El martes la Corte Suprema de EE.UU. vio los argumentos orales en Distrito Escolar Unificado de Safford nro. 1 vs. Redding, un caso que dimana de la decisión de una administradora escolar de someter la entonces Savannah Redding de 13 años a un cacheo al desnudo después que otra estudiante dijo que había obtenido con ella pastillas de ibuprofeno de concentración que exige receta médica.

[inline:supremecourt1.jpg align=left caption="Corte Suprema de EE.UU."]El caso empezó cuando los administradores de Safford en Arizona recibieron una pista de una estudiante y sus padres de que otra niña tenía las pastillas y planeaba dárselas a otros estudiantes en el almuerzo. La segunda estudiante les dijo a los administradores que había obtenido las pastillas con Redding.

Redding fue acompañada a la dirección, donde su mochila y sus ropas exteriores fueron cacheadas, pero no se encontró ninguna pastilla. Luego le mandaron que se sacara su ropa exterior delante de la enfermera del colegio y de una asistente administrativa, ambas mujeres. Cuando estaba en paños menores, le ordenaron que jalara su sostén y sus calzones para permitir que cualquier pastilla escondida pudiera caer. Ninguna cayó.

Luego Redding y sus padres demandaron al distrito escolar por violar su derecho constitucional a quedar libre de registros e incautaciones irrazonables. Redding ganó en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. y entonces el distrito escolar apeló ante la Corte Suprema de EE.UU.

El martes las preguntas de los ministros durante los argumentos orales indicaron que, aunque buscaran encontrar un equilibrio entre la privacidad de los estudiantes y la seguridad de los colegios públicos, ladeaban con la segunda. Parecían inclinados a darles a los administradores escolares una autoridad amplia para hacer lo que fuera necesario a fin de proteger a los niños de las drogas.

Eso argumentaron los abogados del distrito escolar. “Registrar cualquier lugar en que ella podría estar escondiendo razonablemente el artículo contrabandeado era constitucionalmente permisible” porque el distrito escolar estaba actuando como guardián, no policía, dijo Matthew Wright, abogado del distrito. “No es una cuestión penal en que tratan de enjuiciar a alguien. Es un caso en que intentan proteger a alguien”, dijo Wright. “Lo mejor es que esta Corte difiera a su juicio… y no cuestione tales reglas”.

El ministro David Souter, al observar que la droga en cuestión era ibuprofeno, interpuso que “[e]n algún momento, esto se pone tonto”.

Empero, Souter también observó que podría haber sido una droga más peligrosa y las consecuencias de no tomar providencias podrían ser trágicas: “Mi razonamiento es: Preferiría dejar al niño avergonzado por un cacheo al desnudo, si no podemos encontrar ninguna otra solución, que dejar que otros se mueran porque se distribuye la droga en el almuerzo y las cosas salen mal”.

El ministro Antonin Scalia interrogó a Wright si sería permisible un registro en cavidades corporales. Aunque Wright intentara rehuir esa pregunta al decir que no se realizaron registros en cavidades corporales porque los empleados del colegio no estaban capacitados para tal, Scalia siguió interrogando. Al fin y al cabo, Wright admitió que “[p]odía esperar ese resultado”.

Pese a la preocupación por la cuestión de saber hasta qué punto los administradores escolares pueden llegar al buscar drogas, los ministros parecieron aún más preocupados por las drogas peligrosas. Los ministros hicieron preguntas hipotéticas varias veces sobre qué pasaría si hubiera sido heroína o metanfetamina y no ibuprofeno.

Cuando le tocó argumentar al lado de Redding en el caso, un abogado del Ministerio de Justicia de EE.UU. tomó la delantera. “Creemos que, sin alguna sospecha particularizada o algún indicio específico de que ésta, la ubicación, probablemente contendría las drogas, este cacheo fue excesivamente intruso”, dijo el abogado David O’Neil. “Y éste no es un nuevo patrón”.

“Estamos de acuerdo con el gobierno federal estadounidense en esto: antes de llevar a cabo un cacheo al desnudo intruso, el colegio necesita tener información específica sobre la ubicación”, argumentó Adam Wolf del Proyecto de Reforma de la Legislación sobre la Droga de la ACLU. “Además, aunque este caso pueda empezar y terminar con esa propuesta aceptada, también es importante reconocer que una escuela necesita mucho más – un grado mucho más grande de sospecha para realizar un cacheo al desnudo que un registro normal en una mochila. Este registro infringió el planteamiento claramente establecido de que a fin de realizar un cacheo intruso en el cuerpo de uno, el funcionario que efectúa el cacheo necesita por lo menos creer razonablemente que el objeto está ubicado debajo de las prendas interiores. La Cuarta Enmienda no responde de – no comporta ni rebuscar ni trastear el cuerpo desnudo de una niña de 13 años de edad”.

El ministro Stephen Breyer intentó hacer que Wolf explicara por qué tales cacheos eran “tan malos” al observar que los estudiantes frecuentemente se cambiaban en el colegio para la clase de educación física, pero eso solamente inspiró la ministra Ruth Bader Ginsburg, la única mujer en el tribunal, a intervenir. “No solamente fueron desvestidas hasta quedarse en paños menores”, dijo incrédulamente al referirse a Redding y otra niña igualmente cacheada en el colegio. “Les pidieron que sacudieran su sostén, que estiraran la parte superior de sus pantalones y la sacudieran”.

Mientras los jueces sopesaban derechos constitucionales y la seguridad de los estudiantes, los militantes de los derechos de los jóvenes no tuvieron dificultades para comprender los problemas. “Cachear al desnudo a estudiantes de octavo es pasarse con mucho”, dijo Amber Langston, directora de relaciones de la región este de Students for Sensible Drug Policy (SSDP, por sus siglas en inglés). “Este tipo de suceso es un ejemplo hórrido del fracaso de nuestras políticas para el registro de drogas en los colegios públicos. Dijeron que trataban de proteger a los niños, pero ¿quién protegía a Savannah Redding de la humillación que los empleados del colegio le infligieron?”

Los estudiantes merecen los mismos derechos constitucionales que los demás, dijo Michael Males, sociólogo de la juventud y fundador de Youth Facts. Además, los distritos escolares deberían hacer mejores opciones, añadió.

“Los estudiantes solamente deberían ser detenidos o registrados con arreglo a las mismas reglas aplicadas a los adultos”, dijo Males. “Si las autoridades poseen causa probable para sospechar de un comportamiento ilegal que satisfaga los patrones de sospecha razonable, pueden detener y cachear a los sospechosos. Los cacheos al desnudo en los colegios exigen un nivel altísimo de causa probable, pero normalmente se fundan en chismes”.

Males llamó el caso Redding “particularmente raro” con la observación de que solamente involucraba ibuprofeno. “Parece que los empleados del colegio no estaban interesados en registrar taquillas, escritorios o cualquier lugar que no fuera dentro de la ropa interior de la niña”, observó. “Como lo he dicho, estos tipos de casos traumáticos son la razón por que paro siendo contra crear histeria respecto al consumo de drogas entre adolescentes”.

“Deberíamos tener mucho cuidado con la inspección de las partes íntimas de los niños por parte de adultos”, dijo Langston de SSDP. “Todo esto pasó a causa de ibuprofeno de concentración que exige receta médica y no había pruebas de que Savannah lo tenía salvo por la palabra de otra estudiante que se encontraba ella misma en apuros. Si la Corte Suprema de EE.UU. lo admite, les habremos dado demasiado poder a los empleados de colegios para que realicen dichos cacheos”.

No son solamente los estudiantes que sufren con políticas de registro demasiado vagas, sino los mismos distritos escolares, dijo Males. “Estas especies de registros en los colegios han terminado costando cientos de miles de millones de dólares en costas jurídicas y, que yo sepa, prácticamente nunca encuentran nada, lo que hace preguntar por qué los administradores les asignan los escasos recursos para la educación”.

La Corte Suprema de EE.UU. decidirá el caso el próximo semestre. Todo indica que anulará al tribunal de apelaciones y ratificará esta expansión de la autoridad de los administradores escolares para hacer “sea lo que fuere” a fin de proteger a los estudiantes de las drogas.