[inline:douglasaz.jpg align=left caption="Complejo Penitenciario Estatal de Arizona en Douglas"]Si hay algún consuelo en el actual desastre económico, fiscal y presupuestario que aflige a EE.UU., puede que uno de ellos sea que el aprieto presupuestario en las Asambleas estatales por todo EE.UU. quiere decir que aun programas antes sacrosantos corren el riesgo de ser cortados. Como los infractores de la legislación antidroga ocupan aproximadamente del 20% al 25% de las celdas en cualquier estado, los presupuestos carcelarios pasan por un escrutinio intenso, lo que crea oportunidades para progresar en la condenación, las prisiones y la reforma de la legislación sobre la droga de una sola vez.

En todo EE.UU., el gasto penitenciario ocupa el cuarto puesto en consumir el dinero de los presupuestos estatales y queda atrás solamente de la salud, la educación y el transporte. De acuerdo con la National Association of State Budget Officers, cinco estados – Connecticut, Delaware, Michigan, Oregón y Vermont – gastan más con prisiones que con escuelas.

Actualmente EE.UU. gasta cerca de US$ 68 mil millones al año con la administración penitenciaria, sobre todo en el ámbito estatal. Aun en una época en que la gente habla de rescates billonarios, es mucho dinero. Además, como los estados de California a las Carolinas hacen frente a aprietos presupuestarios graves, aun legisladores y funcionarios del poder ejecutivo de “orden público” están echándoles un vistazo a sus caros sistemas penitenciarios en una búsqueda cada vez más desesperada de recortar gastos.

“Si se examina la suma de dinero gastada con la administración penitenciaria en los estados, es una suma enorme”, dijo Lawanda Johnson del Justice Policy Institute. “Si lograran reducir el gasto con prisiones, definitivamente eso causaría un impacto sobre sus presupuestos estatales. Ahora unos cuantos estados empiezan a examinar sus poblaciones carcelarias y penitenciarias”, dijo.

Entre ellos:

Alabama: La Secretaría de Administración Penitenciaria del estado hace frente a un corte de un 20% en el presupuesto en el 2009. Richard Allen, secretario de Administración Penitenciaria de Alabama, les dice a los legisladores que va a intentar “podar” el número de nuevos reclusos al trabajar en la reforma condenatoria, la rehabilitación comunitaria, nuevas reglas sobre los indultos y la condicional y un programa supervisado de reinserción. El número de presos de Alabama saltó de casi 28.000 en marzo de 2006 para más de 30.000 en diciembre de 2008, un incremento que, dijo Allen, fue causado en parte porque la legislatura había creado 67 nuevos delitos desde 2001.

California: Con una población penitenciaria de más de 170.000 y el estado haciendo frente a déficits presupuestarios de proporciones gigantescas, el gobernador Arnold Schwarzenegger (R) ha sugerido eliminar la libertad condicional para todos los infractores que no cometieron ni delitos graves ni sexuales ni de sangre. Su plan reduciría la población bajo condicional en 65.000 personas, más de la mitad de las actuales 123.000 bajo condicional. También reduciría en decenas de miles el número de personas entre rejas en el Golden State al aumentar los créditos por buen comportamiento para los prisioneros que obedezcan las reglas y concluyan la rehabilitación. Esa medida podría cortar 15.000 de la población carcelaria hasta junio de 2010. La propuesta de Schwarzenegger sufre la oposición de – usted ya lo sabe – la California Correctional Peace Officers Association, para quien la encarcelación masiva es una cuestión de seguridad en el trabajo.

Colorado: El gobernador Bill Ritter (D) ha propuesto grandes cortes en el sistema penitenciario estatal, incluso el cierre de dos prisiones estatales, el retraso de la construcción o expansión de dos otras prisiones y la venta de un rancho de 4 km² de la comisaría. Dichos recortes eliminarían por lo menos 71 empleos y ahorrarían US$ 13.6 millones en el próximo año fiscal.

Kentucky: El año pasado el gobernador Steve Beshear (D) y legisladores estatales concedieron la liberación temprana a unos 1.800 prisioneros, incluso algunos infractores violentos, en un intento de reducir el déficit presupuestario de US$ 1 mil millones del estado. Pese a que Beshear y la legislatura hayan protegido la Secretaría de Administración Penitenciaria de los recortes presupuestarios que afligen casi todas las demás agencias y programas estatales, el aprieto financiero del estado convierte la aprobación de un proyecto de ley sobre el empleo del tratamiento en vez de la cárcel en algo más probable este año. Con eso el estado puede ahorrar US$ 1.47 millón.

Michigan: La gobernadora Jennifer Granholm (D) propondrá mantener los gastos con prisiones próximos a la marca de los US$ 2 mil millones en el 2010, un 57% más alto que una década atrás, pero los legisladores están a punto de rumiar propuestas de reforma del Centro de Justicia del Consejo de Gobiernos Estatales para reducir en 5.000 el número de prisioneros del estado. Hasta el 2015 habría un ahorro de US$ 262 millones más o menos, mucho menos que los ahorros de US$ 500 millones al año pedidos ahora por la Cámara de Comercio de Detroit, entre otros. Las propuestas del Centro de Justicia incluyen la disminución del tiempo medio por encima de las sentencias mínimas que los reclusos cumplen del 27% al 20%. Unos 12.000 presos ya han cumplido una pena superior a sus condenas mínimas. Dennis Schrantz, subsecretario de Administración Penitenciaria, dijo que esas propuestas eran solamente el principio y observó que el estado había cerrado nueve prisiones desde el 2003 y que cerrará tres más este año.

Misisipi: Frente a un recorte presupuestario de emergencia de US$ 6.5 millones (2%) en el presente año fiscal, la Secretaría de Administración Penitenciaria del estado toma providencias para reducir el número de presos en las cárceles comarcales y regionales y en las prisiones privadas. El estado les paga a las comarcas US$ 20 por interno por día para alojarlos y costea por lo menos US$ 31.70 por interno por día en las prisiones privadas. Chris Epps, el secretario de Administración Penitenciaria, también ha enviado una lista de 2.900 prisioneros no violentos a la junta de libertad condicional para la posible liberación temprana. La secretaría también puede conceder la liberación temprana a los presos que sufran de enfermedades graves, lo que permite que el estado recorte gastos al no tener que proporcionarles asistencia sanitaria.

Nueva York: Con un déficit de US$ 15 mil millones y una Secretaría de Administración Penitenciaria que consume US$ 2.5 mil millones al año – más que cualquier otra agencia del estado -, el gobernador David Paterson (D) busca libertar antes a 1.600 infractores y reformar o revocar la durísima legislación Rockefeller sobre la droga del estado. El presupuesto penitenciario sigue aumentando pese a una caída descomunal del 35% en la delincuencia en la última década y una población penitenciaria en los menores niveles desde los años 1980. Ahora Brian Fischer, secretario de Administración Penitenciaria, quiere cerrar los presidios para funcionarios públicos y anexos penitenciarios vacíos con mil lechos, lo que ahorraría US$ 100 millones para el estado y cortaría en 1.400 más o menos los 31.000 empleados de la Secretaría de Administración Penitenciaria mediante baja vegetativa. Es un comienzo.

Carolina del Sur: Tras estar en números rojos durante los dos últimos años, Jon Ozmint, secretario de prisiones del estado, les dijo a los legisladores que necesitaba US$ 36 millones para el año fiscal actual, lo que les dejó tres opciones a los solones: recortar los gastos con salud, educación u otros servicios; financiar la administración penitenciaria a través de la reserva o cerrar prisiones. El año pasado los legisladores rechazaron la sugerencia de Ozmint sobre ahorrar dinero al libertar a los presos antes y cerrar prisiones. Este año Ozmint sugiere que el estado reduzca el requisito de que los criminales peligrosos cumplan el 85% de su sentencia al 70%. La crisis penitenciaria de Carolina del Sur ha hecho que el Charleston Post & Courier, normalmente pro prisiones, pidiera “una condenación alternativa que pueda mantener a los infractores no violentos fuera de la prisión” y “la revisión de las sentencias mínimas obligatorias”.

Virginia: Diciéndoles a los legisladores que “queremos encerrar a la gente que tememos y no a la que nos da cólera”, esta semana Gene Johnson, secretario de Administración Penitenciaria de Virginia, comunicó al gobernador Tim Kaine (D) que quiere libertar a algunos infractores no violentos con 90 días de antelación para que el estado ahorre US$ 5 millones. Aproximadamente 1.200 reclusos cumplirían con los requisitos para la liberación temprana, dijo. Virginia ya ha cerrado cinco prisiones que empleaban a 702 personas y puede recurrir a cortes limitados, les dijo Johnson a los legisladores.

Ésta no es de ninguna manera una lista de todos los estados que forcejean con los gastos con prisiones en la crisis actual. Los costos penitenciarios están en la orden del día en las Asambleas estatales por todo el país, pero, como indica la susodicha lista, el aprieto económico proporciona aperturas para la reforma.

“En el puñado de estados que ya ha inaugurado las sesiones legislativas este año, el presupuesto penitenciario es planteado con frecuencia en las pláticas sobre el presupuesto”, dijo Ryan King, analista de The Sentencing Project. “Una serie de gobernadores ha planteado la cuestión. Seguro que va a estar en discusión. Como la recesión realmente se afirma este año, será una cuestión de suma, suma importancia”, dijo.

“A cada año que pasa, hay un reconocimiento cada vez mayor de que nos encontramos en una posición en que los estados gastan demasiado dinero para apresar y que no puede construir prisiones para solucionar el problema, pero la población penitenciaria todavía aumenta a cada año”, dijo King. “Si queremos hablar de una reducción sostenible en la población penitenciaria, hay que revisar quién va a ingresar y por cuánto tiempo y también evaluar críticamente las leyes condenatorias, revocar las mínimas obligatorias y expandir la elegibilidad para la condicional. Son grandes pasos que hay que dar”.

Todavía hay resistencia a la reforma, dijo King, pero las cosas están cambiando. “Hay una consideración mucho más general sobre enmendar las políticas para las libertades condicional y vigilada y desviar a los infractores de la legislación antidroga”, dijo. “Probablemente son las dos reformas logradas con más amplitud últimamente. Probablemente presenciaremos más, pero si vamos a pasar de desviar a unos cuantos miles de personas a realmente tratar del 1.5 millón en prisión, vamos a tener que empezar a averiguar si la gente debe quedar presa durante décadas, si realmente hay necesidad de cadena perpetua sin condicional. Los verdaderos motores del crecimiento para la población penitenciaria son las admisiones y las duraciones de las condenas y muchos legisladores aún no se sienten a gusto al conversar sobre ello”.

Tras décadas de incrementos aparentemente interminables en las sentencias y la construcción de prisiones, quizá la rueda empiece a rodar. Los políticos inmunes a súplicas con “lágrimas de cocodrilo” por la humanidad no son inmunes a los problemas económicos. Pero aunque empiece a venir el cambio, todavía le falta mucho a EE.UU. para que pierda su corona como principal encarcelador del mundo.