Como los estados por todo EE.UU. están sintiendo los efectos de la crisis económica que tiene agarrado al país, algunos legisladores están teniendo parte en la política baja del resentimiento en cuanto presunta medida de recorte presupuestario. En por lo menos seis estados, se han introducido proyectos de ley que exigirían que la gente que busca prestaciones públicas y/o subsidios de desempleo se someta a exámenes toxicológicos aleatorios, con sus beneficios en juego.

[inline:drugtest.jpg align=right caption="reactivos: no desperdicien el dinero"]En Arizona, Hawái, Misuri y Oklahoma, se han introducido proyectos de ley que forzarían la gente que trata de conseguir prestaciones públicas a someterse a exámenes toxicológicos aleatorios y renunciar a los beneficios si sacan positivo. En Florida, se ha introducido un proyecto que haría lo mismo con la gente que recibe subsidios de desempleo. En Virginia Occidental, se concentran en los dos grupos.

En la mayor parte de los casos, los legisladores señalan la Ley de Reforma de la Asistencia Social [Welfare Reform Act] federal de 1996, que autorizaba – pero no exigía – exámenes toxicológicos aleatorios como condición para recibir prestaciones sociales. Pero el gran problema para los defensores de dichos ardides es que el único estado que intentó implementar realmente un programa de exámenes toxicológicos aleatorios fue prohibido por los tribunales federales.

Michigan aprobó una ley de exámenes toxicológicos para obtener prestaciones sociales en 1999 que exigía que todos los postulantes al programa Ayuda Temporal a Familias Carentes (TANF, por sus siglas en inglés) proporcionaran muestras de orina para que fueran considerados aptos para la ayuda. Pero ese programa fue cancelado casi inmediatamente por una orden de prohibición. Tres años y medio después, el Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito de EE.UU. sostuvo la decisión anterior de un tribunal de distrito que decía que exámenes vagos y sin necesidad de sospecha con los beneficiarios infringían la proscripción de registros e incautaciones irrazonables de la Cuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU. y que, por lo tanto, eran inconstitucionales.

“Este fallo debería advertir el resto del país de que programas de exámenes toxicológicos como estos no son ni un uso adecuado ni eficiente de los recursos limitados de un estado”, dijo Graham Boyd, el director del Proyecto de Litigio de Políticas de Drogas de la ACLU en aquella época.

De acuerdo con el ahora renombrado Proyecto de Reforma de las Políticas de Drogas de la ACLU, que había intervenido en el caso de Michigan, los otros 49 estados habían rechazado los exámenes toxicológicos por varios motivos. Por lo menos 21 estados concluyeron que el programa “puede ser ilegal”, 17 estados aludieron a preocupaciones por los costos, 11 dieron varias razones prácticas u operacionales y 11 dijeron que absolutamente no habían pensado seriamente en los exámenes toxicológicos (algunos estados hicieron mención de más de un motivo).

Someter a los beneficiarios de prestaciones sociales a exámenes toxicológicos también ha sido rechazado por una amplia muestra representativa de las organizaciones preocupadas por la salud públicas, los derechos a la asistencia social y la reforma en las políticas de drogas, incluso la American Public Health Association, la National Association of Social Workers, Inc., la National Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors, la American College of Obstetricians and Gynecologists, el National Council on Alcoholism and Drug Dependence, la Association of Maternal and Child Health Programs, el National Health Law Project, la National Association on Alcohol, Drugs and Disability, Inc., National Advocates for Pregnant Women, el National Black Women's Health Project, el Legal Action Center, la National Welfare Rights Union, el Youth Law Center, el Juvenile Law Center y la National Coalition for Child Protection Reform.

Pero eso no ha detenido a políticos ansiosos por asumir una postura por las espaldas de los más vulnerables de la sociedad. Valiéndose de retóricas impresionantemente parecidas, legisladores por todo EE.UU. están exigiendo que se examinen a los que tratan de conseguir beneficios.

En Virginia Occidental, el diputado Craig Blair (R-Berkeley County) ha creado un sitio web, Not With My Tax Dollars [No con el dinero de mis impuestos], para divulgar su proyecto, que se aplicaría a cualquiera que trate de conseguir prestaciones sociales, cupones alimenticios o seguro contra el desempleo. “Me parece que ya es hora de que hablemos en serio del problema de los usuarios de drogas ilegales que abusan de nuestro sistema de asistencia social en Virginia Occidental”, escribió en el sitio. “Deberíamos exigir exámenes toxicológicos aleatorios para cada individuo que reciba prestaciones sociales, asistencia alimenticia o subsidios de desempleo. Al fin y al cabo, más y más empleadores están exigiendo exámenes toxicológicos. ¿Por qué no asegurarse de que la gente que debería estar buscando trabajado ya cumpla con antelación los requisitos de prescindir de las drogas?”

En Florida, el senador Mike Bennett (R-Bradenton) ha patrocinado un proyecto de ley que exigiría exámenes toxicológicos aleatorios con una de cada 10 personas que traten de conseguir subsidios de desempleo. Esa gente debería “estar lista para, ser capaz de y estar dispuesta” a trabajar, le dijo al Tampa Bay Online. “Si no logran ser aprobados en un examen toxicológico para obtener subsidios de desempleo”, dijo Bennett, “entonces no pueden ser aprobados en un examen toxicológico en mi empresa de construcción”.

En Hawái, la diputada Mele Carroll (D-Distrito 13) introdujo su proyecto de “Examen Toxicológico para la Asistencia Social” el mes pasado. “La idea surgió de conocer a muchas familias y miembros de la comunidad que reciben prestaciones sociales y pueden o no utilizar algo de nuestros fondos públicos para su vicio en drogas”, le dijo Carroll a KHON en Honolulú. “Si el estado invierte dinero para ayudar a las familias, ésta puede ser una manera de echarles un vistazo a nuestras familias que están consumiendo drogas abusivamente. Hagan que respondan de sus acciones”, argumentó.

Pero dichos argumentos no funcionaron con ninguna de las organizaciones de los derechos a la asistencia social, de las libertades civiles o que tratan de la pobreza y de los cuidados al menor con quienes la Crónica conversó en las últimas semanas. Fueron unánimes en su denuncia de los exámenes toxicológicos para obtener prestaciones sociales por ser ineficaces, posiblemente inconstitucionales y totalmente de mala fe.

“¿Vuelven a someter a los beneficiarios de prestaciones sociales a exámenes toxicológicos?” preguntó una incrédula Maureen Taylor, presidenta estatal de Michigan de la National Welfare Rights Organization. “Eso es ridículo. Los tribunales lo derogaron cuando lo intentaron por aquí y deberían derogarlo otra vez. Estos políticos creen que la gente es pobre porque consume drogas y eso no pasa de una necedad”, escarneció.

“Somos a favor de Estados Unidos sin drogas y creemos que la gente que exhibe una conducta rara debería ser examinada”, dijo Taylor. “Los funcionarios electos que proponen tales cosas serían un excelente lugar para empezar. Los políticos deberían predicar con el ejemplo”.

“Es una política malísima”, dijo Frank Crabtree de la ACLU Virginia Occidental. “Son las personas más vulnerables de nuestra sociedad y sus hijos son aún más vulnerables. A esta gente la Asamblea no le tiene miedo. Tienen que lidiar con los problemas cotidianos hasta un punto en que no son tan políticamente activos y eso hace que este proyecto parezca una táctica de intimidación”.

Crabtree también trató de la legalidad de cualquier programa de esa especie. “En términos constitucionales, no creo que el estado pueda forzar a alguien a desistir de su derecho de estar libre de registros e incautaciones irrazonables para obtener beneficios públicos”, dijo Crabtree. “Parece que esto cuadra en esa categoría”.

Para Crabtree, el proyecto de Virginia Occidental era más ostentación política que una contribución seria a las políticas públicas. “Si parte de su lógica es la de que hay más consumo de drogas entre los beneficiarios de asistencia pública, ese argumento se frustra”, dijo Crabtree. “Pero esto sí atrae una cierta mentalidad refleja, lo que me lleva a pensar que esto no pasa de mucha afectación política y complacencia para con bases electorales conservadoras”.

“Soy contra esa ley tanto por motivos filosóficos como políticos”, dijo Darin Preis, director ejecutivo de la Central Missouri Community Action, que trabaja con familias pobres. “Esta propuesta haría que los asistentes sociales asumieran aún otra tarea para la cual no están preparados. Esto aumentará los costos y creará más burocracia y, con el presupuesto de nuestro estado en el aprieto en que se encuentra, no me parece que vayamos a lograrlo", dijo.

“Filosóficamente, creo que deberíamos responsabilizar a la gente por lo que queremos que haga, no por lo que no queremos que haga”, dijo Preis. “La gente quiere cuidar de sus familias, hacer lo correcto. Para mí eso simplemente no tiene sentido. Quitarle los beneficios a alguien que forcejea con problemas de toxicomanía no va a ayudarle; solamente empeorará las cosas”.

“Estos proyectos son un desperdicio de dinero en una época en que los gobiernos no tienen dinero que desperdiciar”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Además, son extremamente discriminatorios al centrarse en alguien que fuma marihuana sin verificar si alguien gasta su cheque en alcohol o juegos de suerte o vacaciones. Lo importante es que aun si alguien esté consumiendo drogas, eso no quiere decir que deban negarle asistencia pública, asistencia sanitaria o cualquier otra cosa a que tengan derecho los ciudadanos. Estos proyectos de ley son innecesariamente crueles y muestran que algunos políticos todavía creen que meterse con la gente vulnerable que sufre de problemas de toxicomanía es para su bien”.

Los proyectos de ley que buscan someter a la gente que trata de conseguir subsidios de desempleo a exámenes toxicológicos son aún más perniciosos, dijo Piper. “Los subsidios de paro son cosas que la gente paga cuando está trabajando, no son un regalo del estado”, dijo. “Si uno está desempleado, uno ganó esos beneficios y no debería tener que probar nada a nadie”.

“Someter a los beneficiarios de prestaciones sociales a exámenes toxicológicos es una política terriblemente equivocada”, dijo Hilary McQuie, directora de la Harm Reduction Coalition para la región oeste. “Si encuentran a la gente y la cortan de la lista, ¿cuál es el resultado final? Hay que ver el resultado final”.

Los legisladores que proponen someter a los beneficiarios de prestaciones sociales o subsidios de desempleo a exámenes toxicológicos cuentan con la oposición de una amplia gama de organizaciones y también del buen sentido y de la dignidad. Pero nada de eso ha impedido que leyes igualmente perniciosas fueran aprobadas en el pasado. Hay que observar estos proyectos de ley.