El miércoles la Administración de Represión a Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) obstaculizó la labor de años de un investigador de la Universidad de Massachusetts-Amherst para terminar con el monopolio del gobierno federal de EE.UU. sobre la oferta de marihuana disponible para la investigación. Al hacerlo la agencia anuló a su propia jueza Mary Ellen Bittner de derecho administrativo, quien hace casi dos años recomendó formalmente que se aprobara el proyecto.

[inline:lylecraker.jpg align=left caption="Lyle Craker (por cortesía de aclu.org/drugpolicy/)"]Al principio el profesor Lyle Craker de la Universidad de Massachusetts-Amherst presentó una petición en junio de 2001 que intentaba conseguir el cultivo de marihuana propicia para el uso de investigadores en estudios aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. con miras a desarrollar la planta como medicamento recetado legal. Actualmente, el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) es la única fuente de marihuana para los investigadores, pero tal agencia se ha negado varias veces a ofrecerla para estudios que cuentan con fondos privados y la aprobación de la FDA y buscan convertir la marihuana fumada o vaporizada en un remedio recetado. Los investigadores también se han quejado de la calidad de la marihuana producida en la finca de marihuana del gobierno federal de EE.UU. en Misisipi.

Desde el principio, los funcionarios del gobierno Bush o no han contestado o han buscado dilatar los trámites en el caso Craker. Al principio la DEA no contestó las peticiones de Craker de informes de situación con relación a su petición, luego le dijeron que habían perdido su expediente. Cuando envió una fotocopia, la DEA la negó por considerarla inadecuada. La agencia tardó hasta el 2004 para denegar la petición de Craker y, desde entonces, para que dicha denegación tramitara por el proceso administrativo de apelación.

Fue durante ese proceso que Bittner, jueza de derecho administrativo de la DEA, hizo su recomendación formal que sostenía la petición de Craker: “Concluyo que conceder la petición del Demandado no sería incoherente para con el Convenio Único, habría un riesgo mínimo de desvío de la marihuana […], que actualmente hay una oferta inadecuada de marihuana disponible para efectos de investigación, que la competencia en la oferta de marihuana para dichos propósitos es inadecuada y que el Demandado ha cumplido con las leyes pertinentes y nunca ha sido condenado por cualquier infracción de cualquier ley referente a las sustancias fiscalizadas”, escribió Bittner mientras ponderaba los factores implicados en su decisión. “Encuentro que el registro del Demandado para cultivar marihuana sería de interés público”.

La recomendación de la jueza Bittner se fundó en gran parte en el hecho de que la marihuana es la única droga de Clase I que la DEA impide que sea producida por laboratorios privados para fines científicos, lo que ha resultado en un monopolio gubernamental singular que, fundamentalmente, obstruye la investigación adecuada y los conductos reguladores. Otras sustancias fiscalizadas, incluso el LSD, el MDMA, la heroína y la cocaína, se hallan a la disposición de los investigadores desde laboratorios privados autorizados por la DEA.

En comparación, el NIDA sigue siendo la única fuente de marihuana de los científicos, pese a que la agencia se haya negado varias veces a ofrecer marihuana a estudios aprobados por la FDA y financiados con fondos privados que buscan convertir la marihuana fumada o vaporizada en un remedio recetado legal.

Conforme a lo que concluyó la jueza Bittner: “El sistema del NIDA para evaluar las peticiones de marihuana ha resultado en la imposibilidad de que algunos investigadores titulares de registros en la DEA que buscan la aprobación de [el HHS y la FDA] realicen su investigación porque el NIDA se ha negado a suministrarles marihuana. Por consiguiente, encuentro que la oferta existente no es adecuada”.

Pero como sucedió con la famosa recomendación de 1988 de Francis Young, juez de derecho administrativo de la DEA, de que la marihuana estaba entre las sustancias terapéuticamente activas más seguras que el hombre conoce y que deberían reclasificarla, la de Bittner también fue ignorada por su misma agencia. En su fallo final dictado esta semana, la DEA simplemente rechazó la mayor parte de los hallazgos de Bittner y denegó la petición de Craker.

“Para mí, es triste que la DEA ignore el interés de tanta gente en estado grave que desea investigaciones científicas que puedan resultar en la transformación de la planta de la marihuana en un medicamento recetado”, dijo el profesor Craker. “Los pacientes con enfermedades graves merecen una investigación legítima que pueda asentar la marihuana medicinal como tratamiento totalmente legal y aprobado por la FDA. Hoy le han asestado un golpe duro a esa labor”.

Craker no era el único que protestaba. El Proyecto de Reforma de la Legislación sobre la Droga de la ACLU, el Marijuana Policy Project (MPP, por sus siglas en inglés) y la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS, por sus siglas en inglés) apoyaron la búsqueda de Craker y atacaron la decisión de la DEA.

“No cae por sorpresa que un gobierno que ha rechazado la ciencia una y otra vez haya obstaculizado un proyecto crucial de investigación como uno de sus actos finales”, dijo Aaron Houston, director de relaciones gubernamentales del MPP. “Como el nuevo gobierno ha asumido públicamente el compromiso de respetar la investigación científica y de valorar los datos en detrimento del dogma, este acto final de desesperación no es de extrañar, pero las verdaderas víctimas son los millones de pacientes que podrían sacar provecho de ello”.

“A punto de irse, el gobierno Bush ha vuelto a encontrar tiempo para socavar la libertad científica”, dijo Allen Hopper, director del departamento jurídico del Proyecto de Reforma de la Legislación sobre la Droga de la ACLU. “Al retener tercamente el monopolio gubernamental singular sobre la oferta de marihuana para la investigación a despecho de las objeciones de la misma jueza de derecho administrativo de la DEA, el gobierno Bush ha bloqueado efectivamente los conductos reguladores pertinentes que permitirían que la droga se convirtiera en un remedio recetado totalmente legítimo”.

“Está claro que la DEA y el NIDA, pero no la FDA, le tienen miedo a permitir la investigación científica con fondos privados de los riesgos y beneficios de los consumos medicinales de marihuana”, dijo Rick Doblin, presidente de MAPS. “Necesitamos que el gobierno Obama cambie radicalmente esta supresión atroz de la investigación científica que el gobierno dimisionario tanto teme que revele verdades inconvenientes”.

Pese a la denegación de la DEA, son los últimos días del gobierno Bush y esto todavía no se ha acabado. Aguarde otra demanda o una apelación ante el gobierno Obama, dijo Doblin.