El gobierno Bush lanzó su presupuesto para el año fiscal 2008 el lunes y cuando se trata de las políticas de drogas, es la misma historia de siempre. De acuerdo con un hoja informativa del Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas, el presupuesto federal total para el control de las drogas requerido para el próximo año es de $12.91 billones, $200 millones más que los $12.7 billones solicitados este año.

[inline:strategy-cover.jpg align=left caption="la mismísima historia de siempre"]El presupuesto incluye $1.6 billón para los programas de prevención o, como dice la Estrategia Nacional Antidroga, “detener el consumo de drogas antes que empiece”, $3.1 billones para el tratamiento químico (“curar a los usuarios de drogas de los Estados Unidos”) y $8 billones para la represión legal (“desbaratar el mercado de drogas ilegales”). Esta proporción de casi dos para uno entre el gasto en la represión legal y el gasto en el tratamiento y la prevención es consistente con los presupuestos federales anteriores para el control de las drogas.

El ONDCP resaltó los aumentos en los programas polémicos y no comprobados, como un aumento en la financiación de los exámenes toxicológicos aleatorios con los estudiantes para casi $18 millones, cantidad superior a los $7,5 millones en 2007. Otro programa polémico que presencia un aumento presupuestario es la Campaña Mediática Nacional Antidroga para la Juventud, de $100 millones en 2007 para $130 millones el próximo año.

El programa Investigación, Intervención Breve, Encaminamiento y Tratamiento (SBIRT) también presencia aumentos considerables, visando promover los diagnósticos prematuros de consumo de drogas e intervención de los trabajadores de la salud, de $11,5 millones para $41,2 millones en 2008, y el programa de los Tribunales de Drogas más que triplicó su presupuesto de $10,1 millones este año para $31,8 millones el año que viene.

La financiación para el Plan Colombia, o como es conocido oficialmente ahora, la Iniciativa Antidroga Andina, caerá de $721 millones en 2007 para $635,5 millones en 2008. La financiación para los esfuerzos antidrogas en Afganistán, por el otro lado, sufrirán un aumento de $297 millones este año para $327,6 millones el próximo año.

La Administración de Represión a las Drogas (DEA) presenciará un aumento presupuestario de $1.684 billón para $1.803 billón. Igualmente, el Destacamento contra el Crimen Organizado y las Drogas del Ministerio de la Justicia recibirá $509 millones, más que los $485 millones de este año.

Algunos de los tópicos acerca de los cuales el ONDCP no se estaba jactando incluyen cortes en la financiación del Centro de Prevención al Abuso Químico (caída de 20%), el Centro de Tratamiento del Abuso Químico (caída de 20%) y las subvenciones estaduales bajo la Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de las Drogas [Safe and Drug Free Schools and Communities Act], que sufrieron cortes enormes de $364,5 millones este año para propuestos $100 millones el próximo año. El presupuesto también anula completamente las subvenciones estaduales para los programas de Reducción del Consumo de Alcohol. Esas subvenciones totalizaron $32 millones este año.

Quien también se enfrenta cortes en su presupuesto es el programa Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA), con el gobierno Bush buscando cortar su presupuesto actual de $224,7 millones para $220 millones. Y aunque no esté claro si el gobierno Bush seguirá sus esfuerzos para eliminar el programa Byrne de Subvenciones Asistenciales a la Justicia, una coalición de grupos de presión del aparato judiciario-legal ya está instando el Congreso a financiarlo en $1.1 billón, más que el doble de los $450 millones que recibirá este año. Las subvenciones Byrne sufragan los famosos destacamentos antidrogas compuestos por varias agencias que tratan a las personas sin miramientos por todo el país, pero también pueden ser usadas para subvenciones de prevención y tratamiento.

“Éste es el mismo abordaje que han estado usando durante años”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Ellos siguen defraudando el tratamiento y la prevención y gastan la mayor parte del dinero en la represión y la interdicción. Siguen valiéndose de cuentas descuidadas; por ejemplo, el ONDCP sitúa el presupuesto antidroga total en los $12 billones, pero no incluyen las costas de prender a 100.000 infractores federales de la legislación antidroga”.

“Este dato de $12 billones es una farsa, así como el presupuesto federal para el control de las drogas lo ha sido durante los últimos años”, dijo Doug McVay, director de pesquisa de Common Sense for Drug Policy. “Incluye los $3 billones que estamos pagando todos los años para encarcelar a los infractores de la legislación antidrogas, y están escondidos, el presupuesto clandestino de la inteligencia y los fondos militares que van a la guerra a las drogas. Yo estimaría que los federales están gastando de veras como $22 billones en el control de las drogas en todas las agencias”.

“Veo que quieren más dinero para los exámenes toxicológicos con estudiantes y la campaña mediática antidroga, lo que es una sorpresa dadas todas las pruebas del fracaso de estos programas”, dijo Piper. “Dado que están hablando de equilibrar el presupuesto hasta el 2012, parece que no expandirían programas fracasados, pero lo están haciendo”.

Los esfuerzos para restaurar las subvenciones Byrne preocuparon a Piper. “Estoy preocupado que los demócratas restauren la financiación de ese programa que financia los destacamentos antidrogas”, dijo. “Pero, algunos estados están usando los fondos para programas de reinserción, tratamiento, tribunales de drogas, cosas así. La subvención de $500.000 que recibimos en Nuevo México fue una subvención Byrne”, se rió Piper. Esa subvención financia un programa de prevención y concienciación sobre la metanfetamina.

“Yo creo que las subvenciones Byrne deberían ser eliminadas”, dijo McVay, “y el dinero debería ser usado para poner la policía en las calles para detener el crimen contra el patrimonio y los delitos de sangre. En cuanto a los reformadores de las políticas de drogas, tenemos que ser cuidadosos. No queremos ponernos en la posición de decirle al público que no queremos policía suficiente en las calles para impedirlo de ser robado”.

Con el tiempo sabremos del programa Byrne de subvenciones, así como de todo el presupuesto Bush para el 2008. A esta altura, el presupuesto es un documento fantasioso, una desiderata que seguramente será hecha pedazos en el Congreso. Pero, también traza el contorno de la posición del gobierno Bush sobre la dirección que las políticas de drogas del país deben tomar y cuánto pagaremos por ello, y las respuestas son las mismas de siempre con más algunos billones.