Esta semana la Corte Suprema de las Filipinas sostuvo los exámenes toxicológicos obligatorios, aleatorios y sin necesidad de sospecha de trabajadores, estudiantes de secundaria y universitarios, pero derogó las disposiciones de la Ley General de Drogas Peligrosas de 2002 que exigían exámenes toxicológicos para candidatos a cargos públicos o los acusados de delitos por considerarlas inconstitucionales.

En un fallo unánime redactado por el ministro Presbítero Velasco Jr., el tribunal observó que la ley dice que los exámenes toxicológicos aleatorios con empleados “deben ser llevados a cabo bajo condiciones calculadas para proteger lo más posible la privacidad y dignidad del empleado” y que los empleadores están dispensados de presentar resultados positivos a los procuradores. También falló que “la intrusión en la privacidad del empleado… viene acompañada de salvaguardias adecuadas, particularmente contra filtraciones embarazosas de resultados de exámenes, y es relativamente mínima”.

En el caso de los estudiantes, el tribunal superior decidió que los exámenes toxicológicos no solamente eran constitucionales, sino quizá aun necesarios. Observó la presencia de drogas en el país “que amenaza el bienestar del pueblo, particularmente de los jóvenes y colegiales que terminan siendo las víctimas” y agregó que “hasta que se conceptualice y se ponga en marcha un método más eficaz, un examen toxicológico aleatorio con estudiantes en escuelas secundarias y terciarias no sólo es aceptable, sino aun puede ser necesario si se desea promover y proteger la seguridad y el interés de la población discente, sin duda una preocupación legítima del gobierno”.

Sin embargo, los candidatos a cargos políticos pueden no estar sujetos a exámenes toxicológicos como condición de la candidatura, sostuvo el tribunal. Las disposiciones de la legislación antidroga que exigen que se examinen a los candidatos añadieron inconstitucionalmente a la constitución dispositivos que definen la aptitud o elegibilidad de los candidatos, dijo la Corte Suprema.

El tribunal fue igualmente amable para con los acusados de infracciones criminales al sostener que no pueden ser examinados porque pueden incriminarse y porque los exámenes toxicológicos en sus casos no serían ni aleatorios ni estarían libres de sospechas. “Imponer los exámenes toxicológicos obligatorios a los acusados es un intento flagrante de utilizar un examen médico como herramienta para el enjuiciamiento criminal, contrariamente a los objetivos de la RA 9165 [la ley sobre los exámenes toxicológicos]. En este caso, los exámenes toxicológicos violarían el derecho de una persona a la privacidad garantizado en la Sección 2, Artículo III de la Constitución. Peor aún, los acusados son verdaderamente forzados a incriminarse”, declaró el fallo.