El fenómeno de los juzgados de delitos de drogas celebra su 20º aniversario este año. El primer juzgado de delitos de drogas, pensado para encontrar una manera más eficaz para que el sistema de justicia penal se haga cargo de los infractores de la legislación antidroga, nació en Miami en 1989 bajo la orientación de Janet Reno, la entonces fiscal de la zona. Desde entonces, los juzgados de delitos de drogas se han expandido enormemente y su número excede los 2.000 hoy, incluso por lo menos uno en cada estado.

[inline:drugcourt.jpg align=left caption="escena en juzgado de delitos de drogas"]De acuerdo con cálculos del Urban Institute, unas 55.000 personas se encuentran actualmente en programas de juzgados de delitos de drogas. El grupo descubrió que otro 1,5 millón de arrestados probablemente satisfaría los criterios para la drogodependencia y, por consiguiente, resultaría en buenos candidatos para los juzgados de delitos de drogas.

La idea detrás de los juzgados de delitos de drogas es la de que suministrar el tratamiento de la toxicomanía a algunos reos conduciría a mejores resultados para ellos y sus comunidades. Diferentemente de los trámites penales comunes, los juzgados de delitos de drogas tienen la finalidad de ser colaboradores para que jueces, fiscales, asistentes sociales y abogados defensores trabajaran juntos a fin de decidir qué sería lo mejor para el reo y la comunidad.

Juzgados de delitos de drogas pueden funcionar o encaminando a los infractores hacia el tratamiento antes de la condenación o sentenciando a los infractores a condenas y suspendiendo las sentencias con tal de que cumplan con las demandas del tratamiento. También varían en sus criterios para la elegibilidad: Algunos pueden admitir solamente a infractores primerizos no violentos que sean considerados adictos, mientras que otros pueden tener criterios más generales.

Dichos tribunales dependen de castigos y recompensas para sus clientes y la adhesión continua a las exigencias de tratamiento contó con un relajamiento de las restricciones y la recaída en el consumo de drogas estuvo supeditada a castigos aún más severos, normalmente con un fin de semana en prisión y aumentando gradualmente a partir de ahí. La gente reprobada totalmente en los juzgados de delitos de drogas o es devuelta al sistema de justicia penal para que sea enjuiciada o, si ya ha sido condenada, es reducida a prisión.

Los juzgados de delitos de drogas funcionan en un área rara y contradictoria que adopta el modelo de la adicción en cuanto enfermedad que necesita tratamiento, empero castiga la no reacción al tratamiento como si fuera un defecto moral. No se enfrenta ninguna otra enfermedad de ese modo. No hay tribunales de la diabetes, por ejemplo, en que uno sea puesto bajo el control del sistema de justicia penal por estar enfermo y sometido a “encarcelamiento relámpago” por comer alimentos prohibidos.

A pesar de los dilemas conceptuales, los juzgados de delitos de drogas han sido bastante estudiados y la conclusión general es la de que, dentro de los parámetros del modelo terapéutico-penal, son un éxito. Un informe recientemente publicado del grupo Sentencing Project es la última añadidura al material de lectura, o, más precisamente, a la revisión del material de lectura.

En el informe, Drug Courts: A Review of the Evidence [Juzgados de delitos de drogas: Una revisión de las pruebas], el grupo concluyó que:

• Por lo general, los juzgados de delitos de drogas han demostrado producir resultados positivos en la reducción de la reincidencia;
• Las evaluaciones de la rentabilidad de los juzgados de delitos de drogas generalmente han encontrado beneficios a través de la reducción de los costos de la delincuencia o de la encarcelación;
• Sigue la preocupación respecto a posibles efectos abarcadores de los juzgados de delitos de drogas al atraer a reos que, de lo contrario, podrían no haber sido sujetos al arresto y al enjuiciamiento.

“Lo que ofrecen los juzgados de delitos de drogas es un programa que las investigaciones han demostrado una y otra vez que funciona”, dijo Chris Deutsch, director adjunto de comunicación de la National Association of Drug Court Professionals en los suburbios de Washington, DC. “Todos nosotros conocemos los problemas a que hace frente el sistema de justicia penal con los infractores de la legislación antidroga y el apresamiento. Hemos establecido incentivos y sanciones como parte importante del modelo de los juzgados de delitos de drogas porque funcionan”, dijo. “Una de las razones por que los juzgados de delitos de drogas se expanden con tanta rapidez”, manifestó Deutsch, “es la de que no nos alejamos de lo que las investigaciones muestran que funciona. Es un modelo científicamente validado”.

“Hay pruebas de que en ciertos modelos hay éxito en la reducción de la reincidencia, pero no hay un solo modelo que funcione”, dijo Ryan King, coautor del informe del grupo Sentencing Project. “Quisimos poner de relieve los factores comunes en el éxito, como contar con jueces que hubiesen estado varias veces en juzgados de delitos de drogas y que comprendieran la adicción, y fundarnos en sanciones graduales, pero también hacer que la gente comprenda los puntos débiles”.

“Sin duda, los juzgados de delitos de drogas son mejor que ir preso”, dijo Theshia Naidoo, una abogada de la organización Drug Policy Alliance que ha defendido un programa menos coercitivo de tratamiento en lugar de la cárcel en la Propuesta 36 [Proposition 36] de California, “pero no son el alfa y omega para tratar de la toxicomanía. Tal vez sean progreso en nuestro actual sistema prohibicionista, pero cuando se examina su funcionamiento cotidiano, la verdad es que es la misma justicia penal de siempre”.

Ésa fue una de las cosas más amables que los reductores de daños y los reformadores de las políticas de drogas contactados por la Crónica esta semana dijeron de los juzgados de delitos de drogas. Aunque los juzgados de delitos de drogas puedan reivindicar un éxito cuando son evaluados por la métrica adoptada por el complejo de la justicia terapéutico-penal, parecen ser profundamente perversos y desatinados para la gente que no adopta dicho modelo.

Los comentarios de Kevin Zeese de Common Sense for Drug Policy aludieron a muchos de los temas comunes. “Si los juzgados de delitos de drogas resultan en más gente atrapada en el sistema de justicia penal, no me parecen algo bueno”, dijo. “EE.UU. tiene una de cada 31 personas en prisión, en libertad vigilada o condicional y eso es una vergüenza nacional más adecuada a un estado policíaco que a la tierra de los libres. Si los juzgados de delitos de drogas están incrementando ese problema, forman parte de la vergüenza nacional, no son la solución”.

Pero Zeese quedó igualmente perturbado con el mismo modelo de la justicia terapéutico-penal. “Imponer el tratamiento de la toxicomanía a la gente que acierta a ser pillada es una manera rarísima de ofrecer asistencia sanitaria”, observó. “Presenciaríamos un impacto más grande si el tratamiento a petición fuera la política nacional y hubiera fondos suficientes para los servicios de tratamiento de modo que la gente que quisiera el tratamiento pudiera obtenerlo rápidamente. Además, el sector del tratamiento sería más fuerte si no dependiera de la policía y de los tribunales para que le envíen ‘clientes’ – por fuerza – y si, en cambio, ofreciera servicios que la gente quisiera”.

Para Zeese, lo importante era: “El modelo patológico no tiene cabida en los tribunales. Los médicos y trabajadores de la salud tratan la enfermedad, no los tribunales”.

Además de dichas inquietudes de concepto y políticas públicas, otros aludieron a problemas más específicos en el proceder de los juzgados de delitos de drogas. “En Connecticut, el éxito de los juzgados de delitos de drogas depende de jueces conscientes”, dijo Robert Heimer de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Yale. “Por ejemplo, en algunas partes del estado, los jueces se niegan a mandar a los reos adictos a opiáceos a programas de terapia con metadona. Esto redujo tremendamente el éxito de los juzgados de delitos de drogas en estas regiones del estado en comparación con aquéllas en que los jueces encaminaron a la gente a una forma de tratamiento eficaz y médicamente comprobada para su adicción”.

La queja de Heimer respecto al rechazo de la terapia de mantenimiento con metadona fue repetida al otro lado del Río Hudson por Nicolas Eyle de ReconsiDer: Forum on Drug Policy, el reformador de las políticas de drogas de la región norte de Nueva York. “Si no todos, la mayor parte de los juzgados de delitos de drogas en Nueva York abomina la metadona y el tratamiento de mantenimiento en general”, observó. “Esto es preocupante porque las recientes reformas en la legislación Rockefeller del estado están muy centradas en el tratamiento en lugar de la prisión, lo que da a entender que más y más personas desventuradas van a ser forzadas a ingresar al tratamiento que pueden no necesitar o desear. Luego, el juez decide qué tipo de tratamiento deben recibir y, cuando no alcancen las metas terapéuticas determinadas para ellas, serán arrastradas para que cumplan su pena”.

Con todo, dijo Heimer, “[d]ichos juzgados pueden funcionar si hay opciones adecuadas de tratamiento, pero si los programas de tratamiento son malos, es improbable que funcionen esos tribunales. En dichos casos, si entonces la única alternativa es la encarcelación, hay pocos motivos para que existan los juzgados de delitos de drogas. Si el personal de esos juzgados cree que su programa tiene valor, debería estar haciendo presión constantemente por un mejor tratamiento de la toxicomanía en su comunidad. Si no lo está haciendo, entonces está contribuyendo a la circunstancias de su propio fracaso y, para decirlo más una vez, el usuario de drogas se convierte en la víctima si el personal de los juzgados de delitos de drogas no lo está haciendo”.

Aun dentro del modelo del tratamiento forzoso, hay abordajes más eficaces que los juzgados de delitos de drogas, dijo Naidoo. “Básicamente, los juzgados de delitos de drogas poseen una política de tolerancia cero y muchos jueces simplemente no comprenden la adicción en cuanto problema de salud crónico susceptible de recaída, así que si hay un examen toxicológico reprobado, el tribunal llega con un martillo para imponer toda una serie de sanciones. Un modelo más efectivo sería echar un vistazo al contexto general”, argumentó. “Si la orina del tipo está contaminada, pero ha encontrado un trabajo, ha obtenido vivienda y se ha reunido con su familia, tal vez no deba ser castigado por la recaída. El juzgado de delitos de drogas lo castigaría”.

Otros reductores de daños fueron llanamente cínicos respecto de los juzgados de delitos de drogas. “Me parece que funcionan para reducir el daño relacionado con la droga de ir preso al mantener la gente fuera de la prisión – con excepción de cuando reducen a la gente a prisión”, dijo Delaney Ellison, reductor de daños y activista veterano de Michigan. “Exactamente eso hacen los juzgados de delitos de drogas si uno es resistente al tratamiento o impecune. Pobre, la gente de minorías no puede permitirse el lujo de concluir el largo régimen de un juzgado de delitos de drogas. Si un participante encuentra que no puede pagar las multas, asistir a cuatro horas al día de tratamiento ambulatorio, pagar el alquiler y comprar víveres mientras está atrapado en el sistema, descubre una manera de establecer prioridades y abandona el juzgado de delitos de drogas”.

Un sistema adecuado de asistencia sanitaria que suministrara tratamiento a petición es lo que se necesita, dijo Ellison. “Más importante aún, ¿cuándo vamos a parar de dejar que policías y abogados – y esto incluye a los jueces – regulen las drogas?” preguntó. “Esta gente no sabe nada de nada de farmacología. ¿Cuándo haremos presión para dejar que médicos y farmacéuticos regulen las drogas?”

Los juzgados de delitos de drogas también sufren ataques con base en que niegan los derechos al debido proceso a los reos. En Maryland, la semana pasada la abogada de oficio del estado argumentó que los juzgados de delitos de drogas eran inconstitucionales al quejarse de que los jueces no deberían poder reducir a alguien a prisión varias veces sin una vista judicial plena.

“No hay debido proceso en el juzgado de delitos de drogas”, le dijo la abogada de oficio Nancy Foster al Tribunal de Apelaciones de Maryland en un caso que todavía va a ser decidido.

El argumento de Foster despertó algún interés de los jueces del tribunal de apelaciones. Uno de ellos, el juez Joseph Murphy, observó que un juez que conversaba con una parte en un caso sin que la otra estuviera presente, lo que a veces sucede en los juzgados de delitos de drogas, ha planteado inquietudes con relación al debido proceso en otros trámites penales. “¿Se puede hacer eso sin infringir los derechos del reo?” preguntó.

Un destacado defensor de la opinión de que los juzgados de delitos de drogas interfieren en los derechos al debido proceso es James Nolan, sociólogo de la Universidad Williams. Nolan resumió el problema que ve en los tribunales de delitos de drogas. “Mi inquietud es la de que si dejamos la ley tan preocupada por ser terapéutica, uno se olvida de nociones de justicia como la proporcionalidad del castigo, el debido proceso y la protección de los derechos individuales”, dijo Nolan. “Aunque los militantes de la resolución de problemas no quieran eliminar estas cosas, ellas tienden a desaparecer en términos de importancia”.

En esa entrevista, Nolan hizo mención de un participante de un juzgado de delitos de drogas de la Comarca de Miami-Dade forzado a permanecer en el programa durante siete años. “Entonces, aquí, la meta no es la justicia”, dijo. “La meta es curar a alguien y las consecuencias pueden ser injustas porque están recibiendo un castigo mayor que el que merecen”.

Deutsch dijo que “dudaba” de hacer comentarios sobre las críticas contra el modelo de los juzgados de delitos de drogas, “pero el hecho es que cuando se trata de mantener a los infractores adictos de la legislación antidroga fuera del sistema de justicia penal y en tratamiento, los juzgados de delitos de drogas son la mejor opción disponible”.

Para King del Sentencing Project, los juzgados de delitos de drogas son un paso hacia arriba con relación a las profundidades del abordaje prohibicionista punitivo, pero no avanzan mucho. “Con los juzgados de delitos de drogas, estamos mejor ahora que 20 años atrás, pero no queremos seguir con la misma cosa de aquí a 20 años”, dijo. “La idea de que alguien necesita ingresar al sistema de justicia penal para acceder al tratamiento público de la toxicomanía es una verdadera tragedia”.