Unas 15 a 20 millones de personas han sido arrestadas por acusaciones de delitos de drogas y sometidas a la merced del sistema de justicia penal en las dos últimas décadas. Pero, gracias a los guerreros antidrogas del Congreso, los castigos que los infractores de la legislación antidroga frecuentemente se enfrentan se extienden mucho más allá de los muros de la prisión o del gabinete del oficial de la condicional. Una serie de leyes federales que buscan ostensiblemente reducir el consumo de drogas impide que las personas con condenaciones por delitos de drogas de logren acceso a los beneficios y servicios federales. Estas leyes causan un impacto desproporcionado sobre los miembros más débiles de la sociedad – los pobres, la gente de color, las mujeres y los niños – y, en algunos casos, ni siquiera se requiere que una persona sea condenada realmente por un delito de drogas para ser castigada.

[inline:publichousing.jpg align=left caption="no es necesaria una condenación para ser desalojado de las viviendas públicas por drogas – aun por las ajenas"]Una serie creciente de grupos e individuos que va del Colegio de Abogados de EE.UU., organizaciones de los derechos a la asistencia social, grupos de la salud pública y que tratan de la adicción, organizaciones de reforma de las políticas de drogas a oficiales electos han pedido cambios en estas leyes o su total revocación, diciendo que son crueles, inhumanas, contraproducentes y que equivalen a “doble enjuiciamiento” para los infractores de la legislación antidroga que intentan volverse miembros productivos de la sociedad.

“Sentimos que estas leyes son discriminatorias y tienden a concentrarse en una enfermedad a diferencia de un crimen”, dijo Alexa Eggleston del Legal Action Center, uno de los principales grupos en el movimiento para ajustar aquellas leyes. “También creemos que si tienes una condenación, deberías poder cumplir tu sentencia, salir y reanudar tu vida. Decimos que queremos que la gente se abstenga, reciba tratamiento, conquiste un trabajo, logre vivienda, pero entonces armamos todas estas barreras y vallas que parecen hechas para impedirla de seguir adelante. Estas prohibiciones para toda la vida destruyen mucho el poder de las personas de reintegrarse a la sociedad y de seguir adelante con sus vidas como ciudadanas productivas”.

“Estas leyes discriminatorias representan barreras increíbles en términos de personas que están dando proseguimiento a sus vidas, por eso son parte de nuestra plataforma por el cambio”, dijo Pay Taylor, directora de Faces and Voices of Recovery, una alianza nacional de individuos y organizaciones comprometidos a asegurar los derechos de las personas con adicciones. “Si no se puede lograr vivienda, conseguir un empleo, es muy difícil arreglar la vida”.

“Uno de los problemas que enfrentamos constantemente es el de ayudar a las personas que han sido condenadas por un delito de drogas”, dijo Linda Walker de All of Us or None, una iniciativa de California que organiza a presos, ex presos y criminales a combatir la discriminación que ellos experimentan a causa de sus condenaciones por delitos de drogas. “¿Por qué hacen preguntas sobre eso en las postulaciones a préstamos estudiantiles? ¿Por qué se enfrentan prohibiciones contra la vivienda pública para toda la vida? Son personas que cumplieron sus sentencias, pagaron su restitución, han seguido adelante y madurado, y ahora, a causa de algo que hicieron cuando tenían veinte años no pueden acceder a la vivienda para ciudadanos mayores”.

Walker sabe un poquito sobre la situación del ex condenado. Ella fue condenada no por un delito de drogas, sino por un crimen cometido en el esfuerzo para lograr el dinero para comprar drogas. Aunque el estatus de Walker como infractora que no tienen nada que ver con los delitos de drogas signifique que ella no está impedida de recibir cupones alimenticios ni de acceder a la vivienda pública, ella aun usa la letra escarlata del ex condenado. “Actualmente, trabajo en un gabinete municipal y toda vez que postulo a un cargo superior, esto se vuelve un problema”, explicó. “He estado fuera del sistema de justicia penal por 14 años, pero aún me dicen que en razón de mis antecedentes criminales no puedo ser considerada para éste o aquel empleo”.

Estas leyes de “doble enjuiciamiento” han sido formuladas en los últimos 20 años como parte del avance de la guerra contra las drogas e incluyen:

La Ley Antiabuso Químico de 1988 [The Anti-Drug Abuse Act of 1988], según la cual las agencias municipales de vivienda y otras que supervisen la vivienda provista por la Unión tienen la discreción de negar abrigo cuando cualquier miembro del lugar consuma alcohol de manera que interfiera en la “salud, seguridad o el derecho al gozo pacífico” de las dependencias de los otros inquilinos, use drogas ilegalmente o sea condenado por actividad criminosa relacionada con las drogas. La gente que sea desalojada o que reciba un no de acuerdo con la ley es cortada del beneficio federal de vivienda por tres años.

De acuerdo con un informe de GAO sobre el funcionamiento de las leyes hechas para negar beneficios a los infractores por delitos de drogas, unos 500 individuos o familias fueron desalojados según la ley en 13 grandes agencias de vivienda pública que la GAO pesquisó en 2003 y cerca de 1.500 fueron rechazadas por 15 agencias en el mismo año. La agencia informó que las agencias de vivienda pública en todo el país desalojaron a cerca de 9.000 personas y negaron admisión a otras 49.000 en función de condenaciones criminales en 2003, con las condenaciones por delitos de drogas consistiendo en un subconjunto desconocido, pero considerable, de aquéllas. Aunque datos concretos sean difíciles de conseguir, parece claro que decenas de miles de personas son afectadas adversamente por las leyes que impiden a los infractores por delitos de drogas de recibir beneficios como la vivienda pública o la asistencia de la Sección 8.

Los cambios subsiguientes en las leyes federales y las reglas conjuntas han consagrado la discreción de las autoridades de los programas de vivienda y fueron más solidificados en una decisión de 2002 de la Corte Suprema. En ese caso, la corte alta sostuvo el derecho de las autoridades del programa de vivienda pública de Oakland a usar su discreción para desalojar a la antigua inquilina Pearlie Rucker de 64 años, su hija adolescente con problemas mentales, sus dos nietos y un bisnieto después que la hija fue atrapada con cocaína a tres cuadras del edificio.

Sólo una clase de infractor por delito de drogas es específicamente prohibida de obtener vivienda pública – las personas que han sido condenadas por preparar metanfetamina. Ellos, junto con el otro grupo demonizado favorito de la sociedad, los infractores sexuales registrados, son los únicos grupos de infractores destacados para las prohibiciones.

La Negación del Programa de Beneficios Federales de 1990 [The 1990 Denial of Federal Benefits Program], que les permite a los jueces estaduales y federales negarles a los infractores de la legislación antidroga beneficios federales como subvenciones, contractos y licencias. De acuerdo con el GAO, unas 600 personas al año son afectadas por este programa en los tribunales federales.

La Sección 115 de la Ley de Responsabilidad Personal y de Reconciliación con la Oportunidad de Trabajo de 1996 [Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act of 1996], según la cual las personas condenadas por una infracción criminosa estadual o federal por vender o consumir drogas son sometidas a una prohibición de recibir asistencia en dinero y cupones alimenticios para toda la vida. Las condenaciones por los demás crímenes, incluso el asesinato, no resultan en pérdidas de beneficios. La Sección 115 afecta a una estimativa de 92.000 mujeres y de 135.000 niños.

La ley de reforma de la asistencia social contiene una disposición que les permite a los estado escoger no hacerlo, pese a que aun si ellos no actúan, las prohibiciones para toda la vida siguen en vigor. En 14 estados en que los legisladores no han actuado, los criminales por drogas aún se enfrentan la prohibición federal, aunque sus sentencias puedan haberse terminado hace mucho y sus infracciones tengan décadas de edad. Pero, en 36 estados, los legisladores han tomado medidas para limitar la prohibición de alguna manera, permitiéndoles a los infractores de la legislación antidroga recibir la asistencia pública si cumplen ciertas condiciones, como participar de programas de desintoxicación química o alcohólica, cumplir un período de espera, si sus condenaciones fue sólo por tenencia, u otras condiciones.

La Ley Pública 104-121, que impide el acceso a la Renta Suplementar de la Seguridad Social (SSI) y la Renta de Seguridad Social por Invalidez (SSDI) para las personas cuyas incapacitaciones principales fueron por alcoholismo o dependencia química. Esta ley de 1996 reemplazó un programa de “Abuso Químico y Alcoholismo” de la SSI de 1972 que les permitía a las personas en tratamiento químico, que era obligatorio, designar a un beneficiario para administrar los beneficios a fin de asegurar que no fueran usados para comprar drogas o alcohol. La Administración de la Seguridad Social estima que más de 123.000 personas perdieron los beneficios cuando esta ley entró en vigor, en tanto que otras 86.000 lograron retenerlos en virtud de la edad o por ser reclasificadas en una categoría distinta de incapacitación principal.

El dispositivo antidroga de la Ley de Enseñanza Superior (HEA) de 1998 [The 1998 Higher Education Act's drug provisión] (también conocida como la “Pena de Eliminación del Auxilio”), que declara que las personas con condenaciones por delitos de drogas no pueden recibir auxilio financiero federal durante un período de tiempo determinado por el tipo y número de las condenaciones. Esta ley no se aplica a los otros con condenaciones, incluso las infracciones por conducción ebria, delitos de sangre y otras infracciones criminales. El año pasado, la disposición fue reformada para limitar su aplicabilidad a las infracciones cometidas en tanto que un estudiante está matriculado en la facultad y está recibiendo auxilio financiero. Desde que la ley entró en vigor en 2000, se ha negado el auxilio financiero estudiantil a unas 200.000 personas.

El Crédito de Becas, que estipula deducciones en el impuesto de renta para las personas que pagan cuotas de matrícula y tarifas. El crédito les permite a los contribuyentes tomar un crédito máximo de $1.000 para la cuota de matrícula y créditos adicionales para gastos relacionados. Específicamente, excluye el crédito para los estudiantes que fueron condenados por un delito de drogas durante el año fiscal en cuestión o que tuvieron sus cuentas pagadas por sus padres.

Aunque el GAO observe que “se negaron beneficios postsecundaria, vivienda pública o licencias y contractos selectos a miles de personas como consecuencia de las leyes federales que estipulan la negación de beneficios a los infractores por delitos de drogas”, eso es disminuir el dato real, que, de acuerdo con sus propios números, está en la casa de los cientos de miles. Además, el informe de GAO no calcula el número de personas que simplemente no postularon a los beneficios de vivienda, asistencia social o a los préstamos estudiantiles porque sabían o creían que eran inelegibles.

“El enfoque de todos estos dispositivos es el de castigar a las personas que han cometido un error a diferencia de ayudarlas a encontrar tratamiento”, dijo Donovan Kuehn, vocero de la NAADAC, la Association of Addiction Professionals, el agrupamiento más grande de consejeros, educadores y profesionales de la salud que tratan de las cuestiones de la adicción del país. “Como profesionales del tratamiento de la adicción, tenemos muchas esperanzas que, con un cambio en el liderazgo en el Congreso, podamos empezar a ayudar a las personas a encontrar soluciones personales para sus problemas a diferencia de penalizarlas”.

A Kraig Selken, un estudiante del último año del curso de historia en la Universidad Estadual Norteña en Aberdeen, Dakota del Sur, le gustaría ver que eso pasara. Él conoce en primera mano el escozor de la disposición antidroga de la HEA. Tras ser arrestado con una pequeña cantidad de marihuana, Selken pagó su multa y pasó por el tratamiento químico ordenado por el tribunal. Él pensaba que había pagado su deuda con la sociedad. No fue sino hasta que Selken empezó a estudiar la disposición antidroga de la HEA después de su condenación que se percató que su castigo no se había acabado. En razón de su condenación por delito menor relacionado marihuana, él devino inelegible para la asistencia financiera estudiantil por dos años.

“Irónicamente, hoy día era el día de pagamiento en la facultad. Tuve que dar mi propio cheque en vez de pagarlo con los préstamos estudiantiles”, le dijo Selken a la Crónica la semana pasada. “La falta de acceso a los préstamos estudiantiles me afectó mucho”, dijo. “El semestre pasado, la única razón por la cual pude sufragar la facultad sin los préstamos fue porque mi bisabuela se murió y me dejó un poquito de dinero. De lo contrario, yo no habría podido hacer el curso”.

Selken dijo que planea ingresar a la facultad de derecho, pero aunque sea elegible para el auxilio financiero de nuevo, aún tendrá que pagar. “Aún tendré que contestar ‘sí’ en el formulario del auxilio financiero federal y tendré que pasar por toda la desventura de proveer la documentación para mostrar que soy elegible nuevamente”.

La disposición antidroga de la HEA, de autoría del importante guerrero antidroga del Congreso, el Dip. Mark Souder (R-IN), puede ser la primera barrera a la reintegración de los infractores por delitos de drogas a caer. La disposición entró en vigor en 2000, pero en vista de la oposición creciente liderada por la Coalition for Higher Education Act Reform (CHEAR), Souder se batió en retirada y la ley fue enmendada el año pasado para contar solamente las infracciones cometidas mientras el estudiante estaba en la facultad y recibía el auxilio financiero. Pero, esa acción no silenció los pedidos de revocación total, y con la mayoría demócrata en el Congreso, los defensores esperan finalmente hacer lo que desean.

”Estamos muy optimistas que esta pena perjudicial y discriminatoria finalmente será revocada por este Congreso”, dijo Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy, uno de los grupos más activos en la coalición CHEAR.

“Hay tanta cosa equivocada en la disposición antidroga de la HEA que ni siquiera sé por donde empezar”, dijo el director adjunto de la Red Coordinadora de la Reforma de las Políticas de Drogas, David Guard, coordinador de la CHEAR. “El dispositivo antidroga perjudica desproporcionadamente a los hijos de las familias de baja y mediana rentas – las mismísimas personas que la HEA debería asistir - y afecta desproporcionadamente a las minorías, que, aunque usen drogas en índices iguales a los de los blancos, tienen mucho más probabilidades de ser arrestadas. Los estudiantes que son forzados a salir de la facultad por perder su auxilio financiero tienen menos chances de regresar a la facultad”, dijo Guard. “Vamos a esperar que el Congreso tome providencias para revocarla este año”, dijo.

La disposición antidroga de la HEA también perjudica a los estudiantes que buscan auxilio financiero estadual. Aunque los estados no sean obligados a seguir ciegamente las normas federales de auxilio financiero cuando se trata de los infractores de la legislación antidroga, muchos lo hacen, a menudo simplemente porque es conveniente. En por lo menos un estado, Maryland, trámites legislativos están en curso para terminar el eco reflejo de la pena federal del estado.

También hay una posibilidad de progreso este año en el programa de cupones alimenticios, el cual, como parte de la aprobación del proyecto sobre los alimentos, será ponderado a principios de este año. De acuerdo con el Food Research and Action Center, los Comités de Agricultura de la Cámara y del Senado empezarán pronto las audiencias sobre el Título IV del proyecto sobre los alimentos, que incluye los cupones alimenticios, y el centro está abriendo paso para la renovación de las discusiones acerca de la ayuda a los estados que no han descartado la prohibición.

Aunque fuera políticamente oportuno intentar castigar más a algunos de los individuos más despreciados de la sociedad – los usuarios e infractores de la legislación antidroga –, estudios serios sobre el impacto de estas medidas han llevado a pedidos de su reforma o revocación. En 2003, la coalición Join Together, que, apoya los esfuerzos comunitarios para avanzar las políticas eficientes para el alcohol y las drogas, la prevención y el tratamiento, reunió un panel prestigioso sobre las políticas, dirigido por el ex alcalde de Baltimore, Kurt Schmoke, para examinar las formas de terminar la discriminación contra los usuarios de drogas.

En su informe final, ese panel hizo una serie de recomendaciones. Ellas incluyen:

• La gente con condenaciones por delitos de drogas, pero sin consumo actual de drogas, no debería enfrentar ningún obstáculo para recibir los préstamos estudiantiles, otras subvenciones, becas o acceso a los programas de entrenamiento del gobierno;
• Las personas con condenaciones no-violentas por drogas, pero sin consumo actual de drogas, no deberían ser prohibidas de recibir asistencia en efectivo y cupones alimenticios;
• Las agencias de viviendas públicas y los proveedores de la Sección 8 y demás programas de vivienda proporcionada por la Unión deberían usar la discreción dada a ellos en la ley de vivienda pública para ayudar a las personas a tratarse, en vez de impedirlas a ellas y sus familias permanentemente de lograr abrigo;
• Las personas que son inválidas en consecuencias de su enfermedad con el alcohol o otras drogas deberían ser elegibles para la Renta de Seguridad Social por Invalidez y la Renta Suplementar de la Seguridad Social.

El Colegio de Abogados de los Estados Unidos también ha dado su contribución en contra de la doble penalización de los infractores de la legislación antidroga y de los consumidores de drogas. En una resolución de 2004, el grupo adoptó recomendaciones con base en aquéllas del panel de políticas de la Join Together. Como la Join Together, la ABA pidió que el alcoholismo y la dependencia química fueran considerados como enfermedades crónicas tratables y cuestiones de salud pública. También instó que “la gente que busca tratamiento o recuperación del alcohol o demás enfermedades por drogas no debería estar sujeta a prohibiciones legalmente impuestos o demás barreras con base solamente en sus adicciones. Dichas interdicciones deberían ser identificadas y eliminadas”.

Aunque un movimiento para deshacer las leyes y programas federales que penalizan doblemente a los infractores de la legislación antidroga o a los usuarios de drogas esté creciendo y cuente con apoyo considerable entre algunos congresistas demócratas, con la excepción de la HEA, poco progreso ha sido hecho en su reducción, pese a que eso pueda cambiar ahora que los demócratas tienen el control del Congreso.

Para un sentido de cómo los congresos liderados por los republicanos se han sentido acerca de repensar estas leyes y programas punitivos, hay solamente que echar un vistazo al destino del proyecto presentado por el Dip. Bobby Scott (D-VA) y propuesto conjuntamente por otros 10 legisladores, incluso el único diputado republicano, Ron Paul de Tejas, en pos del Huracán Katrina. Ese proyecto, que habría suspendido temporalmente las disposiciones que niegan beneficios federales a los consumidores e infractores de la legislación antidroga en las áreas afectadas por la tempestad, no llegó a ningún lugar.