Hace una semana hoy, el gobernador David Paterson (D) y los líderes de la Asamblea y Senado estatales de Nueva York anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre reformar la durísima legislación Rockefeller sobre la droga del estado. El acuerdo representó una retirada con relación a las reformas concebidas en un proyecto de ley de la Asamblea aprobado a principios de este año, pero aún ofrece una mejora considerable respecto al estado de cosas.

[inline:2001rockefellerprotest.jpg align=right caption="la larga ruta hacia la libertad: protesta de 2001 contra la legislación Rockefeller sobre la droga en Albany, capital del Estado de Nueva York (por cortesía de indymedia.org)"]La medida debería haber sido sometida a votación esta semana como parte del proyecto de la ley de presupuestos del estado, pero eso todavía no ha sucedido y pone nerviosos a los militantes. Aunque entre los militantes el consenso parezca ser el de que el proyecto se queda corto, la mayoría quiere que lo aprueben en cuanto paso en la dirección adecuada.

La legislación Rockefeller sobre la droga fue promulgada en 1973 y ordena sentencias extremadamente duras de prisión para la venta o la tenencia de cantidades relativamente pequeñas de drogas. Pese a que presuntamente tenga miras a “capos del narcotráfico”, decenas de miles han sido apresados con arreglo a ella, la mayoría por infracciones leves no violentas. Actualmente, unas 12.000 personas están cumpliendo pena por delitos de drogas en Nueva York y constituyen un quinto de la población penitenciaria. Casi un 90% de ellas es negro o hispano.

Reformas parciales en el 2004 y el 2005 hicieron poco para detener la apisonadora del apresamiento. Aunque proporcionen alguna reparación a ciertos infractores de la legislación antidroga, los resultados de esas reformas fueron aún más personas reducidas a prisión por delitos de drogas que antes.

“Aunque mucho más moderada que el proyecto de reforma aprobado por la Asamblea el mes pasado, esta propuesta constituye un importante paso adelante para desarrollar políticas de drogas más eficaces con base en la salud pública y la seguridad”, dijo Gabriel Sayegh, director de proyectos de la organización Drug Policy Alliance (DPA, por sus siglas en inglés). “La Asamblea y el gobernador deberían haber ampliado aún más la propuesta, por ejemplo, con la devolución de la discreción a los jueces en cada caso de delito de drogas, no solamente en los casos de menor entidad. Con todo y eso, creemos que este proyecto constituye una verdadera reforma y que debería ser promulgado”.

Conforme al acuerdo tripartito, el proyecto de reforma en la legislación Rockefeller iría a:

• Devolver la discreción judicial en casos de delitos leves de drogas;
• Expandir los servicios de tratamiento y reinserción;
• Expandir los juzgados de delitos de drogas;
• Permitir que aproximadamente 1.500 personas encarceladas por delitos de drogas leves y no violentos postulen a una nueva condenación;
• Aumentar las penas para los “capos” del narcotráfico;
• Aumentar las penas contra los adultos que vendan drogas a jóvenes.

En las reformas del 2004 y del 2005, la gente que cumplía pena por delitos de nivel A – los más graves – podía postular a una nueva condenación, pero no los que cumplían por delitos de nivel B, quienes constituían el grueso de los presos por la legislación Rockefeller. Aunque ahora la elección de una nueva condenación fuera facultada a unos 1.500 infractores de nivel B, eso quiere decir que más de 10.000 presos a causa de la lucha contra la droga de Nueva York continuarían sin recurso.

El proyecto de ley también permite que jueces desvíen a algunos de los infractores de la legislación antidroga de menor entidad al tratamiento de la toxicomanía o a otras alternativas al apresamiento, pero solamente si convencen a los jueces de que son adictos. Considerando que la encarcelación cuesta tres veces más que el tratamiento, el estado puede ahorrar millones si los jueces ejercen tal discreción condenatoria.

“En calidad de ex preso conforme a la legislación Rockefeller sobre la droga, soy a favor de esta ley porque rescatará a muchos de los presos a quienes no les tocaron las reformas anteriores”, dijo Anthony Papa de la DPA. “Esta propuesta le dará a la gente condenada por delitos leves de drogas la oportunidad de reunirse con sus familias y convertirse en ciudadanos productivos que pagan sus impuestos como yo”.

“Si esto deviene ley, será un importante paso adelante”, dijo Caitlin Dunklee de la Correctional Association of New York y coordinadora de la campaña Drop the Rock. “Es la primera gran reforma de la legislación Rockefeller sobre la droga desde su promulgación. Desmonta la condenación mínima obligatoria de modo significativo. También asigna dinero a alternativas a la encarcelación y al tratamiento de la toxicomanía”, dijo.

Pero el paquete no incluye todo lo que los reformadores trataban de conseguir, admitió Dunklee. “Deja intactas algunas sentencias mínimas obligatorias severas para delitos leves de drogas y resultará en la encarcelación de futuros infractores de la legislación antidroga de menor entidad – cerca de mitad podrá recibir mínimas obligatorias. Además, las disposiciones de retroactividad son demasiado limitadas; menos de 1.500 de los más de 10.000 entre rejas por delitos de drogas estarán aptos para postular”, dijo. “Hay familiares que preguntan cuándo sus seres queridos van a regresar a casa, pero poquísimos van a salir antes”.

“Es una reforma tibia”, dijo un decepcionado Randy Credico del William Moses Kunstler Fund for Social Justice, hace mucho un protagonista en el movimiento pro revocación de la legislación Rockefeller que ahora se prepara para retar al senador Charles Schumer en las elecciones del año que viene. “El sistema de justicia penal de Nueva York necesitaba un tremendo enema y todo lo que los políticos hicieron fue eliminar los gases”.

“Esta propuesta es progreso”, dijo Alan Rosenthal, abogado del Center for Community Alternatives, una organización neoyorkina que trata de alternativas al apresamiento. “Es la tradición de la reforma modesta que les pisa los talones a las reformas del 2004 y del 2005”, dijo. “Capta parte de las mismas características, permite algo de nueva condenación como aquéllas, pero todavía nos deja con una estructura bastante imperiosa y, pese a que se preste más atención al tratamiento que al castigo, todavía deja muchísimo espacio para el castigo y mucha gente en prisión. Desde mi perspectiva, felicitaría a los legisladores que lo apoyaron, pero seguramente le daría un aviso oportuno al público de que todavía hay mucho trabajo que hacer”.

Rosenthal señaló que aunque la reforma permitiría que jueces ejercitaran la discreción, eso no quiere decir que lo harán. “La mayoría de los jueces viene de las fiscalías”, observó. “No es probable que tengan un punto de vista esclarecido de cómo la prisión puede ser contraproducente y destructiva. A estas alturas, no me parece que las cosas vayan a cambiar mucho con relación a la época en que los fiscales tenían la discreción. Será una espita diminuta y los jueces van a intentar descubrir quiénes lo merecen y quiénes no lo merecen, quiénes podrían aparentar más peligrosidad a causa de clase, color de la piel o etnia. Esa especie de potencial para colorear las decisiones judiciales todavía nos deja la necesidad de reformas más generales y una comprensión más amplia de cómo tratar de estas cuestiones”.

Es una cuestión espinosa saber si dichas reformas parciales deberían recibir apoyo, dijo Rosenthal. “Es difícil estar enterado de que un porcentaje menor que a nosotros nos gustaría va a beneficiarse, pero también es difícil decir que vamos a resistir a todo sabiendo que, si lo hacemos, algunas personas van a sufrir bajo el yugo del apresamiento”, dijo. “La pega es la impresión de la opinión pública de que todo lo que necesita ser hecho ha sido hecho. Los que aún están en prisión y sus familiares que no están recibiendo ninguna reparación comprenderán que falta trabajo que hacer, pero el problema será nuestra capacidad de despertar la preocupación del público”.

Sayegh defendió la reforma parcial como lo mejor que se podía alcanzar. “Nuestro trabajo en cuanto militantes es luchar durísimo para conseguir lo máximo que podamos realizar. Ése es nuestro compromiso. Tras cien años de prohibición y luchas contra la droga, cualquiera que piense que podemos lograr lo extraordinario y lo imposible en un paquete legislativo está soñando. Necesitamos hacer lo imposible posible y lo posible inevitable y eso implica un proceso. Aquí estamos hasta cuando dure”, prometió.

Puede durar bastante. “Mucha gente con quien converso que no está implicada en las políticas de drogas me ha dicho que creía que esto había sido solucionado en el 2004 y el 2005”, dijo Nicolas Eyle de ReconsiDer: Forum on Drug Policy, un grupo reformador de las políticas de drogas del norte del Estado de Nueva York. “Volverá a pasar lo mismo con este proyecto, pero todavía tenemos sentencias largas; contamos con una propuesta para los capos que parece adecuarse a la banda normal de camellos de las esquinas, entonces el resultado será el de traficantes minoristas cumpliendo condenas de 15 años a cadena perpetua. Este proyecto es un paso en la dirección adecuada, pero un pasito nomás”, manifestó.

Al comparar el movimiento de revocación de la legislación Rockefeller con el movimiento abolicionista antes de la Guerra de Secesión, Credico dijo que la lucha contra la esclavitud no aceptaba paños calientes. “El sistema de justicia penal es la nueva potencia esclavista”, dijo, “y así como las leyes de Jim Crow, la legislación antidroga seguirá siendo utilizada para encarcelar, condenar y apresar a personas y privarlas de derechos en un nivel masivo. Todos – jueces, fiscales, abogados defensores, agentes penitenciarios, funcionarios de los tribunales, agentes de la libertad vigilada y condicional, políticos del norte del estado y contratistas – dependen de estos casos de delitos de drogas para seguir ocupados y mantener las prisiones llenas”.

Las disposiciones de tratamiento forzoso en el paquete de reforma son equivocadas, dijo Credico. “Los reformadores de las políticas de drogas quieren valerse de la jerga falsa de que es una cuestión de salud, pero estas personas no son adictos enfermos; son bandidos que comercializan porciones pequeñas de marihuana, los tipos que venden al por menor en las esquinas. Ahora tendrán que confesarse culpables y convencer a los jueces que son adictos”, argumentó. “Si no pueden probar que son adictos, todavía van presos y cumplirán de un a nueve años. Eso pasa en una época en que el índice de desempleo entre los negros jóvenes en la ciudad es del 65%. ¿Qué otra cosa quieren que hagan?”

Como Credico, Dunklee criticó la disposición que solamente volvía a las personas que convencieran a los jueces de que eran adictas aptas para la desviación en delitos de nivel B. “Esto establece una distinción entre los que son adictos y los que no lo son”, dijo, “y solamente la gente considerada drogodependiente estará apta para la desviación. Las personas que tal vez no necesiten tratamiento, pero que podrían ser auxiliadas de otros modos recibirán sentencias mínimas obligatorias de prisión. Objetamos altamente a eso”.

Al tratar del aumento en las condenas para los “capos” y la gente que vende drogas a menores de edad en la versión final del proyecto de ley, Dunklee dijo que era una concesión a los fiscales. “El gobernador Paterson no quería parecer indulgente con la delincuencia, entonces apoyó incrementos condenatorios para la gente que el público sataniza”, dijo. “Cuando el público oye hablar de vender drogas a menores de edad, piensa en el tipo con su trinchera en el patio de recreo, no en el joven de 21 años que las vende al de 17. Los jueces no podrán examinar las circunstancias de cada caso y el joven irá preso por mucho tiempo, pero eso no es lo que el público tiene en cuenta”.

Para Dunklee y Drop the Rock, la lucha no se ha acabado. “No vamos a concluir nuestras actividades, mantendremos la coalición intacta”, dijo. “Esta reforma parcial tiene el potencial de desinflar el movimiento, pero vamos a evaluar cómo proseguir. Nuestra gente está comprometida con la revocación total y estamos abiertos a la posibilidad de ampliar nuestra agenda para incluir la reducción de las prisiones. Vamos a descubrir cómo reaccionar a las reformas y al nuevo clima político”, dijo.

Pero, dado que en el momento de esta redacción la hace mucho retrasada aprobación final del proyecto de ley todavía no ha ocurrido y considerando que los demócratas del Senado tienen una mayoría minúscula, puede que este análisis posterior al hecho de las reformas en la legislación Rockefeller del 2009 sea prematuro. “El proyecto todavía no ha sido aprobado”, advirtió Sayegh. “Por supuesto, aprobarán un proyecto de la ley de presupuestos, pero la pregunta es qué estará incluido en ello. Ahorita hay una serie de legisladores, fiscales y periodicuchos como el Daily News que dice y publica tonterías. Mucha gente se opone a esta disposición, así que no podemos dar por sentada su aprobación. Estamos a punto de lograrlo, pero todavía no lo hemos logrado”, dijo.