Si se dan oídos a los rumores en los círculos de la reforma de las políticas de drogas, la Navidad llegó más temprano este año. Para ser preciso, llegó hacia el Día de las Elecciones, cuando los demócratas recobraron el control del Congreso tras 12 largos años al relente. Hay una larga lista de cuestiones relacionadas con la reforma de las políticas de drogas de que el Congreso controlado por los demócratas puede tratar y se espera mucho que, tras una docena de años de imperio republicano en el Capitolio, el progreso suceda por lo menos en algunas de ellas. Pero, ¿será que el Congreso demócrata resultará ser Papá Noel, dando regalos a un movimiento que estuvo mucho tiempo al relente? o ¿será que resultará ser más como el Grinch, ofreciendo brindis sólo para quitárselos?

[inline:capitolsenateside.jpg align=right caption="el Capitolio de los EE.UU., lado del Senado"]La Crónica de la Guerra Contra las Drogas está intentando descubrir lo que probablemente va a pasar, entonces conversamos con una serie de organizaciones de reforma de las políticas de drogas, especialmente con aquellas que tienen una fuerte presencia y pauta de presión sobre los federales, bien como con las oficinas de algunos de los representantes que van a desempeñar roles fundamentales en el Capitolio en el próximo Congreso.

La lista de cuestiones de la guerra a las drogas en que el Congreso puede actuar el próximo año es extensa de veras:

• La reforma de las penas – o tratar de la disparidad del polvo y piedra de cocaína o de las mínimas obligatorias o de ambos, y demás reformas;
• La marihuana medicinal, ya sea la enmienda Hinchey-Rohrabacher que impide fondos federales para allanar a pacientes y proveedores en estados en que ella es legal o el proyecto de derechos de los estados a la marihuana medicinal de Barney Frank;
• El Gabinete de Política Nacional de Control de las Drogas (ONDCP – la secretaría antidroga) tiene que ser reautorizado;
• La Ley de Enseñanza Superior [ Higher Education Act (HEA)] y su disposición antidroga tienen que ser reautorizados;
• Quitar las restricciones contra infractores de la legislación antidroga de vales de alimentación, vivienda pública y demás servicios sociales;
• El proyecto de apropiaciones de Washington, DC, en que el Congreso ha impedido el Distrito de promulgar programas de cambio de jeringas o una ley de marihuana medicinal aprobada por los electores;
• El Plan Colombia;
• La guerra en Afganistán y las políticas antiopio de los EE.UU.;
• La crisis del dolor y la guerra contra los terapeutas del dolor;
• La legislación sobre la reinserción de los presos, particularmente la Ley de la Segunda Oportunidad [Second Chance Act];
• Los allanamientos de la policía.

Aunque haya optimismo en los círculos de reforma de las políticas de drogas, está moderado por una dosis saludable de realismo. El Congreso es un lugar en que es notoriamente difícil hacer (o deshacer) una ley y aunque parte del nuevo liderazgo demócrata haya hecho declaraciones simpáticas sobre ciertas cuestiones, la reforma de las políticas de drogas no es exactamente una cuestión de alta visibilidad. Falta ver si los congresistas demócratas decidirán usar sus recursos políticos avanzando una pauta que puede ser atacada como “indulgente con las drogas” o “indulgente con la criminalidad”. Pero, de acuerdo con uno de los observadores más astutos del Capitolio del movimiento, algunos “frutos bajos” pueden estar al alcance de la mano el próximo año.

“Algunas de las cosas más fáciles de lograr en el nuevo Congreso serán la prohibición de auxilio a estudiantes con delitos de drogas de la HEA, porque los demócratas tendrán que lidiar con la reautorización de la HEA, y la prohibición del acceso al TANF (Auxilio Temporal a las Familias Necesitadas) para vivienda pública, porque tendrán que tratar de la reforma de la previdencia social”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “También hay la oportunidad de revocar dispositivos en el proyecto de apropiaciones de DC que impiden los cambios de jeringas y la marihuana medicinal. Estos son los frutos bajos”.

Para Piper, hay la oportunidad de ver movimiento en una segunda fila de cuestiones, incluso la marihuana medicinal, la reforma de las penas y las políticas para Latinoamérica. “¿Podemos recibir los votos para aprobar la [enmienda] Hinchey-Rohrabacher en la Cámara y pasarla al Senado?” preguntó. “También hay una buena oportunidad de cambiar completamente la manera por la cual tratamos de Latinoamérica. Podemos presenciar un cambio en la financiación de los militares a programas de tipo sociedad civil y de la erradicación a la sustitución de cultivos" dijo. “Además, hay buenas chances de reforma de las penas. ¿Los demócratas pueden llegar a un acuerdo con el Sen. Sessions (R-AL) y otros republicanos sobre la disparidad piedra-polvo? o ¿será que van a intentar jugar a la política y retratar a los demócratas como si fueran indulgentes con la criminalidad? ¿Bush la vetaría si fuera aprobada?”

Claramente, a esta altura, hay más preguntas que respuestas. Pero, el terreno político ha cambiado, observó Piper. “Ya no estamos en la defensa”, debatió. “Ahora, no tenemos que lidiar con gente como Souder y Sensenbrenner y todos sus proyectos idiotas. Esto nos deja en una posición muy buena. Por primera vez en 12 años, podemos ir a la ofensiva. Y, completamente diferente de doce años atrás, los demócratas que controlarán los comités fundamentales son muy, muy buenos. Ésta es probablemente la primera vez desde los años 1980 que la reforma de las políticas de drogas ha estado en posición de pasar a la ofensiva”.

Los diputados simpatizantes de la reforma de la legislación sobre las drogas asumirán cargos fundamentales en el próximo Congreso, liderados por el Dip. John Conyers (D-MI), que será el futuro presidente del crucial Comité Judiciario de la Cámara. Quien va a reemplazar al autor de la disposición antidroga de la HEA e importante guerrero antidroga del Congreso, el Dip. Mark Souder (R-IN), como presidente del importante Subcomité de Justicia Criminal, Políticas de Drogas y Recursos Humanos del Comité de Reforma Gubernamental será o el Dip. Elijah Cummings (D-MD) o el Dip. Danny Davis (D-IL) – la designación aún no está establecida –, en tanto que el Dip. Bobby Scott (D-VA) presidirá el Subcomité de Criminalidad, Terrorismo y Seguridad Nacional del Comité Judiciario, un subcomité de suma importancia cuando se trata de la reforma de las penas.

Aunque sea demasiado temprano para lograr compromisos firmes de los presidentes de comités sobre audiencias el próximo año, un vocero del Dip. Conyers le dijo a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas que la reforma de las condenas está definitivamente en discusión. “Por supuesto que el Congresista Conyers está interesado en estas cuestiones, él ha sido bien franco sobre esto y es algo de que tratará, pero no hemos creado nuestra pauta y aún no tenemos una agenda”, dijo el vocero del Comité Judiciario de la Cámara, Jonathan Godfried. “Pero, esto definitivamente será una cuestión para el comité”, añadió.

Conyers y el nuevo Congreso demócrata pueden aún no haber establecido sus pautas, pero el movimiento pro reforma de las políticas de drogas seguramente lo ha hecho, y la reforma de las penas, ya sea a través del trato de la disparidad en las condenas para el polvo-piedra de cocaína, ya sea mediante un ataque general contra el esquema federal de las sentencias mínimas obligatorias, es el blanco central. Quizá previsiblemente, muchos reformadores importantes dijeron que tratar de la disparidad entre la piedra y el polvo no era suficiente.

“Ha habido mucha discusión sobre eliminar la disparidad de las penas para la piedra y el polvo de cocaína o aun sobre quitar la definición de piedra de las normas completamente”, dijo el director ejecutivo de DRCNet, David Borden.”Claro, nosotros lo apoyamos, pero también esperamos que las propias sentencias mínimas obligatorias y las normas de condenación sean abordadas. Son problemas mucho más grandes, que afectan a mucho más gente que una parte polémica, pero pequeña de ellas. Puede ser que apenas pequeños cambios sean posibles a esta altura, aun con nuestros mejores amigos del Congreso en cargos importantes. No obstante, la oportunidad debería ser aceptada para alzar las cuestiones generales sobre las penas, organizarse en torno de ellas, construir el apoyo, atraer a los defensores de proyectos de revocación de las mínimas obligatorias, todas las cosas que acompañan cualquier campaña legislativa - ¿hay un momento mejor que éste?”

“Aunque seguramente favorezcamos la reforma de la disparidad entre piedra y polvo de cocaína, necesitamos parar de pensar pequeño”, dijo Julie Stewart, directora ejecutiva de Families Against Mandatory Minimums. “Necesitamos examinar la reforma de las penas como un todo. Vamos a pedir legislación para tratar de la disparidad piedra-polvo, pero también vamos a pedir audiencias sobre la abrogación de las sentencias mínimas obligatorias”, dijo. “Si podemos lograrlas es otra cuestión, pero ya es hora de pedir el cielo”.

Los sentimientos de Stewart fueron repetidos y amplificados por Nora Callahan, directora ejecutiva de The November Coalition, un grupo de reforma de las políticas de drogas que se concentra en conquistar la libertad para los presos federales de la guerra a las drogas. “Lo que necesitamos es un proyecto abarcador de criminalidad”, dijo Callahan. “De otro modo, vamos a seguir destrozando esto durante las próximas cinco décadas. Un proyecto general abriría la puerta para ampliar las audiencias en que podremos lidiar con una miríada de efectos negativos de la guerra a las drogas, de la reclusión de enormes números de personas a privar a estudiantes de préstamos y a los pobres de vivienda y demás beneficios federales, y de la corrupción policíaca a la violencia policíaca. Si intentamos tratar de todos estos problemas uno por uno, la población penal habrá doblado de nuevo cuando lo terminemos”.

Por supuesto, la reforma de las penas no es la única cuestión sobre la cual los activistas van a hacer presión el año que viene. La marihuana medicinal sigue en la pauta, con el esfuerzo más intenso girando probablemente alrededor de la enmienda Hinchey-Rohrabacher, que impediría el uso de fondos federales para allanar a pacientes y proveedores en estados en que ella es legal. “Vamos a buscar protecciones considerables para los pacientes de marihuana medicinal”, dijo Aaron Houston, director de relaciones gubernamentales en el Marijuana Policy Project. “Juzgaremos el progreso por hasta que punto los pacientes pueden usar el remedio que más les ayuda sin temor de arresto o proceso federal. Necesitamos reformas considerables, no algunas que parezcan considerables pero no son, como la reclasificación”, añadió.

“Nuestras prioridades legislativas en el pasado han sido la Hinchey-Rohrabacher, el proyecto de derechos de los estados a la marihuana medicinal y la Ley Verdad en los Juicios [ Truth in Trials Act], que permitiría la defensa afirmativa en tribunal federal”, dijo Houston. “De éstas, esperamos poder aprobar la enmienda Hinchey. El año pasado, tuvimos 167 votos y conquistamos a 19 nuevos miembros en Noviembre que creemos que nos apoyan. Y cuando el Presidente elegido Pelosi asuma en Enero, será la primera vez que tendremos un fuerte defensor de la marihuana medicinal al mando de la Cámara de los Diputados”.

Aquellos números son alentadores, pero aún no son suficientes para vencer. Son necesarios 218 votos para alcanzar la mayoría en la Cámara si todos votan.

Y como observó Piper de la DPA arriba, el proyecto de reautorización de la HEA el próximo año debería ser una buena oportunidad para derribar el dispositivo antidroga de Souder de una vez por todas. “Tenemos una tremenda oportunidad aquí con los demócratas asumiendo el control y decidiendo cual legislación sigue adelante”, dijo Tom Angell, director de comunicación del Students for Sensible Drug Policy (SSDP). “El Dip. George Miller (D-CA) presidirá el Comité Laboral de la Educación de la Cámara y es un codefensor de la Ley RISE. Además, como uno de nuestros mayores simpatizantes, el Dip. Rob Andrews (D-NJ), está listo para presidir el subcomité que trata de la enseñanza superior, que es donde la Ley RISE está ahora”.

Pero Andrews puede no terminar con la presidencia, avisó Angell. “Él es defensor de las facultades con fines lucrativos y al liderazgo demócrata no le gusta eso, entonces podría no lograrla”, dijo.

“A nosotros nos gustaría revocar la disposición antidroga de la HEA y creemos que eso es posible en el nuevo Congreso”, dijo Borden de la DRCNet. “Simplemente no hay mucha pasión de muchos congresistas para mantener la disposición, aun entre aquellos que han votado para eso. A nosotros nos gustaría tener leyes para revocar disposiciones similares en la legislación sobre el bienestar y la vivienda pública – tenemos una coalición de más de 250 organizaciones que se han inscrito para revocar el dispositivo antidroga de la HEA y activar esa rede y construirla para asumir más cuestiones está definitivamente en nuestra pauta”.

La Ley RISE (Quitando Impedimentos a la Educación de los Estudiantes) revocaría la disposición antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act (HEA)], la meta fundamental del SSDP en el Congreso. Aunque Angell estuviera optimista respecto de las perspectivas en el próximo Congreso, también estaba buscando indicios prematuros. “La presentación del proyecto, el número de codefensores y los nombres más importantes por tras de ello serán un buen indicio de la probabilidad de revocación de la pena”, dijo. “Espero que eso pase a principios de la sesión. Tuvimos 84 reuniones de presión en el Capitolio durante nuestra conferencia anual el mes pasado y vamos a acompañarlas y trabajar de cerca con el personal del comité de educación”.

Pero, revocar la disposición antidroga de la HEA no es la única meta del SSDP en el Capitolio, dijo Angell. “Esperamos trabajar con la DPA y el MPP para reducir o eliminar la financiación para la campaña mediática del ONDCP y trabajaremos para reducir o eliminar la financiación para las subvenciones a los exámenes toxicológicos de estudiantes”, explicó. “Además de la HEA, ésas son nuestras cuestiones de mayor importancia”.

Un tema que ha surgido como tópico caliente en las últimas semanas es el tema de la violencia policíaca. Con el asesinato de la ciudadana mayor de Atlanta, Kathryn Johnston, en un allanamiento antidroga “inadvertido” y la matanza del residente de la Ciudad de Nueva York, Sean Bell, unos cuantos días después en un tiroteo con más de 50 disparos hechos por los oficiales de la Policía de Nueva York, la violencia policíaca está en el candelero. Esta semana, el activista de los derechos civiles y el ex candidato a presidencia, el Rev. Al Sharpton, pidió audiencias sobre la cuestión en el Congreso. Sharpton dijo que ya ha estado en contacto con el Dip. Conyers sobre la posibilidad.

A Borden de la DRCNet también le gustaría ver algo así. “A nosotros nos gustaría presenciar acciones para refrenar a estas fuerzas policíacas paramilitares y no tener equipos de la SWAT derribando las puertas de la gente en plena noche cuando no hay una situación de emergencia. Creo que debería haber audiencias en el Congreso, bien como en las legislaturas estaduales, con las víctimas de los allanamientos antidrogas mal ejecutados desempeñando papeles importantes, así como con los expertos de la policía, de los derechos civiles y afines. Estamos pensando en lanzar una petición para todo esto”, dijo.

Entonces, hay la guerra a las drogas de los EE.UU. en el extranjero. Con el Plan Colombia a punto de adentrar en su séptimo año y con el flujo estable de la cocaína a pesar de harta fumigación aérea de herbicidas, los demócratas del Congreso buscarán cortar o reasignar el gasto estadounidense para dar énfasis al desarrollo en vez de enfatizar la guerra contra las drogas. Y pese a que el Congreso no se haya agarrado con las contradicciones serias e inherentes a hacer la guerra contra la amapola al mismo tiempo que busca hacer la guerra contra el terror en Afganistán, los hechos sugestionan que será incapaz de seguir ignorándolas.

Éste debe ser un año de cambios en nuestras políticas de drogas en el extranjero, dijo Borden de la DRCNet. “A nosotros nos gustaría presenciar el paro de los programas de erradicación de la coca y de la amapola. Son inútiles; todo lo que hacen es mudar el cultivo de un lugar a otro”, observó. “En Afganistán, eso está llevando las personas a los brazos del Talibán en busca de protección y eso es desastroso para nuestros intereses nacionales y potencialmente para la seguridad global. Hay planes creíbles en vista, de la ONU, de otros cuerpos internacionales y de expertos en el sector sin fines lucrativos, que no se fían en la erradicación; vamos a examinarlos”.

Borden también instó al Congreso a tratar de la crisis en el tratamiento del dolor en el contexto de la guerra del gobierno contra el abuso de drogas prescriptibles y los procesos de los terapeutas del dolor. “Por último, algo debe ser hecho en lo tocante a los procesos criminales de los terapeutas del dolor”, dijo. “Creo que la ley en esta área ha sido fundamentalmente afectada. Conyers ha dado su apoyo a trabajos importantes que están siendo hechos en esta área. Ahora está en posición de hacer más presión”.

Los reformadores de las políticas de drogas tienen una agenda ocupadísima para el Congreso para los dos próximos años. Los demócratas del Congreso han dicho que están interesados en las reformas; ahora que estarán en el poder, veremos si hacen lo que dicen y tendremos la oportunidad de aguijonearlos a actuar.