La muerte de Rachel Hoffman, una traficante social de marihuana de 23 años de edad de Tallahassee, Florida, asesinada por criminales de quienes fue a comprar drogas duras y armas a instancias de la policía después que fue arrestada e intimidada a convertirse en informante confidencial, puede no haber sido en vano. Esta semana, más de seis meses después de su asesinato en mayo, los padres de Hoffman han cursado una querella por su muerte. Ahora su familia también colabora con los legisladores para redactar una ley que regule la utilización de informantes confidenciales.

[inline:rachelhoffman.jpg align=right caption="Rachel Hoffman"]Es rutinario el uso policíaco de soplones en casos de delitos de drogas, sobre todo porque, como las partes involucradas en acuerdos de confesión por delitos de drogas no se quejan ante la policía, no tienen otra manera fácil de progresar en los casos. Pero la fuerza pública estadounidense también ha desarrollado un sistema que depende de “convertir” a la gente arrestada por delitos de drogas – hacer que estén de acuerdo en transformarse en informantes con la esperanza de reducir sus propios cargos. Dichas ofertas suelen venir acompañadas de previsiones explícitas de cómo maltratarán al arrestado en prisión.

Aunque fuera más o menos una activista pro reforma de las políticas de drogas, Hoffman cayó en esa trampa tras ser acusada de tenencia de cantidad superior a 20 gramos de marihuana y tenencia de éxtasis con la intención de distribuir. Aceptó actuar como soplona para la Policía de Tallahassee (TPD, por sus siglas en inglés) y se fue a hacer una compra fiscalizada de armas y cocaína. Los policías encargados perdieron el contacto con ella mientras se reunía con dos hombres. Su cadáver fue encontrado dos días después.

Aunque la Policía de Tallahassee defendiera al principio su operativo y le echara la culpa a Hoffman por no seguir las instrucciones, desde entonces, un investigador ha sido despedido y otros cuatro se fueron de vacaciones no remuneradas por su participación en mandarla para que se muera.

Ahora los padres de Hoffman quieren más. En la demanda interpuesta el martes en un tribunal estatal de Tallahassee, acusan a la Policía de Tallahassee de negligencia y buscan daños y perjuicios monetarios no especificados. Su abogado, Lance Brock, le dijo al Tallahassee News que la ciudad lo iba a pagar caro.

“Es un caso multimillonario”, dijo. “Cuatro palabras vienen a la memoria: tragedia de policías incompetentes”, manifestó. “Es abrumador que hubiera tantos actos de incompetencia de parte de la TPD, juntamente con una falta arrogante de apreciación por el alto riesgo de peligro a que sus oficiales exponían a Rachel Hoffman”.

La ciudad tiene 30 días para contestar la demanda. Ya están en marcha intentos de llegar a un acuerdo, pero los padres de Hoffman ya no quieren esperar.

Los padres de Hoffman también colaboran con legisladores para restringir los patrones de utilización de jóvenes como soplones. La familia busca la aprobación de una ley que proporcione más protecciones a los informantes de la policía. Se espera la presentación de un proyecto de ley en las próximas semanas. El senador estatal Mike Fasano (R-New Port Richie) dijo que trabajaba con un abogado de Hoffman para redactar un proyecto que será introducido dentro de poco. Ello puede prohibir que la policía se valga de algunas personas como informantes o exigir que tomen medidas extras para proteger a los informantes y asegurar que comprendan los riesgos involucrados.

“Fue una situación tristísima, tristísima”, dijo Fasano. “Tenemos que hacer lo máximo posible para trabajar con la fuerza pública a fin de proteger a jóvenes como ella… que no perciben en qué se están metiendo”, dijo. “No hablamos de una criminal habitual… hablamos de una señorita que puede haber tenido problemas personales, pero eso no quiere decir que hay que exponerla a una situación peligrosa”.

“Los padres de Rachel Hoffman han sufrido la peor especie de pérdida que un ser humano puede experimentar: la pérdida de su único hijo”, dijo Brock. “La aprobación de la ley de Rachel y una indemnización justa que les advierta suficientemente a la TPD y demás agencias de la ley que lo que le pasó a Rachel es totalmente inaceptable son los únicos medios que nuestro sistema ofrece a la familia para asegurar que su muerte no sea en vano”.