Como parte del proyecto de estímulo económico de US$ 825 mil millones aprobado por la Cámara la semana pasada, los líderes del Partido Demócrata y el gobierno Obama incluyeron US$ 3 mil millones para el controvertido programa Subvención Byrne de Auxilio a la Justicia, que financia destacamentos antidrogas compuestos de varias agencias por todo EE.UU., y US$ 1 mil millón para el programa Vigilancia Policíaca Orientada hacia la Comunidad (COPS, por sus siglas en inglés), que pagará para que miles de policías más se echen a las calles. Los grupos de presión de la represión a la droga están satisfechos, particularmente respecto a los fondos Byrne, pero otros predicen que cualquier “estímulo” que más subvenciones Byrne podrían proporcionar será seguido de un lastre fiscal en los presupuestos estatales de maneras que van más allá del dinero federal.

[inline:byrnegrantharkinpressconf04.jpg align=left caption="el senador Harkin y funcionarios de la fuerza pública de Iowa en una rueda de prensa de 2004"]En una de las pocas decisiones relacionadas con las políticas de drogas que tomó el gobierno Bush y los reformadores pudieron aclamar, a lo largo de su segundo mandato, la administración estadounidense pasada intentó reducir o eliminar los fondos para las subvenciones Byrne. Al hacerlo, les daba oídos a los temores de grupos conservadores y de contribuyentes, que llamaban el programa “un uso ineficaz e ineficiente de recursos”. Pero aunque el gobierno Bush intentara destruir el programa, el Congreso de EE.UU., todavía ligado a la mentalidad “dura con las drogas”, continuaba intentando restituir los fondos, si bien que en niveles menores.

El programa de subvenciones Byrne y especialmente su financiación de los destacamentos antidrogas llenos de escándalos que actúan en varias jurisdicciones también fueron duramente criticados por grupos de la reforma de las políticas de drogas, de los derechos civiles y de la justicia penal. Para estos críticos, el programa necesitaba seriamente de reformas a causa de incidentes como el del escándalo de Tulia en Tejas en que un policía de un destacamento financiado por Byrne logró apresar al 10% de la población negra de un municipio por falsas acusaciones de distribución de cocaína. Escándalos como el de Tulia mostraban que el programa de subvenciones Byrne “hacían más daño que bien”, escribieron los críticos en una carta de 2006 que exigía reformas.

Por supuesto, Tulia no fue el único escándalo relacionado con Byrne. Un informe de 2002 de la ACLU de Tejas descubrió 16 escándalos más que involucraban destacamentos financiados por las subvenciones Byrne en Tejas, incluso casos de manipulación de testigos, falsificación de registros del gobierno, invención de pruebas, privación ilegítima de libertad, discriminación racial y acoso sexual. Escándalos vinculados con Byrne también han ocurrido en otros estados, incluso uso indebido de millones de dólares de las subvenciones en Kentucky y Massachusetts, falsas condenaciones a causa de perjurio policíaco en Misuri y tratos con narcotraficantes para sobreseer o reducir los cargos a cambio de efectivo o vehículos en Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Nueva York, Ohío y Wisconsin.

En conformidad con sus propios imperativos de recorte presupuestario y como respuesta a los críticos de derechas e izquierdas, el gobierno Bush volvió a intentar reducir a cero el programa de subvenciones Byrne en el Año Fiscal 2008. Aunque el programa fuera realmente recortado de US$ 520 millones en el 2007, el Congreso todavía lo financió con US$ 170 millones en el 2008. Ahora, ha incorporado el programa Byrne y el COPS de la era Clinton al proyecto de estímulo económico de emergencia, lo que resultó en altos vítores de la comunidad de la fuerza pública.

“Comunidades seguras son los cimientos de una economía en crecimiento y un aumento en los fondos de Byrne JAG ayudará a los gobiernos estatal y municipal a contratar a policías, agregar a fiscales y financiar programas cruciales de tratamiento y prevención de la delincuencia”, dijo David Steingraber, presidente de la National Criminal Justice Association y director ejecutivo de la Wisconsin Office of Justice Assistance. “Aplaudo el proyecto de estímulo propuesto por los demócratas de la Cámara y presiono al Congreso a que lo apruebe rápido”.

“Esto alienta mucho”, dijo Bob Bushman, vicepresidente de la National Narcotics Officers Associations Coalition con 35 años de experiencia en la represión a la droga en Minnesota. “Nos parece una muy buena señal que esto fuera incluido en el proyecto de la Cámara. El lado de la Cámara fue donde luchamos en los últimos años. Tal vez ahora la Cámara nos haya hecho caso y tome nuestras preocupaciones más en serio”, dijo. “Construimos una amplia coalición con la gente de la fuerza pública y del tratamiento y la prevención de la toxicomanía”.

El dinero de Byrne no solamente financia los destacamentos, señaló Bushman, pese a que admitiera que en eso lo han invertido. “El dinero de Byrne es destinado a todos los 50 estados y la mayor parte de ellos lo utiliza para los destacamentos de varias jurisdicciones. Aquí en Minnesota, lo dividimos entre los destacamentos, los programas de reinserción del infractor y los juzgados de delitos de drogas”.

Aunque la respuesta de cuanto dinero de Byrne ha sido invertido en los destacamentos permanezca enterrada profundamente en las entrañas del Ministerio de Justicia de EE.UU. – parte del problema es que los 50 estados reciben subvenciones en bloque y luego deciden en el ámbito estatal la manera por que van a repartir los fondos y algunos estados son mejores que otros en presentar informes a la Justicia -, los observadores dicen que se destina una cifra conservadora de por lo menos un 25% a financiarlos y es posible que ella sea mucho más alta.

Los destacamentos son necesarios, dijo Bowman. “Aunque jamás vayamos a solucionarlo con arrestos, he visto demasiados daños causados por la toxicomanía y necesitamos toda la ayuda que podemos recibir”, dijo. “No sólo para la vigilancia policíaca, sino también para el tratamiento y la prevención y los juzgados de delitos de drogas. Necesitamos los tres pilares y el programa Byrne ayuda a los tres”.

Si la fuerza pública estaba satisfecha, no pasaba lo mismo con grupos de los derechos civiles, de contribuyentes y de la reforma de las políticas de drogas. Dijeron que estaban decepcionados con la restitución de los fondos bajo los auspicios del proyecto de estímulo económico y prometieron seguir intentando recortar o reformar el programa.

“Ahorita redactamos una carta al Congreso sobre las subvenciones Byrne”, dijo Lawanda Johnson, directora de comunicación del Justice Policy Institute, una de las organizaciones había sido signataria de la carta de la DPA de 2006. “El programa de subvenciones Byrne no es un uso eficaz de los fondos para preservar la seguridad pública o estimular la economía. El único modo por que se recibirá un empuje económico con esto es si posees acciones de Corrections Corporation of America”, se rió adustamente.

“Con tanta gente inteligente trabajando en el presupuesto y en el paquete de estímulo, se supone que entenderían que los estados buscan reducir sus poblaciones carcelarias y cambiar las políticas que han apresado a tanta gente”, dijo Johnson. “Entonces dar la vuelta y hacer que el gobierno federal de EE.UU. invierta US$ 4 mil millones en más policía y más subvenciones parece paradójico. Simplemente va a acrecentar los gastos de estados y municipalidades y ya se encuentran en dificultades”.

“Nos oponemos al proyecto derrochador de estímulo económico y nos oponemos a la inclusión de las subvenciones Byrne en ello”, dijo Leslie Paige, vocera de Citizens Against Government Waste, uno de los grupos conservadores de contribuyentes que ha sido contra las subvenciones durante los últimos años. “Si va a haber gasto del gobierno, lo mínimo que se puede hacer es asegurar que el dinero vaya a causar un impacto positivo a largo plazo sobre la economía”.

“Es una decepción, pero no una sorpresa”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Esto anula los recortes de Bush en el programa y restituye los fondos a niveles aún más altos. Al mismo tiempo en que el Congreso de EE.UU. y el gobierno Obama expresan grandes preocupaciones por las disparidades raciales y la encarcelación excesiva, siguen intentando financiar este programa, que sólo estimulará más arrestos de más infractores no violentos de la legislación antidroga”, observó Piper.

“Los demócratas lo formulan como si fuera algo de provecho en estos difíciles tiempos económicos, pero la gente que será arrestada terminará en el penal y los estados tendrán que costearlo”, señaló Piper. “Puede ser que los estados terminen pagando más a la larga. No se sabe con seguridad si esto va a estimular la economía, pero sí se sabe con seguridad que estimulará la separación de familias y la reducción de la productividad y de las rentas públicas, especialmente en comunidades ya devastadas por el impacto de la encarcelación excesiva”.

Eliminar los fondos categóricamente es improbable, dijo Piper. “No creo que exista alguna manera de impedir que lo incluyan porque el apoyo a ello es fuerte y bipartidista”, dijo. “Nadie quiere enfrentarse a la policía. Nuestra verdadera esperanza es la de que en un momento ulterior del año podamos poner algunas restricciones en el programa. En eso hemos estado trabajando. En vez de intentar recortarlo, podemos intentar usarlo para incentivar las policías estatal y municipal a cambiar la manera por que actúan. Están tan adictas a los fondos federales que pueden hacer cualquier cosa, como documentar los arrestos o tener medidas de desempeño”.

Bushman y el resto de la fuerza pública todavía no descansan con tranquilidad. “La financiación tiene que sobrevivir a vistas y llegar al presupuesto final”, observó. “Todavía no se ha hecho el trato”.

Pero parece que el Congreso de EE.UU. está en vías de financiar tres años más de subvenciones Byrne con US$ 1 mil millón al año, el nivel más alto de financiación en años. Y no se olvide de los 13.000 nuevos policías que serán costeados durante los próximos tres años por el programa COPS. Si el Congreso de EE.UU. y los policías se salen con la suya, podemos esperar más incautaciones de drogas, más enjuiciamientos, más gente sentenciada a prisión y una carga más pesada sobre presupuestos estatales ya deficitarios.