El viernes pasado más de 150 personas se reunieron en la Facultad John Jay de Justicia Penal en la Ciudad de Nueva York para una conferencia de un día de duración sobre la ciencia, la política y la legislación de las instalaciones para inyección segura (SIFs, por sus siglas en inglés) como parte de un movimiento en ciernes que trata de llevar la medida de reducción de daños eficaz, pero polémica, a la Gran Manzana. Patrocinada, entre otros, por la facultad, Harm Reduction Coalition y una amalgama de 17 programas distintos de cambio de jeringas y reducción de daños de la Ciudad de Nueva York conocidos como Injection Drug User Health Alliance (IDUHA, por sus siglas en inglés), la conferencia no visaba solamente a reductores de daños, sino a militantes y funcionarios de la salud pública, la fuerza pública, los proveedores de servicios y el gran público.

[inline:johnjaycollege.jpg align=left caption="la Facultad John Jay en la Ciudad de Nueva York (por cortesía de wikipedia.org)"]La conferencia sobre las Instalaciones para inyección segura en Nueva York tuvo la finalidad de crear conciencia pública de las SIFs, proporcionar pruebas de que son rentables y empezar a desarrollar un plan para implementarlas en Nueva York. Como indica el programa de la conferencia, los organizadores contaron bastante con expertos de Vancouver, donde la SIF Insite de Downtown Eastside ha estado funcionando – y ha sido evaluada – desde el 2003, para proporcionar la base de evidencias.

Las primeras SIFs fueron inauguradas en Suiza a mediados de los años 1980. Desde entonces, se han esparcido lentamente y ahora hay 65 SIFs que funcionan en 27 ciudades en ocho países: Suiza, Alemania, Holanda, España, Australia, Noruega, Luxemburgo y Canadá. Pese a que los militantes hayan estado trabajando durante el último año y medio para llevar una SIF a San Francisco, a ese intento todavía le falta dar frutos.

A las SIFs se atribuyen la salvación de vidas a través de la prevención de sobredosis, la reducción de la diseminación de enfermedades transmisibles por la sangre, la disminución del consumo de drogas en público y los desechos que lo acompañan y la creación de entradas al tratamiento y a otros servicios para consumidores inveterados de drogas que no están listos para abstenerse de ellas. Los resultados informados por la delegación de Vancouver sobre el Insite eran consabidos:

• No hubo sobredosis fatales en la SIF;
• No hubo aumento en el narcotráfico de la zona;
• No hubo aumento considerable en el índice de recaída en el consumo de drogas inyectables;
• Hubo reducciones del consumo de drogas en público, de la eliminación de jeringas en público y del reparto de jeringas;
• Los usuarios de la SIF tenían 1,7 veces más probabilidades de ingresar a programas de desintoxicación;
• Hubo más de 2.000 remisiones a asesoramiento y otros servicios de soporte desde la inauguración;
• Hubo colaboración con la policía para satisfacer los objetivos de salud y orden públicos.

Pero a pesar de tales resultados de investigación, Estados Unidos sigue sin una SIF en funcionamiento. Los obstáculos van de lo jurídico, como la ley federal contra las narcocasas y sus homólogas en muchos estados, a lo político pasando por lo moral. Pero para los militantes de la reducción de daños y la salud pública, lo que apesta a inmoral es no adoptar tales medidas que comprobadamente salvan vidas.

“La realidad es que hay gente que se chuta en instalaciones de inyección inseguras en este preciso momento”, dijo Joyce Rivera, directora ejecutiva de St. Ann's Corner of Harm Reduction y presidenta de la conferencia. “La realidad es que no se chutan en un ambiente seguro e higiénico con la posibilidad de transición hacia un ámbito de cuidados. Eso no pasa. En calidad de militantes de la salud pública, decimos: reconozcamos la realidad y creemos esas instalaciones seguras. Que esta gente ingrese a través del portal de la salud pública a un ambiente seguro y empiece a marcar el ritmo de su propio cambio”, dijo.

“Hay que reconocer el hecho social de que la gente se chuta en locales que no son seguros”, dijo Rivera. “No es un argumento esotérico o académico. La cuestión es: ¿qué hacemos al respecto? La salud pública debería proteger a la comunidad y las SIFs son una evolución necesaria en nuestra política para la salud pública".

“El gran problema aquí es que sabemos que hay cerca de 200.000 usuarios de drogas inyectables en la ciudad y los programas de cambio de jeringas sirven solamente a algunos miles de ellos", dijo Robert Childs de Positive Health Project, uno de los integrantes de IDUAH. “La mayoría recibe jeringas de institutos no regularizados de cambio de jeringas, de picaderos, de amigos. Es sobre todo por eso que la Ciudad de Nueva York cuenta con la mayor parte de los casos de VIH y hepatitis C en EE. UU. y posee uno de los índices más altos de contagio en Norteamérica", dijo.

“El otro gran problema es que les damos a los inyectores las herramientas para que se inyecten, pero no un espacio seguro para que lo hagan”, señaló Childs. “Muchos se chutan en espacios públicos, en los baños de Starbucks o McDonald’s o White Castle, en bibliotecas, parques, callejones y cabinas telefónicas. Dejan sus jeringas en ubicaciones que no son evidentes para un no inyector y ésa es una cuestión de salud pública”.

También sufren sobredosis. La sobredosis con drogas es la cuarta principal causa de óbito en la ciudad. Al mismo tiempo en que es una tragedia para la víctima, las sobredosis - tanto las letales como las no letales - son una carga para la ciudad. “Los contribuyentes tienen que pagar estos costos”, dijo Childs. “La atención de una ambulancia a una sobredosis cuesta entre US$ 400 y US$ 1.200 y eso sucede muchas veces al día todos los días”.

Eso no les pasa solamente a las ambulancias. No tratar del consumo de drogas inyectables bajo condiciones de prohibición cuesta muchísimo dinero de otros modos también. Una etiqueta de US$ 648.000 acompaña cada nuevo diagnóstico de VIH en la ciudad por los remedios y la atención sanitaria para toda la vida y aun ese cálculo puede ser conservador. Para un caso de hepatitis C frecuentemente son necesarios de US$ 280.000 a US$ 380.000 por un trasplante de hígado; para los casos que no garanticen un trasplante de hígado, el tratamiento puede costar de US$ 60.000 a US$ 100.000.

Además, los contribuyentes no son los únicos que lo costean. De acuerdo con Childs, los negocios de la zona, incluso los proveedores de servicios, gastan miles de dólares al año con arreglos en las tuberías – a causa de jeringas desechadas en váteres por falta de recipientes para materiales de riesgo biológico.

Éste es el momento para avanzar, dicen los militantes. La conferencia fue sólo el tiro de salida de lo que probablemente será una campaña larga y frustrante.

“La conferencia salió de maravillas y servirá de un poco de ánimo”, dijo el profesor Richard Curtis de John Jay, quien trató del tema de avanzar a partir de este punto en la conferencia. “Las pruebas se amontonan desde Sídney hasta Vancouver pasando por Europa y eso nos está ayudando también. Pero esto no es algo a que las secretarías de salud y los políticos vayan a adherir con rapidez. Tenemos que darles un empujoncito y si no empezamos a trabajar en eso ahorita, jamás sucederá. No llegamos adonde nos encontramos hoy por portarnos bien", agregó al relatar cómo su labor de cambio de jeringas hizo frente a la oposición de las autoridades inicialmente antes de que fuera aceptado.

En el público estaban personas de las secretarías de Salud municipal y estatal, dijo Curtis. "Los funcionarios de la salud se solidarizan mucho… no oficialmente", dijo. “No quisieron aparecer en el temario, pero dicen que se solidarizan. Pero es año de elecciones y eso les dificulta la vida”.

Habrá una reunión de organización en dos semanas para desarrollar la estrategia, dijo Curtis. “Veremos quiénes estarán dispuestos y aptos, si existe una agencia suficientemente atrevida para avanzar a grandes pasos o si tendremos que crear algunas organizaciones alternativas. Queremos poner esta cuestión en discusión ya”.

“Estamos formando un grupo de acción para ponerlo en la conciencia de los neoyorquinos”, dijo Childs. “La gente que sí sabe algo sobre los consumidores de drogas es una de las poblaciones más estigmatizadas en la ciudad. Realizaremos una campaña parecida con la de Vancouver respecto a cómo estas personas no son cocos, sino nuestros hijos e hijas. También intentamos organizar algunos eventos con la prensa acerca de ello. Un grupo de abogados ayudará a impugnar algunos códigos. Además, intentaremos colaborar con nuestros legisladores y regidores”, dijo.

Pero Curtis y otros no están dispuestos a esperar para siempre. “No tengo esperanzas de que la legislación federal contra las narcocasas se extinga pronto”, dijo. “Pero empezamos los cambios de jeringas con la práctica. Si a ese punto ha llegado la cosa, tendremos que hacer que nos arresten otra vez. Hay que acorralarlos como mínimo”.

Hilary McQuie, coordinadora de Harm Reduction Coalition para la región oeste, ha estado implicada en el actual intento de una SIF en San Francisco. Sólo porque no sucede con la sanción oficial, eso no quiere decir que ello no esté sucediendo, observó.

“No estoy muy enterada sobre los picaderos en Nueva York”, dijo, “pero todos saben por ahí que los baños de proveedores de servicios, centros de hospitalidad, abrigos para los sin techo y comedores de beneficencia son utilizados para chutarse. Lo que hace la gente para intentar dejar estos espacios de inyección más seguros es contar tal vez con instrucciones para la inyección segura, dispositivos de eliminación de jeringas, agua y jabón, cosas por el estilo", dijo. "Además, es más o menos semisupervisado. Si alguien está en el baño y no sale, se puede abrir la puerta y salvar a esa persona de una sobredosis. Eso pasa todos los días en San Francisco”.