El martes la Corte Suprema de EE.UU. falló que una ley que penalizaba la utilización de un aparato de comunicación para "cometer o causar o facilitar" el tráfico en drogas no podía ser empleada contra los compradores de drogas que usan sus teléfonos para llamar a sus traficantes. El fallo por unanimidad sucedió en Abuelhawa vs. EE. UU..

[inline:supremecourt1.jpg align=left caption="la Corte Suprema de EE. UU."]En ese caso, agentes federales habían interceptado las llamadas del teléfono de un narcotraficante. Entre las llamadas, interceptaron seis entre Abuelhawa y el traficante con que Abuelhawa quedó en comprar gramos sueltos de cocaína, un delito leve conforme a la legislación federal estadounidense. Pero los procuradores federales acusaron a Abuelhawa de seis cargos por el delito de utilizar un aparato de comunicación para facilitar el tráfico en drogas, uno para cada llamada telefónica.

Condenaron a Abuelhawa en juicio. Él apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU., que ratificó la condenación, y luego ante la Corte Suprema de EE.UU., la cual ahora ha invalidado la decisión y la ha devuelto al tribunal de distrito.

“La Ley de Sustancias Fiscalizadas [Controlled Substances Act (CSA, por sus siglas en inglés)] penaliza el ‘utilizar cualquier dispositivo de comunicación para cometer o causar o facilitar’ ciertos delitos prohibidos conforme a derecho", escribió el ministro David Souter en el fallo. “Aquí se trata de saber si alguien infringe la §843(b) al cometer el delito leve de compra de drogas porque se puede decir que su llamada telefónica al traficante facilita el delito de distribución de drogas. La respuesta es no”, escribió.

“Si una transacción, como una venta, presupone necesariamente dos partes con roles específicos, sería raro decir que una parte facilita la conducta de la otra”, pormenorizó Souter. “El comprador no solamente facilita la venta; él la posibilita. Si no hay comprador, no hay venta; la parte del comprador ya está implicada en el término ‘venta’ y la palabra ‘facilitar’ no añade nada”.

Souter observó que el Congreso de EE. UU. había enmendado la CSA en 1970 para convertir la simple tenencia de cocaína en un delito leve, no en un delito grave, y que había limitado la infracción relacionada con la comunicación al cambiar las palabras “delito de drogas” por “delito grave de drogas”. “El Congreso [de EE. UU.] tuvo la intención de tratar la adquisición de drogas para consumo personal de modo más indulgente que el delito grave de distribución y precisar el ámbito de la disposición sobre la comunicación para cubrir solamente a aquellos que facilitan un delito grave”, escribió.