Siobhan Reynolds, directora de la Pain Relief Network, el grupo de militancia pro pacientes y terapeutas del dolor, ha sido dirigida a una investigación de obstrucción a la justicia de un gran jurado por su rol en el apoyo a un médico de Kansas y su mujer en su querella jurídica contra procuradores federales estadounidenses que los acusan de prescribir analgésicos ilegalmente en su consultorio.

[inline:siobhanreynolds.jpg align=left caption="Siobhan Reynolds en sesión informativa en el Congreso en el 2004"]Reynolds, una activista incansable por la causa de tratar adecuadamente los dolores crónicos, cuestionó de público el caso del gobierno de EE.UU. en contra de Steve y Linda Schneider y trabajó para apuntalar su defensa. Eso debe haber despertado la ira de la subprocuradora federal Tanya Treadway, quien enjuicia el caso, porque no es la primera vez que Treadway ha intentado callar a Reynolds.

El julio último Treadway buscó una orden judicial que impedía que Reynolds y los Schneider hablaran con la prensa y otra que impedía que Reynolds conversara con las “víctimas” y los testigos en el caso. Monti Belot, el juez de tribunal federal de distrito que vio el caso, denegó tal solicitud para censurar la disensión.

En aquella época, Treadway manifestó en documentos judiciales que Reynolds tenía una “relación sicofanta o parasitaria” con los Schneider y alegaba que se valía del caso para hacer progresar la agenda política de la Pain Relief Network y sus propios intereses personales. Reynolds y la Pain Relief Network militan en contra de los enjuiciamientos federales de terapeutas del dolor, quienes consideran víctimas de procuradores federales y agentes de la DEA excesivamente entusiastas que conocen poco los estándares adecuados de atención médica.

Ahora Treadway hace de las suyas otra vez. En una citación proporcionada a Associated Press, ella exige que Reynolds entregue toda la correspondencia con abogados, pacientes, familiares de Schneider, médicos y otros relacionados con el caso Schneider. También exige que Reynolds entregue extractos bancarios y facturas de tarjeta de crédito que muestren pagos a, y de, empleados del consultorio, pacientes, posibles testigos y otros.

La luchadora Reynolds no tiene ninguna intención de obedecer. En cambio, ha interpuesto una solicitud que busca sobreseer la citación del gran jurado. En ella, argumenta que forzarla a entregar dicha información destruiría su trabajo como activista política e infringiría sus derechos de la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos a la libertad de expresión y la asociación.

Ella le dijo a AP que iría presa antes de entregar cualquier documento. “Es un intento de silenciarme e intimidarme. Voy a combatirlo hasta donde sea necesario”, dijo. “Si cediera aquí, la militancia jurídica contra Estados Unidos en los tribunales terminará efectivamente. Entonces… hay mucha cosa en juego aquí”.