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El martes agentes de la DEA allanaron cuatro dispensarios de marihuana medicinal en la región de Los Ángeles, siendo dos en Venice, uno en Marina Del Rey y otro en Playa del Rey. Las redadas sucedieron dos semanas después que el presidente Obama tomó posesión y al mismo día en que Eric Holder fue confirmado como jefe del Ministerio de Justicia de EE.UU., la agencia que supervisa los operativos de la DEA. Es la segunda vez que sucede este incidente en el gobierno Obama, siendo que el primero fue una redada del 22 de enero contra un dispensario de marihuana medicinal en South Lake Tahoe.

[inline:sfdispensaryraid.jpg align=left caption="redada de la DEA y de la Policía de San Francisco contra dispensario en mayo de 2008 (por cortesía de Indymedia Bahía de San Francisco)"]El presidente Obama repitió varias veces durante la campaña su promesa de detener las redadas contra los dispensarios que funcionan dentro de la ley de California sobre la marihuana medicinal, y, el miércoles por la noche, el vocero Nick Shapiro de la Casa Blanca le decía al Washington Times que las redadas terminaría tan pronto se nombraran a los nuevos funcionarios del Ministerio de Justicia de EE.UU.

“El presidente cree que los recursos federales no deben ser utilizados para sortear la legislación estatal y, mientras continúa nombrando a líderes séniores para ocupar las filas del gobierno federal estadounidense, espera que revisen sus políticas con ello en cuenta”, dijo Shapiro.

Las redadas sucedieron un día antes de que la National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML, por sus siglas en inglés) anunciara que había encargado una encuesta de Zogby International que descubrió un apoyo abrumador al término de las redadas de la DEA. La encuesta hizo la siguiente pregunta: “Durante la campaña presidencial, Barack Obama dijo que iba a detener las redadas federales contra los proveedores de marihuana medicinal en los 13 estados en que la marihuana medicinal ha sido legalizada. ¿El presidente Obama debería cumplir con su palabra y terminar con dichas redadas?”

Más de dos para uno en todos los grupos geográficos, demográficos y políticos contestaron que “sí”. Total, un 72% de los encuestados se manifestó a favor del fin de las redadas.

Nadie fue arrestado en las redadas del martes, pero, como suele ocurrir, los agentes de la DEA tiraron puertas, incautaron marihuana destinada a pacientes, dinero y computadoras. Varios dependientes de los dispensarios les dijeron a las organizaciones activistas californianas que los agentes actuaran con aún más agresividad que lo normal.

“Esas redadas no pasaron de piratería”, dijo Dale Gieringer, director de la NORML California. “La conducta de los agentes fue poco profesional y vengativa. Las llamaron ‘investigaciones’, pero pasan nomás, se roban remedio y dinero y rompen las cosas”.

Gieringer aludió a informes que había recibido de que agentes de la DEA destruyeron cámaras de vigilancia en por lo menos una ubicación, posiblemente destruyeron el disco duro de una computadora en otra y de aún otra se agarraron bolsas de dinero sin contarlas ni proporcionar un recibo.

“¿A qué interés sirve eso?” preguntó Gieringer. “Además, no contar el dinero, de verdad que eso no se hace. Hay que investigar todo esto; no sirve a ningún fin legítimo. Y escogieron lugares que eran modestos, bien controlados, legales según la legislación estatal y que no incomodaban a nadie. Eso es bien canallesco”.

La Crónica de la Guerra Contra las Drogas se puso en contacto con los cuatro dispensarios atacados por la DEA el martes, pero, en cada caso, o nadie estaba o nadie estaba dispuesto a hablar de las redadas. Sarah Pullen, vocera de la DEA en Los Ángeles, quien suele conversar con la Crónica, tampoco atendió a los repetidos pedidos de comentarios.

Pullen sí conversó con el Los Angeles Times, pero no tuvo mucho que decir. “No puedo entrar en detalles en cuanto a la causa probable detrás de las órdenes salvo para decir que trataban con marihuana, que es ilegal conforme a la legislación federal”, dijo.

Pero Kris Hermes, vocero de Americans for Safe Access (ASA, por sus siglas en inglés), dijo que las alegaciones de mala conducta de la DEA durante las redadas no eran ninguna novedad. “Nos han informado que los agentes de la DEA no contaron el dinero ni proporcionaron recibos y también que hubo casos de agentes que rompieron cámaras de vigilancia puestas en las instalaciones para grabar lo que sucedía adentro y afuera”, dijo. “Hace unos cuantos meses en Long Beach, mientras los agentes federales destrozaban videocámaras, otras cámaras los filmaban haciéndolo y enviaban las imágenes al servidor fuera del sitio, entonces, en este caso, por lo menos, hay pruebas en vídeo de que hacen justamente aquello de que vuelven a acusarlos”.

Hermes también indicó que, aun sin las actividades extracurriculares, las redadas de la DEA contra los dispensarios son duras y truculentas. “Si uno los ve destrozando puertas y ventanas y arrasando cualquier bien en una instalación, eso es rutinario y ha estado pasando durante los últimos años”, dijo. “Entran con equipos paramilitares, chalecos antibalas, armas automáticas, a veces aun con máscaras de esquí, destruyen lo que hay adentro, se agarran remedios, dinero, computadoras e historias clínicas y arrasan el lugar”.

“Es desconcertante”, dijo Bruce Mirken, director de comunicación del Marijuana Policy Project en San Francisco. “A estas alturas es imposible saber qué escalón lo autorizó y si fueron remanentes de Bush haciendo todavía lo que han estado haciendo, pero el candidato Obama hizo una promesa sobre esto y es tiempo de que la cumpla”, declaró el miércoles, antes de que apareciera la respuesta de la Casa Blanca en los medios.

“Eso debe querer decir que es tiempo de una señora barredura en la DEA y tal es lo correcto que hacer, no sólo moralmente, sino políticamente también”, dijo Mirken. “California votó por Obama, así como 11 de los 13 estados con marihuana medicinal, incluso estados tradicionalmente republicanos como Colorado, Nevada y Nuevo México que pasaron a la columna Obama en las elecciones de noviembre. Además, en Michigan la marihuana medicinal se sacó más puntos que Obama en las encuestas. No hay inconveniente para que Obama haga lo correcto”.

Mirken cambió para un tono considerablemente más contento el jueves por la mañana. “Los comentarios de la Casa Blanca anoche son importantísimos”, dijo. “Es una ruptura histórica con 13 años de políticas federales desde la aprobación de la Propuesta 215 [Proposition 215] en 1996. La simple decisión de que no se deben utilizar recursos federales para socavar la legislación estatal sobre la marihuana medicinal es un cambio fundamental de las políticas llevadas a cabo no solamente por Bush, sino también por Clinton”, dijo.

“Por supuesto que mucho va a depender del seguimiento”, prosiguió Mirken, “pero es una clara señal a la gente de la DEA de que ha cambiado el juego. Ahora hay que ver qué pasa a continuación, tanto en relación con asegurar que realmente detengan las redadas como, en términos generales, con que el gobierno Obama adopte el tema general de respeto por la ciencia y fundamentación de las políticas en hechos, no en la ideología. Me parece que esto es el principio del fin de una política federal trágica y burra y todo lo que puedo decir es gracias a Dios”.

Durante la larga campaña presidencial, el entonces senador Obama declaró en agosto de 2007 que “no haría que el Ministerio de Justicia persiguiera y allanara a consumidores de marihuana medicinal […] No es un buen uso de nuestros recursos”. Em marzo de 2008, lo reiteró: “No voy a valerme de los recursos del Ministerio de Justicia para intentar sortear la legislación estatal respecto a esta cuestión”.

Dos meses después, un vocero de Obama le dijo al San Francisco Chronicle: “Los votantes y legisladores en los estados – de California y Nevada a Maine – han decidido proveer marihuana medicinal a sus habitantes que padecen de enfermedades crónicas y dolencias graves como el sida y el cáncer para aliviar sus dolores y sufrimiento. Obama es a favor de los derechos de los estados y de los gobiernos municipales para que tomen esta decisión”.

Como es lógico, el ASA, el grupo más grande de militancia pro marihuana de EE.UU., interrumpió con pedidos de que el presidente Obama y el fiscal general Holder conviertan las promesas en políticas. “En cuanto al nuevo fiscal general, una de las más altas prioridades de Eric Holder debe ser la de terminar con estas redadas perniciosas contra los proveedores de marihuana medicinal autorizados por el estado”, dijo Caren Woodson, directora de asuntos gubernamentales del ASA. “Además, hasta que se confirme un nuevo director de la DEA, Holder tiene la responsabilidad de parar la política existente llevada a cabo por los funcionarios del gobierno Bush. El fiscal general Holder tiene el poder de detener esta política perniciosa y anticuada”, dijo Woodson. “Y debe hacerlo inmediatamente”.

Otros grupos de las políticas de drogas también sumaron sus voces. “Cuando el presidente Bush estaba en campaña en el 2000, prometió no interferir en la legislación estatal sobre la marihuana medicinal, pero eso resultó ser una mentira ya que la DEA pasó a aterrorizar a los pacientes y proveedores de marihuana medicinal al allanar a decenas de dispensarios por toda California”, dijo Stephen Gutwillig, director de la Drug Policy Alliance (DPA, por sus siglas en inglés) en California. “El presidente Obama dijo en campaña que estas redadas terminarían en su administración y millones le creyeron. Esperamos que estas recientes redadas no representen la política oficial del gobierno y que Obama ordene inequívocamente a las agencias federales que paren de acosar a los pacientes y proveedores de marihuana medicinal en California”.

“El presidente Obama necesita enseñarles quién manda a las agencias federales”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la DPA. “Si no le da fin a estas redadas, la DEA seguirá socavando sus promesas de campaña”.

Hacia el jueves por la mañana, el ASA felicitaba provisoriamente a la Casa Blanca por su reiteración de aquellas promesas de campaña. “Más de 72 millones de personas viven en un estado que ha promulgado leyes que autorizan el consumo y la distribución limitados de cannabis para uso terapéutico”, dijo Woodson. “Los comentarios de la Casa Blanca han proporcionado a los pacientes y sus seres queridos un sentimiento de alivio y esperamos que el presidente y nuestro fiscal general tengan esta promesa en cuenta cuando piensen en nombramientos para la DEA y el Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas”.

Tal vez, por fin, despunte un nuevo día cuando se trata de la postura del gobierno federal estadounidense respecto a la marihuana medicinal. Pero lo dirán las semanas y meses a continuación.