La semana pasada el gobierno de Somchai Wongsawat, primer ministro tailandés, anunció una nueva ofensiva antidroga con miras al mercado resurgente de metanfetamina y un mercado perdurable de opio y heroína. Somchai dijo que se puede entender la nueva ofensiva de 90 días como continuación de la campaña antidroga de 2003 liderada por el entonces primer ministro Thaksin Shinawatra.

[inline:thailandembassyprotest.jpg align=right caption="protesta de 2003 en la embajada tailandesa, David Guard de DRCNet en primer plano"]Una comisión del gobierno tailandés que investigaba la guerra de Thaksin “para dejar a Tailandia libre de las drogas” descubrió que casi 3.000 personas fueron muertas, muchas de ellas no involucradas en el narcotráfico. Aunque no se hayan fulminado condenaciones criminales, se supone en general que la mayor parte de los muertos fue ejecutada por escuadrones de la muerte antidrogas de la policía.

Somchai dijo que su gobierno iba a tomar providencias para impedir más matanzas, pero, como su antecesor, intentó atribuir las matanzas a “asesinatos entre presuntos narcotraficantes”, no a ejecuciones extrajudiciales de traficantes de drogas. Eso no es exactamente construir confianza entre los consumidores y vendedores de drogas tailandeses ni entre la comunidad de los derechos humanos, que criticó enérgicamente a Tailandia por la oleada de asesinatos en 2003.

“El primer ministro dice que de esta vez no se tolerarán matanzas, pero el gobierno dijo lo mismo la última vez”, dijo Brad Adams, director de Human Rights Watch en Asia, en un comunicado de prensa del miércoles que advertía que pueden suceder más abusos. “La credibilidad de Somchai está en juego”.

Después que derrocaron a Thaksin el año pasado, el gobierno del general Surayud Chulanont nombró un comité especial presidido por el fiscal general Khanit na Nakhon para investigar las matanzas extrajudiciales que ocurrieron en 2003 como parte de la “guerra contra las drogas”. Tras cinco meses de averiguaciones, el comité proporcionó hallazgos que declaraban que 2.819 personas habían sido muertas entre febrero y abril de 2003.

Muchos de los asesinados habían sido puestos en la lista negra por la policía o las autoridades de la zona como sospechosos de narcotráfico. Había sospechas de que policías estaban involucrados en muchos de los ataques, particularmente otros tantos fueron muertos poco tiempo después de ser emplazados a comisarías de policía para interrogatorio. Por ejemplo, Somjit Khayandee, 42, dueña de una tienda de abarrotes, fue ejecutada a balazos en su casa en la provincia de Petchburi el 20 de febrero de 2003, tres días después de haber sido llamada a la comisaría. La policía de la zona les dijo a los familiares de Somjit que su nombre constaba en su lista negra.

La policía y demás brigadas antidrogas en Tailandia tienen poderes considerables y raramente sufren castigo por abusos y mala conducta. La sensación de que los funcionarios no serán responsabilizados por sus actos es tan fuerte que oficiales abusivos han buscado promoción, fama y recompensas financieras con el sufrimiento de sus víctimas.

“Muchas de las mismas personas sospechosas de asesinatos y otros abusos en la última ‘guerra contra las drogas’ siguen en cargos de poder”, dijo Adams. “El gobierno debe enjuiciar y disciplinar a los involucrados en abusos anteriores e instituir reformas antes de pedirle a la policía que arme otra campaña. De lo contrario, es probable que maten a más gente”.

Aunque las autoridades tailandesas dijeran que iban a concentrarse en los narcotraficantes, también manifestaron que los usuarios pillados participarían de programas de rehabilitación en bases militares o serían reducidos a prisión. Pero dados los malos antecedentes de Tailandia con respecto al tratamiento forzoso de la toxicomanía, ésa no es una buena noticia. Desde 2003, miles de personas han sido coaccionadas a entrar en centros de rehabilitación administrados por las fuerzas de seguridad sin una evaluación clínica para saber si en efecto son dependientes de la droga. Muchos han quedado detenidos por largos períodos de tiempo – normalmente 45 días – en instalaciones que se asemejan a prisiones aun si después las encaminan al tratamiento ambulatorio. La “rehabilitación” es suministrada con frecuencia por el personal de seguridad, siendo que los ejercicios militares son un sostén del “tratamiento” proporcionado.

Dicho tratamiento coaccionado surte el efecto de disuadir a los usuarios de drogas de buscar el tratamiento o aun los servicios sanitarios patrocinados por el gobierno, dijo Human Rights Watch. Considerando que de 40% a 50% de los consumidores de drogas en Tailandia es seropositivo, esto puede impedir que los usuarios accedan a servicios de prevención al VIH y tratamiento que pueden salvar sus vidas.

“Forzar a los usuarios de drogas a ingresar a programas de rehabilitación mal proyectados es incompatible con los patrones internacionales que exigen consentimiento con el tratamiento con pleno conocimiento de causa”, dijo Adams. “Además, el temor de ser enjuiciado y tratado con severidad los disuadirá de buscar la atención médica a que tienen derecho y que puede realmente ayudarlos”.

La última guerra contra las drogas de Tailandia se parece bastante con una guerra contra los usuarios de drogas. Qué sorpresa.