Desde que el presidente mexicano Felipe Calderón convocó a las Fuerzas Armadas para que se sumen a la lucha contra los violentos carteles, observadores han advertido que involucrar a los militares en la imposición de la ley es una forma segura de provocar abusos contra los derechos humanos. Ayer Washington Post reportó acusaciones de víctimas, familias, líderes políticos y observatorios de los derechos humanos de que el Ejército ha llevado a cabo desapariciones forzosas, redadas ilegales y actos de tortura al trabar la guerra contra los carteles. De ninguna forma es la primera vez que se hacen tales acusaciones.

[inline:ricardo-murillo.jpg align=left caption="cartel de Ricardo Murillo, militante de los derechos humanos asesinado"]El informe del periódico Post muestra un claro patrón de abusos contra los derechos humanos por todo México. En un pueblo montañés en Guerrero, los habitantes relataron cómo soldados metieron agujas debajo de las uñas de un agricultor discapacitado, acuchillaron a su sobrino de 13 años, dispararon contra un predicador y robaron alimentos, leche, ropas y medicamentos. En Tijuana, en marzo 24 policías arrestados por cargos de delitos de drogas alegaron que les habían pegado y torturado a fin de extraer confesiones.

Es una vieja historia. A principios de este año, después que el Ejército mexicano ingresó con estruendo a Juárez para poner fin a una oleada de asesinatos, los habitantes locales informaron abusos parecidos. El año pasado, hubo un reportaje en la Crónica sobre soldados matando a civiles en Sinaloa y la campaña de Mercedes Murillo, activista sinaloense de los derechos humanos, para refrenar los abusos. Se han presentado más de 2.000 otros casos con acusaciones que van de hurtos y robos a violaciones, pasando por tortura y asesinatos, a observatorios nacionales de los derechos humanos.

“Lo que sucede es que el Ejército los lleva a sus bases, y por supuesto, una base militar no es lugar para detener a personas sospechosas de un delito, y les comienzan a hacer preguntas”, dijo Mauricio Ibarra, coordinador de Comunicación y Proyectos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “Para sacarles información, usan la tortura”.

EE. UU. es a favor de la ofensiva de Calderón contra los carteles a través de la Iniciativa Mérida de US$ 1.400 millones, pero según esa ley, se debe retener un 15% de esos fondos hasta que la secretaria de Estado informe que México ha progresado en los derechos humanos. Ese informe debe ser entregado al Congreso de EE. UU. en semanas. Para el Departamento de Estado de EE. UU., será difícil argumentar que la situación de los derechos humanos está mejorando en México, pero, con la política de la lucha contra la droga en juego, todo es posible.