En respuesta a una pregunta durante una rueda de prensa el miércoles, Eric Holder, fiscal general de EE.UU., dijo que el Ministerio de Justicia de EE.UU. ya no va a allanar dispensarios de marihuana medicinal en los estados en que sean legales según la legislación estatal. El anuncio marca el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Obama y también el fin de 13 años de resistencia federal terca a los programas estatales de marihuana medicinal.

Las redadas de la DEA contra instalaciones de marihuana medicinal en California prosiguieron después de la elección de Obama en noviembre y aun después de su toma de posesión el mes pasado. Preguntaron a Holder si aquellas redadas representaban la política del Ministerio de Justicia de EE.UU. en la nueva administración.

“Poco tiempo después de la toma de posesión hubo redadas contra los dispensarios de marihuana medicinal de California. ¿Espera que continúen?” preguntó el reportero mientras observaba que el presidente había prometido en campaña terminar con las redadas.

“No”, contestó Holder. “Lo que el presidente dijo durante la campaña, quedará sorprendido al saber, será coherente con lo que haremos en la imposición de la ley. Él fue mi jefe durante la campaña. Ahora es mi jefe formalmente, técnicamente y conforme a derecho. Lo que dijo durante la campaña ahora es la política pública estadounidense”. (Vea el vídeo en inglés aquí.)

Casi 75 millones de estadounidenses viven en los 13 estados en que la marihuana medicinal es legal. Pero a causa de la negación del gobierno federal a reconocer la legislación estatal sobre la marihuana medicinal, decenas de dispensarios en California han sido allanados por la DEA, normalmente en operativos exagerados a la paramilitar. Más de cien personas hacen frente a enjuiciamiento, condenación o ya están en prisión según la durísima legislación federal sobre la marihuana en razón de sus roles en el manejo de dispensarios.

“Ha habido muchos daños colaterales en la campaña federal contra los pacientes consumidores de marihuana medicinal”, dijo Steph Sherer, paciente consumidora de marihuana medicinal y directora ejecutiva de Americans for Safe Access (ASA, por sus siglas en inglés), la organización de militancia pro cannabis medicinal más grande de EE.UU. “Necesitamos detener los enjuiciamientos, hacer que los presos regresen a sus casas y empezar a trabajar en la eliminación del conflicto entre las legislaciones estatal y federal sobre la marihuana medicinal”.

En una rueda de prensa que ASA convocó a toda prisa para el jueves por la tarde, Sherer lo explicó en detalles. “Me alegro muchísimo por finalmente celebrar una rueda de prensa con una noticia estupenda”, dijo. “El día de hoy es una victoria y un enorme paso adelante en lo que a veces ha sido un período cruel y trágico. Millones de estadounidenses compartieron mi indignación por las redadas y ahora nuestra voz colectiva ha sido escuchada en Washington. Ansiamos trabajar con el gobierno Obama para armonizar los conflictos con la legislación estatal de una vez por todas”.

[inline:charlielynch.gif align=right caption="Charlie Lynch (de friendsofccl.com)"]Pero para algunos pacientes y gerentes de dispensarios, ya se ha hecho el daño. Larry Epstein maneja un colectivo dispensario de cannabis medicinal legal en Marina Del Rey, California, que fue allanado por la Administración de Represión a Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) el 04 de febrero, pese a las declaraciones del presidente Obama en campaña que indicaban un cambio en las políticas federales estadounidenses.

“Habíamos estado funcionando como un dispensario cooperativo legítimo por la ley de California hace cantidad de años”, dijo Epstein. “Pero la DEA vino como si estuviéramos manejando un cartel de drogas ilícitas. Se robaron nuestros bienes, todos nuestros productos y congelaron nuestras cuentas bancarias. Ahora no podemos pagar nuestros impuestos; es parte de lo que se robaron. Es devastador cuando hacen esas especies de acciones, a ellos no les importan los cientos de pacientes que dependen de nuestro establecimiento para comprar sus remedios”.

Heather Poet maneja un colectivo que dispensa cannabis medicinal en Santa Bárbara, California. El Ministerio de Justicia de EE.UU. ha presionado a su casero para que desaloje al colectivo valiéndose de amenazas de enjuiciamiento e incautación civil de activos. Su caso instigó a la diputada federal Lois Capps (D-CA) a pedir al fiscal general Holder que detenga cualquier enjuiciamiento de propietarios en una carta del 16 de febrero.

“Nuestro casero ha sido amenazado dos veces por el procurador del Distrito Central de California, de la última vez justo el mes pasado”, dijo Poet. “Si no iniciara la rescisión de nuestro inquilinato por el ‘uso ilegal’ de su propiedad – funcionábamos legalmente según la legislación de California -, empezarían los trámites de incautación contra su propiedad. En ese momento me puse en contacto con la diputada Capps. En una semana ella había contactado a ASA y había empezado a redactar aquella carta. Estamos muy agradecidos y ella nos enorgullece mucho por trabajar con tanta rapidez para proteger nuestros derechos y los de nuestros pacientes. Ha sido una verdadera farsa para tantos enfermos en California quienes han tenido que preocuparse. Ahora miles de personas podrán respirar más aliviados”.

Una persona que no está respirando más aliviada todavía es Charles C. Lynch, el gerente de un dispensario de Morro Bay arrestado y condenado por cargos federales de distribución de marihuana. Lynch hace frente a la distinción ambigua de quizá ser la última persona reducida a prisión en la guerra federal contra la marihuana medicinal; él puede recibir por lo menos una condena mínima de cinco años cuando sea sentenciado el 23 de marzo.

“Me convertí en un paciente de marihuana medicinal en el 2005 y decidí que necesitábamos un dispensario aquí en la región de San Luis Obispo para que los pacientes no tuvieran que manejar 150 kilómetros hasta Santa Bárbara”, explicó Lynch. “Antes de que inaugurara el dispensario, llamé a la DEA y les pregunté cuál era su política. Me dijeron que quienes decidían eran las ciudades y los municipios, entonces obtuve una licencia comercial de la Ciudad de Morro Bay e inauguré el negocio el 1º de abril del 2006. El alcalde, el fiscal de la ciudad y los concejales vinieron a visitar el establecimiento. Aun nos filiamos a la Cámara de Comercio de Morro Bay. Hice todo lo que creía necesario para administrar un negocio legítimo”.

Pero gracias a un alguacil reacio de la región que, sin ninguna base para ir tras el dispensario conforme a la legislación estatal, azuzó a la DEA, el dispensario de Lynch fue allanado. “En marzo del 2007, allanaron mi comercio, se llevaron todo mi dinero y congelaron mi cuenta bancaria. Hicieron parecer que estaba vendiendo drogas a niños en el patio de recreo. La Ciudad de Morro Bay volvió a emitir mi licencia comercial – la DEA la había robado también – y reanudé mis actividades. Dos semanas después, la DEA amenazó a mi casero con una incautación a menos que nos desalojara definitivamente, entonces el 16 de marzo del 2007, el dispensario cerró definitivamente”.

Eso ha sido suficiente para saciar la sed de venganza de los federales en muchas redadas contra dispensarios: Destrozar las dependencias, robarse el dinero y los bienes y llevar el negocio a la extinción. Pero en otros casos los procuradores federales querían una libra de carne extra y realmente enjuiciaban a los gerentes de dispensarios. Charles Lynch figura en esa segunda desdichada categoría.

“El 17 de julio del 2007 desperté con agentes federales arrojando violentamente mi puerta con una orden de arresto por cargos federales de distribución de marihuana”, relató Lynch. “Tenía antecedentes impecables, pero tuve que pagar una fianza de US$ 400.000 para librarme de la detención federal. La DEA y el alguacil hicieron todo lo que podían para difamarme, destruirme y destruir mi vida. Ahora he sido declarado culpable de cinco cargos de distribución y aguardo la sentencia. Voy a declararme en quiebra, mis amigos temen conversar conmigo porque los federales me vigilan de cerca. Han destruido mi vida”.

Claro está que el anuncio del fiscal general Holder el miércoles es un adelanto de suma importancia para el movimiento pro marihuana medicinal. De un modo igualmente claro, todavía hay líos que limpiar e injusticias que enderezar. Solamente cuando nadie permanezca en prisión federal o sea amenazado con ella por ayudar a pacientes enfermos es que el movimiento pro marihuana medicinal habrá logrado la verdadera justicia.