El miércoles la Cámara de Diputados de EE.UU. aprobó un proyecto de estímulo económico de US$ 819 mil millones con el apoyo de los líderes demócratas y del presidente Obama. Los US$ 4 mil millones en fondos para la “seguridad pública” en ello cuenta con US$ 3 mil millones para el programa Subvenciones Byrne para la Acción de la Justicia y US$ 1 mil millones para el programa Vigilancia Policíaca Orientada hacia la Comunidad (COPS, por sus siglas en inglés). (Para una cobertura detallada del programa de subvenciones Byrne, el cual financia los destacamentos antidrogas que actúan en varias jurisdicciones, véase nuestro reportaje de la semana pasada aquí.) Pero los partidarios de la reforma, incluso 15 organizaciones nacionales, piden la eliminación o reasignación de los fondos y esperan que el Senado les haga caso.

[inline:taskforce.gif align=right]En un comunicado de prensa el martes, los grupos advirtieron que “un ‘estímulo’ dirigido hacia la fuerza pública está equivocado y puede ser contraproducente al aumentar los arrestos y encarcelamientos costosos por delitos leves”. En cambio, los grupos pidieron US$ 4 mil millones para gastar en “abordajes más abarcadores” que reduzcan los índices de encarcelación y disminuyan los gastos con cárceles, prisiones y policía. Pidieron que vuelvan a concentrar los gastos en educación, capacitación profesional, tratamiento y demás programas que hayan comprobado estimular a las comunidades y economías locales.

“La seguridad económica es un elemento crucial de una estrategia eficaz de seguridad pública, pero estos fondos no estimularán ni la Calle Principal ni las calles seguras”, dijo Tracy Velázquez, directora ejecutiva del Justice Policy Institute (JPI, por sus siglas en inglés), una organización de investigación que estudia alternativas a la encarcelación. “En vez de invertir nuestros limitados recursos en lo más caro y profundo del sistema – la policía y las prisiones -, es tiempo de mover más fondos hacia arriba, a las especies de empleos y programas que han comprobado promover la seguridad y apuntalar a las comunidades”.

Según el gobierno Bush, tanto las subvenciones Byrne como el programa COPS fueron cortados porque “no lograron demostrar el impacto sobre la reducción de la delincuencia” y porque “la falta de metas y medidas a largo plazo” de las subvenciones Byrne “inhibieron la asignación de recursos para tratar de necesidades relacionadas con la delincuencia”, como lo manifestó el Gabinete de Administración y Presupuesto.

“Un equívoco de US$ 4 mil millones ahora será ampliado en el futuro; las cárceles y prisiones seguirán creciendo a expensas de estados y comarcas, que serán forzados a encontrar fondos para apresar a la gente en el corte de servicios comunitarios cruciales”, dijo Velázquez. “Aprovechemos esta oportunidad para ir por buen camino al invertir en un futuro más positivo”.

Ahora el proyecto de ley se dirige al Senado.

Los grupos que piden la eliminación de las subvenciones Byrne y de los fondos para el COPS son: la Unión Americana de las Libertades Civiles, la American Humane Association, la American Psychological Association, el Center for Children's Law and Policy, la Drug Policy Alliance, la Interfaith Drug Policy Initiative, el Justice Policy Institute, el Open Society Policy Center, la National Black Police Association, el National Council on Crime and Delinquency, el Rebecca Project for Human Rights, el Sentencing Project, Students for Sensible Drug Policy, la United Methodist Church y Youth Represent.