En una decisión la semana pasada, la Corte Suprema de Canadá sostuvo que el Código Penal del país no les permite a los jueces solicitar que los infractores bajo libertad vigilada se sometan a exámenes toxicológicos u otras exigencias para obtener una muestra de sustancias corporales. La decisión ocurrió en el caso de Harjit Singh Shoker, que en 2003 se acostó con la mujer de un oficial de la Real Policía Montada de Canadá pensando en violarla durante una embriaguez de metanfetamina.

Shoker fue condenado por invasión de propiedad con la intención de cometer agresión sexual y fue condenado a 20 meses de prisión y dos años de libertad vigilada. Su juez de condenación incluyó como condiciones de su régimen probatorio el deber de pasar por tratamiento químico, abstenerse del consumo de alcohol y drogas y hacer exámenes toxicológicos cuando exigido. Él recurrió de esas condiciones de su sentencia.

En 2004, el Tribunal de Apelaciones de Columbia Británica decidió que el juez de juicio no tenía autoridad para ordenarle a Shoker que se tratara sin su consentimiento y tampoco tenía la autoridad para exigir que Shoker se sometiera a exámenes toxicológicos. Desde entonces, los jueces de CB han seguido ordenando a los infractores bajo régimen probatorio a evitar las drogas y el alcohol, pero han desistido de la orden acompañante y casi automática de someterse al examen toxicológico.

La Real Fiscalía de Columbia Británica no desafió la decisión acerca del tratamiento químico, pero sí recurrió de la decisión sobre los exámenes toxicológicos – aun pese a que la provincia hubiera eliminado la financiación para el programa de exámenes toxicológicos en 2003. Pero, los fiscales de CB no fueron consolados por la Corte Suprema.

La Desembargadora Louise Charron, que fue autora de la decisión, llamó el examen toxicológico de “altamente intrometido” que requería “estándares y salvaguardias rigurosos para cumplir los requerimientos constitucionales”. El Parlamento podía redactar dichos padrones, volviendo el examen toxicológico un requerimiento legal, observó. “No se cuestiona que el infractor bajo régimen de libertad vigilada tenga una baja expectativa de privacidad”, escribió Charron. “Con todo, es la tarea del Parlamento, no de los tribunales, equilibrar la carta de derechos de los infractores en contra del interés de la sociedad al monitorear efectivamente sus conductas”.

Si el Parlamento quiere que los jueces puedan imponer los exámenes toxicológicos como condición de la libertad vigilada, debe tratar de la cuestión y no dejarla al arbitrio de jueces individuales. “El establecimiento de estos padrones y salvaguardias no puede ser dejado a la discrecionalidad del juez de condenación en los casos individuales”, escribió Charron. “Esos son precisamente los tipos de decisiones sobre políticas que el Parlamento tiene que tomar respecto de las limitaciones contenidas en la carta”.

¡Qué diferencia hace una frontera! En el lado de los EE.UU., el tratamiento químico y los exámenes toxicológicos compulsorios son la norma. En el lado canadiense, es inconstitucional, por lo menos de la forma que lo intentaron.