Ser duro con la delincuencia todavía le gana al ser listo con ella, si es que los resultados electorales del martes respecto a las iniciativas sobre las penas en dos de los estados más progresistas de EE.UU. sirven de indicio. En Oregón, los votantes aprobaron dos iniciativas contrarias que van a aumentar las condenas y las poblaciones carcelarias, en tanto que, en California, una campaña multimillonaria para reformar tremendamente las penas fue derrotada en vista de la oposición de agentes penitenciarios y políticos y otra iniciativa que contará con sentencias más largas y más prisioneros fue aprobada por los electores.

[inline:prison-overcrowding.jpg align=right caption="superpoblación en la Prisión Estatal de Mule Creek (de cdcr.ca.gov)"]En California, la Drug Policy Alliance y la Campaign for New Drug Policies inyectaron casi $8 millones en el intento de aprobar la Propuesta 5 [Proposition 5], la Ley de Rehabilitación del Infractor No Violento [Nonviolent Offender Rehabilitation Act, (NORA, por su sigla en inglés)]. La NORA habría profundizado y expandido bastante las reformas condenatorias que reemplazan la cárcel por el tratamiento, todas ellas aprobadas en 2001 como Propuesta 36 [Proposition 36]. Aunque el Gabinete del Analista Legislativo calculara que costaría mil millones de dólares al año para implementarla, también estimaba que ahorraría mil millones de dólares al año en costes con prisiones y también $2.5 mil millones en economías con prisiones que no tendrían que ser construidas.

La NORA recibió el apoyo casi unánime de la comunidad del tratamiento de la toxicomanía y también de la Liga de Electoras de California, el Fondo de Defensa de los Niños-California, la Asociación de Enfermeras de California, la Federación de Profesores de California, la Sociedad de Medicina de la Adicción de California, la Conferencia Estatal Californiana de la NAACP y el Consejo Nacional de La Raza, entre otros.

Pero una oposición adinerada encabezada por cuatro ex gobernadores y el actual jefe del gobierno estatal cuyas políticas ayudaron a crear la crisis carcelaria aparentemente interminable de California y financiada en gran parte por la gente que más sacó provecho directo del aumento en las poblaciones carcelarias, el sindicato de los agentes penitenciarios de California, socavó el apoyo del público a la NORA. La medida también sufrió la oposición de otro grupo que habría tenido que pasar por sacrificios, los profesionales de los juzgados de delitos de drogas – se puede decir que hacen parte de la comunidad del tratamiento, pero también de la fuerza pública. Varios periódicos destacados del estado y el actor Martin Sheen se unieron a la oposición también.

“Es una gran amenaza a nuestros barrios”, dijo el gobernador Arnold Schwarzenegger en una rueda de prensa con los gobernadores reunidos fuera del Edificio de los Tribunales Penales en el centro de Los Ángeles el jueves último. “Fue redactado por los que se importan más por los derechos de criminales”.

La medida “costará dinero y costará vidas”, intervino el ex gobernador Gray Davis, un demócrata, dejando de mencionar que habría ahorrado mucho dinero más que habría costado.

No eran sólo los gobernadores. La senadora Dianne Feinstein y el fiscal general Jerry Brown, también demócratas, se opusieron a la medida y grabaron comerciales de televisión contra ella. “Dile no a los narcotraficantes”, dijo Feinstein en su anuncio, mientras que Brown – cuya cuña comercial fue pagada por el sindicato de los agentes penitenciarios – la llamó “una medida complicada” que “limitaría la autoridad judicial sobre los narcotraficantes y los adictos que rechazan el tratamiento”.

En conjunto, la oposición organizada inyectó casi $3.6 millones para derrotar la NORA, siendo que más de la mitad de ello provino del sindicato de los agentes penitenciarios. Y funcionó – en el día de las elecciones la NORA perdió por una margen de 61% a 39%.

En una declaración el martes por la noche cuando el resultado quedó aparente, Margaret Dooley-Sammuli, vocera de campaña de Yes on 5, le echó la culpa a la oposición por la derrota. “Hoy presenciamos a intereses particulares dominando al interés público”, dijo. ‘Los agentes penitenciarios de California invirtieron millones de dólares para detener la Propuesta 5 y asegurar esta victoria para la política venenosa de la delincuencia”.

Detener la NORA sería una victoria pírrica, predijo Dooley-Sammuli, aludiendo a una venidera vista en tribunal federal sobre tomar el control o no del sistema carcelario superpoblado y subfinanciado.

“Los fiscales y agentes penitenciarios que encabezaron la campaña contra la Propuesta 5 se salieron con la suya esta noche – pero la verdad es que han perdido. El próximo paso para nuestras prisiones probablemente será una toma del gobierno federal de EE.UU. La Propuesta 5 era la única y mejor oportunidad de los californianos de evitar una toma y hacer nuestras propias opciones sobre cómo lidiar con la superpoblación carcelaria. Ahora jueces federales probablemente impondrán soluciones con que nadie estará satisfecho”.

La labor para aprobar la NORA “no fue en vano”, añadió Dooley-Sammuli. “La Propuesta 5 presentó una visión para un futuro en que hacemos más por los jóvenes con problemas con la droga y mejorarnos la manera por que proporcionamos el tratamiento supervisado por los tribunales en California. Hay mucho en qué fundarse en el futuro”, dijo.

Pero los votantes californianos aún estaban seducidos por el mensaje “duro con la delincuencia” que se salió tan bien en California desde la época de Ronald Reagan. Mientras derrotaban la NORA, aprobaban la Propuesta 9 [Proposition 9], también conocida como la Ley de la Declaración de Derechos de las Víctimas de la Delincuencia [Crime Victims Bill of Rights Act] por una margen de 53% a 47%. Naturalmente, por supuesto, la medida se preocupa sobre todo por los derechos de las víctimas, pero también incluye disposiciones que impiden que las autoridades municipales concedan la liberación temprana a prisioneros para aliviar la superpoblación y ordena que el estado financie los costes penitenciarios cuanto sea necesario para alcanzar ese fin. También prolonga la cantidad de tiempo que un preso que cumple cadena perpetua y no ha recibido condicional debe esperar antes de volver a postular. Actualmente, debe aguardar de uno a cinco años; según la Propuesta 9, debe esperar de tres a 15 años. Ella también autorizaría que los presos en condicional que hayan sido encarcelados por presuntas violaciones de la condicional queden detenidos 15 días en vez de los 10 actuales antes que tengan derecho a una vista para determinar si pueden quedar detenidos en espera de una vista revocatoria y alargan de 35 a 45 el número de días que pueden ser retenidos antes de dicha vista. Estas dos últimas disposiciones, así como una que limita la asesoría jurídica a presos en condicional, entran en conflicto con una orden existente de un tribunal federal que rige los procedimientos de California.

Pero si la “severidad con la delincuencia” todavía vale, fue difícil comunicar otra medida, la Propuesta 6 [Proposition 6], la Ley de Barrios Seguros [Safe Neighborhoods Act], aun al electorado californiano harto de la criminalidad. Esa medida, que tenía miras sobre todo a pandilleros, criminales violentos y extranjeros delincuentes, también incluía disposiciones que aumentaban las penas contra la tenencia, la tenencia con intención y la distribución de metanfetamina para que se igualaran a las de la cocaína y estipulaba la expulsión de cualquiera condenado por delito de drogas de las viviendas públicas. La medida también ordena un incremento en los gastos con la fuerza pública. Perdió de 69% a 31%.

La “severidad con la delincuencia” funcionó este año en Oregón también, ya que se aprobaron dos medidas concurrentes que incrementarían las condenas y las poblaciones carcelarias. La Medida 57 [Measure 57], una providencia legislativa sometida a votación, y la Medida 61 [Measure 61], idea original de Kevin Mannix, el inveterado combatiente de la criminalidad y generador de iniciativas de Oregón, ganaron con el 61% y el 51% de los votos, respectivamente.

La medida de Mannix, la más severa de las dos, habría implementado sentencias mínimas obligatorias para una serie de delitos, incluso la venta de drogas, y proyecta añadir de 4.000 a 6.000 nuevos reclusos al sistema penitenciario a lo largo de los próximos cinco años a un costo de $500 a $800 millones. Pero porque se granjeó menos votos que la Medida 57, la segunda es la que va a devenir ley en realidad.

La Medida 57 aumenta algunas condenas para reincidentes e incluye la financiación del tratamiento de la toxicomanía entre rejas. Se estima que vaya a generar 1.670 presos más a través de los próximos cinco años a un costo de $411 millones y también exigir que el estado tome emprestado otros $314 millones para la construcción de nuevas prisiones.

Aun con la economía estadounidense en caída libre y presupuestos estatales sintiendo el aprieto cada vez más, parece que todavía es más fácil ganar con la política del miedo que con la política de la justicia y compasión.