Dos destacados grupos de las libertades civiles, la Fundación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en inglés) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han intervenido en un caso que tramita en un tribunal federal de apelaciones en Washington, DC. Los dos grupos han presentado un alegato (en inglés) que le insta al tribunal a que rechace por ser inconstitucional la puesta subrepticia de aparatos de Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés) de parte de la policía en vehículos pertenecientes a sospechosos sin que tenga una orden de registro. Hacerlo sin una orden judicial fundamentada en la causa probable viola las garantías de la Cuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU. contra registros e incautaciones irrazonables, argumentaron los grupos.

Se presentó el alegato en EE.UU. vs. Jones, en que Lawrence Maynard y Antoine Jones fueron investigados por la policía por presunto narcotráfico. Durante la investigación, la policía puso un aparato GPS en el vehículo de Jones, investigó a los dos y los acosó con informantes. En fin fueron arrestados y las autoridades incautaron 91 kilogramos de cocaína, 454 g de piedra de cocaína y US$ 850.000 en efectivo. Jones recurrió con el argumento de que poner un aparato GPS en su vehículo sin orden judicial violaba sus derechos según la Cuarta Enmienda.

“La Corte Suprema [de EE.UU.] ha reconocido que puede ocurrir un registro conforme a la Cuarta Enmienda a través de la utilización de tecnología avanzada para revelar información detallada y personal sobre individuos”, dijo el alegato conjunto. “Estas características se aplican al rastreo por GPS y por consiguiente una orden judicial debería ser necesaria para su uso no consentido. Dicho fallo también concuerda con el rechazo de la opinión pública de la vigilancia policíaca del ‘Gran Hermano’ y con las pruebas empíricas de que los estadounidenses tienen una alta expectativa de privacidad de que cada movimiento suyo en automóvil o a pie no será rastreado ni registrado a distancia por partes privadas o la fuerza pública”.

La EFF y la ACLU señalan que los tribunales federales estadounidenses habían impuesto límites anteriormente al uso de nuevas tecnologías para obtener información sin orden judicial. Por ejemplo, la Corte Suprema de EE.UU. impidió la utilización de la termografía del hogar de una persona sin orden judicial.

El grupo también argumentó que el rastreo por GPS sin orden judicial puede socavar los derechos de la Primera Enmienda a asociarse en privado con otros al permitir que el gobierno rastree sus paraderos sin que lo sepan. “El rastreo por GPS puede revelar si una persona hace consultas en los centros de salud de Planned Parenthood, si es cliente de un bar gay o si asiste a una reunión de una organización política impopular”, declara el alegato.

Los grupos también advirtieron que los aparatos GPS se están poniendo más sofisticados y más versátiles. Ahora algunos funcionan bajo techo, mientras que otros asumen la forma de dardos que pueden ser disparados contra vehículos en fuga. “En resumen, el rastreo por GPS a distancia sin orden judicial invade la expectativa razonable que los individuos tienen de no ser rastreados electrónicamente las veinticuatro horas del día durante largos períodos de tiempo”, concluyó el alegato.