La policía en el pequeño pueblo de Tenaha en Tejas, cerca de la frontera con Luisiana, ha encontrado una manera de convertir la imposición de la ley en un negocio ilegal rentable. De acuerdo con una demanda federal interpuesta recientemente, la policía detenía rutinariamente a los conductores pasantes – la gran mayoría de ellos era negra – y los amenazaba con arrestos por delitos graves según cargos como blanqueo de capitales a menos que aceptaran traspasar la posesión de sus bienes en el acto.

[inline:doj_asset_forfeiture.gif align=left caption="enseñando el mal: logotipo del programa de incautación de activos del Ministerio de Justicia de EE.UU."]Más de 140 personas aceptaron ese tómelo o déjelo entre junio del 2006 y junio del 2008, de acuerdo con registros judiciales citados por el Chicago Tribune, que publicó un largo artículo sobre la práctica esta semana. Entre ellas estaba una abuela negra que entregó US$ 4.000 en efectivo y una pareja interracial de Houston que cedió US$ 6.000 en efectivo después que la policía amenazó arrestarla y mandar sus hijos al cuidado tutelar. Ni la pareja ni la abuela fueron acusadas de algún delito.

El formulario de renuncia que la pareja firmó para ceder sus derechos es particularmente escalofriante. “Estamos de acuerdo que este caso puede ser aceptado y considerado por el Tribunal sin que recibamos más notificaciones durante este procedimiento. A cambio de este acuerdo, no se presentará ningún cargo criminal contra cualquiera de nosotros a consecuencia de este caso y nuestros hijos no serán entregados al Servicio de Protección al Menor”.

Los funcionarios en Tenaha, ubicada en una autopista de bastante tránsito entre Houston y populares destinos de juego en Luisiana, dijeron que estaban luchando contra el narcotráfico y actuando en conformidad con la legislación estatal sobre la incautación de activos, la cual permite que las agencias policíacas municipales se queden con el dinero proveniente de la droga y otros bienes utilizados en la comisión de un delito.

“Aquí intentamos imponer la ley”, dijo George Bowers, alcalde del municipio de 1.046 habitantes, donde negocios tapados con tablas superan numéricamente a los abiertos y el Ayuntamiento tiene una ventana rota. “No estamos haciendo esto para recaudar dinero. Eso voy a decir en este momento”, le dijo él al Tribune.

Pero abogados de derechos civiles dijeron que lo que Tenaha estaba haciendo equivalía a salteo e interpusieron una demanda colectiva federal para detener la práctica. Los funcionarios de Tenaha “han desarrollado una práctica ilegal de ‘hacer parar e incautar’ que, por lo visto, objetivó, hizo parar, detuvo, registró y frecuentemente incautó bienes de ciudadanos no blancos y de los que viajaban con ciudadanos no blancos”, de acuerdo con la querella cursada en el Tribunal de Distrito Federal de EE.UU. en el Distrito Oriental de Tejas.

Uno de los abogados involucrados, David Guillory de Nacogdoches, le dijo al Tribune que ahondó en los registros judiciales comarcales y descubrió casi 200 casos en que la Policía de Tenaha había confiscado dinero y bienes de conductores. Solamente en 50 de esos se presentaron cargos de delitos de drogas. Pero eso no impidió que la policía incautara dinero, joyas, celulares y aun autos de los conductores que no fueron encontrados con contrabando ni acusados de algún delito.

La práctica era tan rutinaria en Tenaha que Guillory logró encontrar afidávits policíacos prefirmados y precertificados solamente sin la descripción del “contrabando” que sería incautado.

“Todo esto se destina desproporcionadamente hacia las minorías, particularmente los afroamericanos”, dijo Guillory. “Ninguna de estas personas ha sido acusada de algún delito, ninguna tenía parte en algo que parecía criminoso. El único factor es el de que poseían algo que parecía valioso”.

No es Tenaha solamente y no son sólo los negros. Los hispanos en Tejas alegan que también son víctimas de batidas e incautaciones discriminatorias en las carreteras. La práctica es especialmente dominante en el puñado de autopistas estadounidenses que lleva al sur desde la ruta I-10 hacia México.

Un destacado legislador estatal, el senador John Whitmire, presidente del Comité sobre la Justicia Penal del Senado de EE.UU., dijo que la policía por todo el estado está cada vez más dependiendo de las incautaciones para financiar sus presupuestos operacionales. “Si es utilizada adecuadamente, es una buena herramienta de imposición de la ley ver que el crimen no compensa”, dijo Whitmire. “Pero en este caso en que hacen parar a la gente para quitarle sus bienes sin que presenten cargos y sin condenaciones, me parece robo”.

Whitmire dijo que el problema va más allá de Tenaha y que va a hacer algo al respecto. El lunes él introdujo un proyecto de ley que exigiría que la policía pasara por un juez antes de intentar confiscar bienes conforme a la legislación de incautación de bienes. En última instancia, dijo, busca una ley que permita que la policía incaute bienes solamente después que un sospechoso sea acusado y condenado por la Justicia.

“La ley se ha desviado de lo que se pretendía, que era agarrar los beneficios de la oleada de delitos de un bandido y utilizarlos para más lucha contra la delincuencia”, dijo Whitmire. “Ahora están siendo utilizados en su mayor parte para pagar los sueldos de los policías – y están abusando de ellos porque ni siquiera hay que ser bandido para perder los propios bienes”.