Un instituto de consultoría de la situación al Gobernador de Columbia Británica, Gordon Campbell, ha aconsejado al líder liberal que si quiere lidiar con la criminalidad y las drogas ilegales en la provincia, tiene dos opciones claramente contrastantes: legalizarlas o lanzar una guerra total contra las drogas. El panel del BC Progress Board hizo las recomendaciones en un informe de pesquisa lanzado el 15 de Noviembre, "Reducing Crime and Improving Criminal Justice in British Columbia: Recommendations for Change” [Reduciendo la Criminalidad y Mejorando la Justicia Criminal en Columbia Británica: Recomendaciones para el Cambio].

El BC Progress Board es un grupo de 18 hombres de negocios y académicos escogidos por el gobierno provincial para proveer consejos sobre cuestiones socioeconómicas. El criminólogo de la Universidad Simon Fraser, Rob Gordon, integrante del consejo, fue el principal autor del informe.

El informe sucede mientras Columbia Británica se agarra con los índices de criminalidad más altos que los del promedio canadiense. El consejo identificó el consumo de drogas ilegales y el narcotráfico como una de las cuatro fuerzas motrices de la criminalidad en la provincia. Los otros fueron los servicios deficientes a los menores, la enfermedad mental y los “estilos de vida empobrecidos e inestables” de muchas personas que viven en áreas urbanas centrales.

En su segunda recomendación al Gobernador Campbell, el consejo dijo que “el gobierno provincial debe tratar del problema del tráfico ilegal en drogas de manera clara y consistente”. La primera opción listada era “presionar el gobierno federal para legalizar el comercio, quizá limitando el acceso a productos para adultos de la misma manera que el acceso al alcohol y al tabaco es limitado”.

Eso permitiría que el gobierno tratara el consumo y el abuso de drogas como problemas de salud pública – no de justicia criminal – y dejaría que el gobierno obtuviera réditos con la tasación de las ventas de las drogas.

Pero, el BC Progress Board fue cuidadoso en observar que no estaba apoyando la legalización de las drogas, meramente dando opciones al gobierno provincial. La segunda recomendación del consejo sobre las políticas de drogas dejó eso perfectamente claro. Caso la legalización pruebe ser imposible de implementarse, sugestionó el consejo, “el gobierno provincial debería proporcionar los recursos para eliminar completamente el narcotráfico en la provincia”. Al mismo tiempo, el consejo sugirió una combinación de las recomendaciones uno y dos. La provincia debería primero pasar 10 años intentando eliminar el narcotráfico, entonces pasar a la legalización.

Aunque las recomendaciones del consejo no sean exactamente un pedido sonoro de legalización, el panel puso la idea llanamente en discusión.