usar a militares entrenados para el combate en vez de una fuerza policíaca entrenada para usar lo mínimo de fuerza posible”.

“Soldados son soldados, no deben estar acostumbrados como fuerza policíaca doméstica, están entrenados para dar combate a un enemigo”, dijo Sánchez. “Están asustando a toda la población, pero sólo están siendo ellos mismos. La policía mexicana no es capaz de luchar contra los carteles, pero si se trae a los militares, eso significará violaciones de los derechos humanos”.

“México es el país de Latinoamérica que corre más peligro”, advirtió el director ejecutivo de COHA (sigla en inglés), Larry Birns. “Hay la convergencia de corrupción endémica y sistemática – la corrupción de las fuerzas de seguridad se está acercando de los padrones iraquíes – combinada con un sistema político frágil con un presidente impopular y el casi desenmarañamiento de la sociedad civil. Para el mexicano medio en un día cualquier, el orden público no existe”, le dijo él a la Crónica.

México le echa la culpa del problema con los carteles a la demanda de drogas en los EE.UU. “He dicho y lo sostengo que éste es un problema común entre Estados Unidos y México”, dijo Calderón la semana pasada. “La causa principal del tráfico de drogas es el consumo y (la Unión Americana) es el primer consumidor del mundo y es nuestro vecino”.

La violencia relacionada con la prohibición en México también puede impactar a la política interna estadounidense. “Esto se está volviendo un problema real de seguridad para los EE.UU. mientras nos acercamos de las fases finales del TLCAN”, discutió Birns de COHA. “Las inspecciones de camiones serán más mínimas y la situación comprometerá las políticas de drogas a lo largo de la frontera. También dará armas retóricas a los escépticos de cualquier tipo de abrir las fronteras o de la amnistía para los trabajadores sin papeles. Las fronteras abiertas significarían la infiltración casi irrestricta de drogas y traficantes en los Estados Unidos”.

Ya que ningún gobierno está dispuesto a tratar de la causa principal del problema – la prohibición de las drogas -, la guerra a las drogas de este año en México se va a parecer muchísimo con la del año pasado y la del año que viene. Los niveles de violencia, horripilancia y brutalidad parecen ser la única diferencia.