El viernes pasado, un juez del tribunal superior en Aberdeen, Dakota del Sur, dispensó una acción judicial que desafía la constitucionalidad de la disposición antidroga de la Ley de Enseñanza Superior [Higher Education Act], que impide a los estudiantes de recibir asistencia financiera federal si reciben una condena por drogas mientras están en la facultad. La acción había sido abierta por tres estudiantes individuales – dos reclutados por la DRCNet – con el respaldo del Students for Sensible Drug Policy y del Proyecto de Reforma de la Ley Sobre las Drogas de la ACLU.

De acuerdo con la disposición antidroga de la HEA, cerca de 200.000 estudiantes no han recibido el auxilio financiero. Como aprobada originalmente, la disposición antidroga se aplicaba a cualquier condena por drogas, pero bajo el ataque creciente de educadores, estudiantes y grupos de los derechos civiles, el defensor de la ley, el Dip. Mark Souder (R-IN), redactó un “arreglo” que la limitaba a delitos de drogas cometidos mientras los estudiantes están en la facultad. La reforma parcial de la ley hecha por Souder fue aprobada a principios de este año como parte de un paquete educacional general. Pero, esa reforma no satisface a los opositores de la ley, que buscan la revocación total.

En la acción judicial, la ACLU debatió que la HEA infringía la Quinta Enmienda en dos puntos. Primero, debatió el grupo, al destacar a los infractores de la legislación antidroga, la ley violaba la cláusula de debido proceso de la enmienda. Segundo, la disposición antidroga de la HEA significaba doble riesgo al penalizar un estudiante dos veces por la misma infracción.

Pero, el juez federal Charles Kornmann no estuvo de acuerdo. En su decisión concediendo la moción de dispensa del gobierno, él rechazó ambos argumentos de la Quinta Enmienda. Pero, Kornmann estuvo de acuerdo que la disposición es injusta. “Es verdad”, escribió, “como señalado por los demandantes, que los estudiantes condenados por tener pequeñas cantidades de marihuana puedan ser impedidos de recibir auxilio financiero federal aunque aquellos estudiantes condenados de crímenes de sangre o crímenes sexuales no sufran un destino similar. Sin embargo, el mero hecho de que la clasificación resulte en alguna desigualdad no infringe en sí y por sí la Constitución”.

“Esta decisión está muy equivocada. Es completamente irracional reducir el abuso químico al echar a los estudiantes de la facultad. Poner vallas en el camino a la educación sólo causa más abuso químico”, dijo Kris Krane, director ejecutivo del SSDP. “Es infeliz que los estudiantes no hayan tenido su vez en la corte, pero prontamente nosotros seremos oídos en los salones del Congreso. El 17 de Noviembre, centenas de miembros del SSDP llevarán nuestras preocupaciones directamente a la puerta de los legisladores cuando nos reunamos en Washington, DC para nuestro día nacional de presión. La Ley de Remoción de Impedimentos a la Educación de los Estudiantes [Removing Impediments to Students' Education (RISE) Act], que revocaría la pena, ya tiene 71 codefensores”.

Según las últimas informaciones, no se ha tomado una decisión en cuanto a recurrir o no de la decisión.