El gobierno Obama puede haber puesto fin a las redadas de la DEA contra los proveedores de marihuana medicinal en los estados en que ella es legal (véase artículo aquí), pero sigue el legado de la cruzada de la administración Bush contra la marihuana medicinal. El gerente de dispensario Charles Lynch de California en Morro Bay es un caso en cuestión. Tras haber sido condenado por infracciones de la legislación federal antimarihuana, él se presenta ante la Justicia el lunes para ser condenado y puede recibir una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión y la posibilidad de hasta 100 años entre rejas.

[inline:charlielynch.gif align=left caption="Charlie Lynch (de friendsofccl.com)"]Lynch hizo todo de acuerdo con las reglas. Antes de abrir su negocio en abril del 2006, primero se puso en contacto con la DEA, que al fin y al cabo le dijo que “les tocaba a las ciudades y las comarcas” decidir sobre los dispensarios. Él también se procuró y consiguió todos los permisos comerciales necesarios de la Ciudad de Morro Bay.

Pero eso no impidió que un policía de la zona determinado a cerrar su negocio, Central Coast Compassionate Caregivers, lo persiguiera. El alguacil Pat Hedges de la Comarca de San Luis Obispo desencadenó una investigación sobre Lynch y el dispensario que duró 11 meses. Sus subalguaciles y él vigilaron las dependencias, apuntaron los números de placas de los automóviles y detuvieron los vehículos de los empleados y clientes del dispensario y aun recurrieron a la utilización de delincuentes en calidad de informantes encubiertos en un intento frustrado de hacer que Lynch infrinja la legislación estatal.

El alguacil Pat Hedges no logró encontrar pruebas suficientes contra Lynch ni siquiera para obtener una orden de registro de los tribunales estatales, entonces recurrió a la DEA. El 29 de marzo del 2007, los federales atacaron con fuerza total y allanaron tanto el dispensario como la casa de Lynch con toda la indumentaria paramilitar. Lynch no fue arrestado en aquel momento y reabrió el dispensario el 07 de abril del 2007. Entonces la DEA amenazó al casero del dispensario de confiscar su propiedad si no desalojara a Central Coast Compassionate Caregivers. El 16 de mayo del 2007, el dispensario cerró definitivamente.

La DEA todavía no estaba satisfecha con relación a Lynch. Dos meses después, en aún otra redada a la paramilitar, arrestaron a Lynch en su casa y lo acusaron de cinco cargos de infringir la legislación antimarihuana federal.

Después de un juicio en que – como siempre sucede en tribunales federales estadounidenses – ni la ley de California sobre la marihuana medicinal ni el hecho de que Lynch estuviera actuando con arreglo a ella podían ser admitidos como prueba, un jurado lo condenó por todos los cargos en agosto del 2008.

Lynch ha recibido bastante apoyo de la comunidad de la zona y también de simpatizantes de todo el estado y de EE.UU. Manifestaciones han sido (y serán) realizadas para exigir justicia en su casa. Se descubrirá el lunes si el apoyo comunitario a Lynch o si el compromiso del gobierno Obama de no enjuiciar casos que no impliquen infracciones de la legislación estatal sobre la marihuana medicinal causa algún impacto.

Con los pronunciamientos del gobierno Obama respecto a la marihuana medicinal hasta el momento, puede que la era de las redadas federales contra los proveedores de marihuana medicinal haya terminado. Pero con tal de que gente como Charles Lynch pueda recibir años de prisión federal y otros estén cumpliendo pena allí, todavía hay cuentas que ajustar si es que se va a hacer justicia.