Con unos 14.000 pacientes inscritos junto al estado según la Ley de Marihuana Medicinal de Oregón [Oregon Medical Marijuana Act (OMMA)], el programa de Oregón es uno de los más exitosos en el país. Pero, gracias a una comunidad activista bien organizada, pero quisquillosa, y también a los enemigos legislativos de la marihuana medicinal, la propia OMMA (el Programa de Marihuana Medicinal de Oregón) y los pacientes son el asunto de un frenesí de actividad en la legislatura este año.

Aunque parte de la legislación haya sido inspirada por la comunidad de la marihuana medicinal, gran parte le es hostil. La NORML Oregón, una de las principales organizaciones activistas en la cuestión, identifica a 19 proyectos de ley distintos que afectan a los pacientes de marihuana medicinal, con sólo cinco que tienen la aprobación del grupo.

Entre los proyectos hay 12 medidas que piden exámenes toxicológicos de todos, de policías y servidores electos a beneficiarios de la asistencia social, incluso una que ya ha sido aprobada por el Senado, el SB 0465, que protegería a los empleados de acciones judiciales de los pacientes despedidos por sacar positivo en exámenes toxicológicos. Hay dos proyectos que enmendarían la OMMA, uno en la Cámara, el HB 3299, y el otro en el Senado, el SB 0161, y también hay proyectos que les darían a los fiscales la opción de acusar el cultivo como contravención en vez de crimen e instaurar un sistema de dispensarios dirigido por el estado.

Las batallas principales han sido trabadas por el proyecto sobre los exámenes toxicológicos con empleados y los proyectos que enmendarían la OMMA. Aunque la sesión probablemente no se termine hasta junio, hasta el momento, ella ha sido desagradable para los defensores de la marihuana medicinal. Aunque tengan a un puñado de defensores influyentes en la legislatura, incluso el senador Floyd Prozanski (D-Eugene) y el senador Frank Morse (R-Albany), esos aliados han sido aislados en votaciones anteriores – el proyecto acerca del examen toxicológico fue aprobado por el Senado por 25-5 – o se han molestado con algunas medidas presentadas por los activistas.

El proyecto sobre los exámenes toxicológicos atrajo la oposición de la ACLU de Oregón y también de los defensores de la marihuana medicinal. “Nosotros creemos que ese proyecto socavaría la Ley de Marihuana Medicinal de Oregón, que fue aprobada por los votantes, permitiendo que los ciudadanos de Oregón que padezcan de enfermedades graves puedan consumir marihuana para aliviar su sufrimiento”, dijo Andrea Mayer, la directora legislativa del grupo, que atestó contra la medida. “Hay muchos pacientes cuyas dolencias pueden ser aliviadas para que se vuelvan empleados productivos, así como con los miles de ciudadanos de Oregón que usaron sustancias prescriptas”.

“Los empleados se fían en el análisis del orín para examinar el perjuicio de los sentidos, pero ese tipo de examen no lo indica”, dijo Meyer. “No hay relación entre la presencia de metabolitos de THC y el perjuicio de los sentidos. Como todos sabemos, el THC puede seguir en el cuerpo por hasta 30 días. Este proyecto de ley presume que el usuario de marihuana medicinal esté comprometido en el trabajo, pero ése no es el caso y no trata de la cuestión subyacente de la seguridad, que es de lo que se trata esto. Si están preocupados de verdad con la seguridad, examinarían el perjuicio de los sentidos en todos los empleados. Lo importante es que puedan desempeñar sus funciones. El hecho de que alguien consumió marihuana medicinal la noche anterior antes de venir a trabajar no significa que está perjudicado”.

Pero, aunque el proyecto sobre los exámenes toxicológicos haya sido aprobado con facilidad por el Senado, que rechazó una medida ofrecida por Prozanski que habría protegido explícitamente a los pacientes, puede devenir letra muerta en la Cámara. “Ha sido asignada al Comité de Ética de la Cámara, donde se dice que es letra muerta”, dijo Leland Berger de la Voter Power, que está involucrado íntimamente con la legislación acerca de la marihuana medicinal en Oregón. “Puede levantarse otra vez, pero por el momento es letra muerta”, dijo.

Lo mismo pasa con el SB 0676, que habría creado un sistema estadual de jardines y dispensarios como programa piloto para examinar las distintas variedades. Defendido por la NORML Oregón, el proyecto habría lidiado con los problemas crónicos de oferta que algunos pacientes enfrentan, pero sus chances se marchitaron a la cara de los temores que le podían provocar a la DEA.

“Las cosas van muy mal en la legislatura este año”, dijo Madeline Martínez, directora de la NORML Oregón. “Prozanski se molestó con el proyecto sobre los dispensarios. Él siempre ha sido un amigo del cáñamo y de la marihuana medicinal, pero temía que éste nos atrajera a los federales”, dijo Martínez. “El senador Morse dice que no cree que pueda hacerlo salir del comité porque el procurador general advirtió que, si eso pasara, todos empezarían a ser arrestados”, explicó.

“Necesitamos hacer algo y a mí no me gusta nada el modelo californiano de los dispensarios”, dijo Martínez. “Muchos pacientes míos están recibiendo beneficios de la asistencia social, entonces no quiero verlos pagando $15 el gramo. Caramba, se puede escoger entre su marihuana medicinal, sus drogas farmacéuticas y comer la comida del gato. Estoy muy molesta con el modelo californiano”.

Martínez, una jubilada de la ley de 56 años de edad, administra un jardín para pacientes, a quienes ella provee cantidades limitadas de marihuana medicinal gratuitamente. “Tengo la bendición de tener un jardín maravilloso. Podemos llenar nuestros baldes de donaciones y ahora otros cultivadores están donando 150 ó 180 gramos de una sola vez. Es asombroso cómo verlo suceder tiene el poder de crear un ciclo de donaciones y más donaciones”, dijo.

Pero, aunque Martínez y sus pacientes puedan adquirir su medicamento, ése no es el caso para muchos pacientes, que o no tienen salud o la habilidad o el talento para cultivar y ése es el fracaso más grande de la OMMA, dijo ella. “Es el peor aspecto: ningún acceso”, dijo. “Se paga por un derecho y entonces no se lo puede usar, especialmente si no se puede cultivar sólo. La OMMA no trata de eso”.

Ahora, la gran batalla restante es por los proyectos que modificarían la OMMA. El HB 3299, apoyado por la Voter Power, contiene diversos dispositivos que protegen a los pacientes o los proveedores, incluso la reciprocidad con otros estados, permitiendo que las personas bajo supervisión judicial consuman marihuana medicinal e imponiendo penas contra la policía por infracción voluntaria de la ley. Pero también contiene una disposición que sometería a los miembros del programa que transportaron marihuana medicinal sin carné de registro a 30 días de cárcel.

Martínez y la NORML Oregón no son a favor del HB 3229 en su forma actual. “Hay muchas cosas buenas en el HB 3299”, dijo Martínez, “pero ¿30 días en la cárcel para los pacientes atrapados mientras la transportaban sin su carné? Algunos de los pacientes de que cuido no durarían ni siquiera un día en la cárcel. Hay que exponer eso”.

Eso puede suceder, dijo Berger. Aunque el HB 3299 parezca durmiente – ha sido encaminado al cementerio conocido como el Comité de Reglas y Ética Electoral de la Cámara – algunos de sus dispositivos pueden terminar siendo incorporados al SB 161. “El SB 161, que incluye algunas cosas que hemos estado persiguiendo durante años, fue aprobado por el Senado unánimemente el jueves pasado”, dijo. “Quizá podamos sacar cosas del 3299 y ponerlas en el 161. El senador Morse dijo que iba a ver lo que podía hacer”.

Pero, aun con toda la tormenta e ímpetu en la asamblea, la sesión puede terminar con poca cosa pasando de veras en el frente de la marihuana medicinal. Eso puede cambiar si la comunidad estuviera mejor organizada, dijo Berger. “Hay más cooperación y más sentimiento positivo entre los activistas que a veces en el pasado”, dijo. “Pero, al mismo tiempo, hay un tipo de cabildeo de la turba, con distintos grupos haciendo presión por distintos proyectos. Lo que necesitamos hacer de verdad es tener una conversación un año antes de la próxima sesión, recaudar algunos fondos y contratar a un cabildero. Es difícil aprobar leyes en Oregón. Hay que tener un consenso entre todos los grupos afectados. La ley, el propio programa y los defensores tienen que estar todos de acuerdo o no se va a mover. Eso significa que los defensores tienen que estar acordes también”.