El paisaje político en Washington, DC está pasando por un tremendo cambio al paso que la oleada demócrata llega a raudales, y, tras ocho años del estado de las cosas respecto a la lucha contra la droga al mando de los republicanos, ahora los reformadores de las políticas de drogas esperan que el cambio en los gobiernos resulte en cambios positivos en las políticas de drogas del gobierno federal de EE.UU. Como con cualquier otro aspecto de las políticas federales, los grupos interesados en la reforma de la justicia penal y las políticas de drogas aparecen después de un largo retardo con sus propias recomendaciones a Obama y al Congreso demócrata. Esta semana examinaremos algunas de esas propuestas e intentaremos evaluar las perspectivas del verdadero cambio.

[inline:whitehouse.gif align=left caption="la Casa Blanca"]Una de las propuestas de reforma más abarcadoras en la justicia penal, de que la reforma relacionada con las políticas de drogas es solamente una pequeña parte, proviene de un consorcio apartidista de organizaciones e individuos coordinado por el Constitution Project que incluye a grupos como el Sentencing Project, Families Against Mandatory Minimums (FAMM, por su sigla en inglés) y el Open Society Policy Center. El conjunto de propuestas, “Listos con la delincuencia: Recomendaciones para los próximos Gobierno y Congreso” [Smart on Crime: Recommendations for the Next Administration and Congress], incluye las siguientes sugerencias:

• Reformas de las mínimas obligatorias:
  Eliminar la disparidad entre las penas para la piedra de cocaína;
  Mejorar y expandir la “válvula de seguridad” federal;
  Crear una disposición con extinción automática sobre las mínimas obligatorias existentes y nuevas;
  Clarificar que las disposiciones 924(c) contra la reincidencia se aplican solamente a los verdaderos reincidentes.
• Alternativas a la reclusión:
  Expandir las alternativas a la reclusión en las directrices federales de condenación;
  Promulgar un estatuto de suspensión de la condena;
  Apoyar alternativas a la encarcelación a través de la expansión de juzgados federales de delitos de drogas y demás resoluciones de problemas;
• Incentivos y gestión de las penas:
  Expandir el Programa Residencial de Toxicomanía (RDAP, por su sigla en inglés);
  Clarificar el crédito por buena conducta;
  Expandir la cantidad de crédito por buena conducta que los prisioneros pueden recibir y maneras por que pueden obtenerlo;
  Incrementar las reducciones en las condenas en circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor;
  Expandir el programa de liberación de los presos ancianos;
  Revivir el indulto ejecutivo.
• Promover la equidad y tratar de la disparidad:
  Apoyar declaraciones de impacto racial como medio de reducir las disparidades condenatorias injustificadas;
  Apoyar el análisis de las disparidades racial y étnica en el sistema de justicia federal de EE.UU.;
  Añadir un abogado de oficio federal como integrante ex officio de la Comisión de Penas de Estados Unidos.

La Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) también ha sacado una serie de recomendaciones, “Acciones para restaurar a Estados Unidos: Cómo empezar a arreglar el perjuicio a la libertad en los Estados Unidos bajo Bush” [Actions for Restoring America: How to Begin Repairing the Damage to Freedom in America Under Bush], que incluyen algunas disposiciones que tratan de la reforma de las políticas de drogas:

• Penas para la piedra y el polvo: El fiscal general debe revisar el Manual de los Procuradores de EE.UU. para solicitar que se acusen los delitos por crack como “cocaína” y no “base de cocaína”, lo que en efecto resulta en la eliminación de la disparidad;
• Marihuana medicinal: Detener el empleo de fondos del Ministerio de Justicia de EE.UU. para arrestar y enjuiciar a consumidores de marihuana medicinal en estados con leyes actuales que permitan el acceso a la marihuana medicinal supervisado por un médico. En particular, el fiscal general de EE.UU. debe actualizar el Manual de los Procuradores de EE.UU. para quitarles prioridad al arresto y enjuiciamiento de usuarios de marihuana medicinal en estados que la autorizaron. Actualmente no hay ninguna regla en vigor para enmendar o revocar; por supuesto, hay un plan reglamentar federal que prohíbe el consumo de marihuana a menos que esté en conformidad con la investigación aprobada. Pero los procuradores de EE.UU. tienen amplia discreción acusatoria al determinar qué tipos de casos van a enjuiciar, y, respecto a las drogas, qué cantidades mínimas conllevarán el enjuiciamiento. El Manual de los Procuradores de EE.UU. contiene directrices promulgadas por el fiscal general y seguidas por los procuradores de EE.UU. y sus ayudantes;
• El administrador de la DEA debe conceder a la solicitud de Lyle Craker una autorización de Categoría I para producir marihuana medicinal propicia para la investigación para el consumo en estudios aprobados por la DEA y la FDA. Esto exigiría apenas que la DEA aprobara la recomendación actual de su propio magistrado en Derecho Administrativo;
• Todas las agencias relevantes deben parar de negar la existencia de consumos medicinales de marihuana – como casi un tercio de los estados lo ha hecho al promulgar leyes – y, por lo tanto, conforme a los criterios jurídicos existentes, reclasificar la marihuana de la Clase I a la V;
• Despachar una orden ejecutiva que declare que: “No se debe negar cuidados a ningún veterano solamente con base en el consumo de marihuana para fines medicinales en conformidad con la legislación estatal”. Pese a que existan muchos ejemplos sabidos de veteranos que no recibieron cuidados a consecuencia del consumo de marihuana medicinal, no hemos logrado identificar una regla específica que ordene o autorice esta política;
• Perfilamiento racial federal: Despachar una orden ejecutiva que prohíba el perfilamiento racial de parte de funcionarios federales y que vede las prácticas de la fuerza pública que visen desproporcionadamente a la gente para efectos de investigación y represión con base en raza, etnia, nacionalidad, sexo o religión. Que se incluya en la orden una atribución a las agencias federales para que recopilen datos sobre las tasas de ocurrencia de batidas y registros y que dichos datos sean desagregados por grupos. El Ministerio de Justicia de EE.UU. debe emitir directrices respecto a la utilización de la raza de parte de agencias federales de la fuerza pública. Las nuevas directrices deben clarificar que los funcionarios de la fuerza pública federal no pueden valerse de la raza, etnia, religión, nacionalidad, sexo en ningún caso, salvo que los oficiales pueden contar con estos factores para una descripción específica del sospechoso así como se fiarían en cualquier característica perceptible de un sujeto.

Con la mirada hacia el sur, el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro, ha publicado una petición que le insta a Obama a “construir una política justa para con Latinoamérica y el Caribe que nos una a nuestros vecinos”. En sus propuestas se dice incluso que se debe:

• Trabajar activamente por la paz en Colombia. En una guerra que amenaza prolongarse por tiempo indefinido, el inmenso sufrimiento de la población civil exige que Estados Unidos corra riesgos para lograr la paz. Si Estados Unidos desea apoyar la paz activamente, debe parar de financiar interminablemente la guerra y ayudar a dar fin a la peor crisis humanitaria del hemisferio;
• Ponerse serio – y listo – respecto a las políticas de drogas. Nuestras actuales políticas de drogas no son solamente caras e ineficaces, también son deshumanas. En vez de seguir con un abordaje fracasado que lleva a soldados a las calles y campos de Latinoamérica, debemos invertir en proyectos de desarrollo alternativo en los Andes y en el tratamiento y la prevención de la toxicomanía en EE.UU.

La National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML, por su sigla en inglés) también tiene algunas sugerencias. Como escribió Paul Armentano de la NORML en Alternet la semana pasada:

• El presidente Obama debe cumplir su promesa de campaña de parar los arrestos y enjuiciamientos federales de pacientes y dispensarios de marihuana medicinal que obedecen la ley (estatal) al nombrar a líderes para la Administración de Represión a Drogas de EE.UU., el Ministerio de Justicia de EE.UU. y la Procuraduría General de EE.UU. que respeten la voluntad de los votantes en los trece estados que han legalizado el consumo de marihuana medicinal supervisado por un médico;
• El presidente Obama debe valerse del poder de la posición de influencia para volver a cuadrar el debate sobre las políticas de drogas de las políticas penales a la salud pública. Obama puede estimular este cambio nombrando a directores para el Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas de EE.UU. que posean antecedentes profesionales en salud pública, adicción y tratamiento en lugar de la imposición de la ley;
• El presidente Obama debe dar seguimiento a declaraciones que hizo a principios de su carrera a favor de la despenalización de la marihuana al instaurar una comisión presidencial bipartidista para revisar los costes presupuestarios, sociales y sanitarios vinculados con la prohibición federal de la marihuana y hacer recomendaciones progresistas para futuros cambios en las políticas.

Está claro que los reformadores de las políticas de drogas y sus aliados entienden el cambio de gobiernos como oportunidad para hacer progresar la causa. La cuestión es saber hasta qué punto el gobierno Obama y el Congreso demócrata van a estar abiertos a las labores de reforma en las políticas de drogas.

“Hemos examinado los antecedentes de Obama y sus declaraciones y el 90% de ellos es bueno”, dijo David Borden, director ejecutivo de StoptheDrugWar.org (quien publica este boletín). “Pero no sabemos qué pretende hacer en el poder. Él puede hacer muchísimas cosas buenas”, dijo Borden, aludiendo a la liberación de fondos para programas de cambio de jeringas, a nombramientos para procuradores federales y al fin de las redadas de la DEA contra proveedores de marihuana medicinal. “¿Será que Obama va a hacer algún intento de materializar las posturas progresistas en la reforma de las políticas de drogas que ha asumido? Él tiene mucho que hacer y la reforma de las políticas de drogas tiende a ser la primera cosa de que políticos de izquierdas desisten”.

Habrá algunos indicios tempranos del interés del gobierno en la reforma de las políticas de drogas, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Vamos a observar para ver si despacha una orden ejecutiva que detenga las redadas de la DEA; sería una señora señal”, dijo. “También puede revocar la prohibición de fondos para el cambio de jeringas. La veda del Congreso aún estaría en vigor, pero eso mostraría un gran liderazgo. Si empezaran a hacerse cargo de cuestiones de las políticas de drogas en los primeros 100 días, sería una señora señal, pero me parece que la gente no debería esperarlo. Hay muchas otras cuestiones y va a demorar un poco solamente para arreglar el lío de Bush. Estoy optimista, pero no espero que grandes cambios sucedan rápido”.

“Esperamos ver una nueva dirección”, dijo Nkechi Taifa, analista sénior de políticas de reforma en la justicia civil y penal del Open Society Policy Center. “No podríamos tener condiciones mejores con un vicepresidente entrante que ha patrocinado el proyecto de igualación de las penas para la piedra y el polvo de cocaína en el Senado y un presidente entrante que fue copatrocinador. Además, en el Congreso y particularmente en el Senado, hay una situación en que existe interés bipartidista en la reforma de las penas. Los dos partidos quieren alguna especie de movimiento sobre esto, ello ha sido estudiado y examinado y ahora el Congreso necesitar hacer lo correcto. Es tiempo de ponerse listo con la delincuencia y esta agenda no es radical. En lo que a mí concierne, la disparidad entre piedra y polvo es el compromiso y la eliminación de las mínimas obligatorias es lo que realmente necesita estar en el orden del día”.

“Con las propuestas de Listos con la delincuencia, intentamos concentrarnos en lo que era factible”, dijo Kara Gotsch del Sentencing Project. “Son tópicos en que nos parece probable recibir apoyo, en que la comunidad ha demostrado apoyo o en que ha habido propuestas de ley para tratar de estas cuestiones. Prioriza las cuestiones que creemos tener más probabilidades de tramitar y la reforma de las penas para la piedra de cocaína está en esa lista”.

Los grupos reformadores de las políticas de marihuana poseen un enfoque más estrecho, por supuesto, pero también buscan el cambio positivo. “Obama ha dejado bien claro en campaña que no está de acuerdo con el empleo de agencias federales para deshacer las leyes sobre la marihuana medicinal en los estados que las han aprobado”, dijo Dan Bernath, vocero del Marijuana Policy Project. “Él ha prometido detenerlo. Obama parece ser alguien que valora los hechos y decisiones raciocinadas. Si lo aplica a las políticas de marihuana, puede ser algo bueno”.

Aunque el listado de reformas posibles en las políticas de drogas sea largo y variado, también es notable por lo que no se ha incluido. Apenas la NORML siquiera menciona la despenalización de la marihuana y nadie habla en terminar con la lucha contra la droga – solamente en dejarla un poco más amable y cortés. La palabra que empieza con L sigue siendo impronunciable.

“Aunque estemos optimistas en cuanto a reducir los daños de la prohibición, creo que no se van a hacer cargo de la legalización”, dijo Piper. “Pero cualquier movimiento hacia la reforma de las políticas de drogas es algo bueno. Si podemos empezar a hacer una transición a un abordaje más orientado hacia la salud, eso va a cambiar el modo por el cual los estadounidenses piensan en esta cuestión y crear un espacio en que se pueda discutir la regulación de manera racional. Ahora, a causa de nuestro armazón moralista de la justicia penal, es difícil hacer una discusión sana sobre la legalización”.

“No hablamos mucho de la legalización”, dijo Gotsch con referencia a las propuestas de Listos con la delincuencia. “Muchas organizaciones involucradas tienen metas más ambiciosas, pero eso no recibiría el tipo de reacción que queremos. Es que todavía no hay el apoyo político a la legalización, aun de la marihuana”.

“Sí, deberíamos estar hablando de legalización”, dijo Borden de StoptheDrugWar.org, “pero ¿deberíamos estar hablando de ella en comunicados al nuevo presidente que no ha hecho muestras de ser a favor de ella? No necesariamente. Debemos hacer presión hasta el límite, pero si presionamos demasiado en comunicados cabilderos a la cúpula nacional, corremos el riesgo de perder su atención”.

“Sí creo que sería un equívoco combinar esa especie de cautela con una cautela ideológica por lo que estamos dispuestos a discutir”, prosiguió Borden. “Me parece que deberíamos hablar de la legalización, es solamente una cuestión de cuándo y dónde”, argumentó.

Hablar en legalización es prematuro, dijo Eric Sterling, ex asesor del Comité de la Cámara de Diputados sobre el Judiciario de EE.UU. y ahora presidente de la Criminal Justice Policy Foundation. “Lo que todavía no hacemos en cuanto movimiento es fundamentarnos en nuestros éxitos”, dijo. “Hemos acabado de ver victorias abrumadoras de la marihuana medicinal en Michigan y de la despenalización en Massachusetts, pero los comentaristas de EE.UU. no se han ocupado de ello y nuestro movimiento no ha sido suficientemente agresivo en convertir esos votos en debate político. Todavía no hemos escapado de la fase de burlas de las políticas de marihuana”.

Sterling señaló la cuestión de la marihuana medicinal en particular. “Todos reconocen que el conflicto estatal-federal respecto a la marihuana medicinal es un gran impedimento y contamos con 26 senadores que representan estados con marihuana medicinal, pero ningún senador ha introducido un proyecto de ley sobre la marihuana medicinal”, dijo. “Es un área obvia para providencias legislativas en el Senado, pero no ha sucedido. Esto da a entender que, como movimiento, a nosotros todavía nos falta la fuerza política aun en algo tan poco controvertido como el consumo medicinal de marihuana”.

Aun los blancos aparentemente obvios para la reforma, como la disparidad en las penas para la piedra y el polvo de cocaína, van a exigir harto trabajo, dijo Sterling. “Seguirá siendo una lucha”, dijo. “El mejor proyecto sobre el crack fue el de Joe Biden, copatrocinado por Obama y Clinton, pero no sé con seguridad quién va a hacerse cargo de eso este año. La comunidad de la reforma en las penas sigue luchando para encuadrar la cuestión como imposición eficaz de la ley y me parece que solamente en esos términos podemos ganar”.

Los reformadores también hacen frente a la realidad de que la política de la delincuencia continúa siendo un tema delicado para los demócratas de la mayoría, dijo Sterling. “La delincuencia es una cuestión a que los congresistas le tienen miedo y es un área en que tradicionalmente los republicanos sienten llevar ventaja. Los demócratas van a ser reacios a quedarse descubiertos a ataques en áreas en que no hay una fuerte ventaja política. En muchos asuntos, el Congreso actúa cuando existe un universo claro de aliados que van a sacar provecho y que hacen presión por providencias. No sé si ya llegamos a eso”.

Cambio es el mantra del gobierno Obama y cambio es lo que espera la comunidad reformadora de las políticas de drogas. Ahora la comunidad debe actuar para asegurar que suceda ese cambio y que ocurran los cambios correctos.