No hay agentes penitenciarios corruptos esta semana, pero sí tenemos una buena variedad de mala conducta en la policía y la fiscalía. Vamos a ello:

En Fairview, Oklahoma, el viernes pasado un ex sheriff de la Comarca de Custer fue condenado por cargos de violación y soborno por obtener sexo de prisioneras y reas en juzgados de delitos de drogas mediante coacción. El ex sheriff Mike Burgess, 56, fue condenado por 13 delitos, incluso cinco cargos de violación en el segundo grado y tres cargos de soborno de parte de funcionario público. Entre las deposiciones hubo las de varias ex presas que testificaron que temían ser reducidas a prisión si no le hicieran favores sexuales al sheriff, así como las de dos partícipes en juzgados de delitos de drogas. Burgess agredió sexualmente a una en su coche patrulla tras arrestarla por una infracción de las condiciones impuestas por el juzgado. El jurado recomendó que Burgess fuera sentenciado a 94 años de prisión, pero la sentencia sólo será fulminada el 24 de marzo.

En Oakland, California, el 15 de enero despidieron a 11 policías, incluso dos sargentos, por sus roles en la falsificación de afidávits de orden de registro en casos de delitos de drogas. Los policías hacían una compra de drogas, luego buscaban obtener una orden de registro de un juez al decirle que las sustancias habían sido examinadas cuando no lo habían sido. La Policía de Oakland descubrió el problema durante una investigación del consejo de policía y lo sacó al público a fines de septiembre. Ahora la ciudad hace frente a demandas de por lo menos siete personas que afirman que la Policía de Oakland “ha infringido varias veces los derechos constitucionales de los ciudadanos al inventar informaciones en informes (y) proporcionar informaciones falsas y/o intencionalmente equívocas en los afidávits de órdenes al tribunal”. También se ha sobreseído una serie de casos pendientes.

En Muncie, Indiana, el fiscal de la Comarca de Delaware debe devolver US$ 168,092 incautados ilegalmente en casos de delitos de drogas, decidió un juez de circuito federal el viernes pasado. El fiscal Mark McKinney de la Comarca de Delaware recogió los activos incautados y se cobró los honorarios del abogado en acuerdos confidenciales sin orden judicial. La ley estatal de Indiana exige una orden judicial y que se dividan los ingresos de la incautación de activos entre el gobierno y las escuelas estatales y municipales, pero, en cambio, McKinney depositó los fondos en cuentas del Destacamento Antidroga de la Comarca de Muncie-Delaware y de la Policía Municipal de Muncie. McKinney tiene 30 días para aparecer con el dinero. El subfiscal Eric Hoffman también tiene que devolver US$ 17,164. El juez del caso dijo que los dos habían perpetrado “una fraude contra el tribunal” con sus acciones.

En Huntsville, Alabama, la ciudad, el jefe de policía y un ex oficial están siendo demandados por un hombre que afirma que el policía le puso marihuana en su auto y luego lo arrestó por tenencia de marihuana. Los policías Wesley Little y Ryan Moore fueron incriminados en mayo de 2008 por cargos de adulteración de pruebas en el caso y las acusaciones contra Quincy Turner fueron sobreseídas después. Little y Moore fueron investigados después que escucharon a Little diciendo que “podría haber un poco de marihuana dentro del vehículo si hubiera necesidad”. Tanto Little como Moore dimitieron de la Policía de Huntsville en junio, pero ahora los buenos ciudadanos de Huntsville probablemente van a pagar por las fechorías de sus empleados descontrolados.