Esta semana John Walters, director del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, la sigla en inglés de la secretaría antidroga de EE.UU.), se dirigió hacia California para intentar derrotar una iniciativa electoral que desviaría a miles de infractores de la legislación antidroga de la prisión en el estado más poblado de EE.UU. El poderoso sindicato estatal de los agentes penitenciarios, la Asociación de Agentes del Orden Penitenciarios de California (CCPOA, por su sigla en inglés), también se ha sumado a la reyerta, prometiendo un millón de dólares para ayudar a financiar una campaña de oposición de última hora.

El blanco de su ira es la Ley de Rehabilitación del Infractor No Violento [Nonviolent Offender Rehabilitation Act (NORA, por su sigla en inglés)], que aparecerá en las urnas como Propuesta 5 [Proposition 5]. La NORA profundizaría y ampliaría intensamente el cambio hacia el tratamiento en lugar de la reclusión que empezó hace seis años con la Propuesta 36 [Proposition 36]. Si es aprobada, la NORA iría a:

• Exigir que el estado expanda e incremente la financiación y supervisión de programas individualizados de tratamiento y rehabilitación para infractores no violentos de la legislación antidroga y presos bajo libertad condicional;
• Reducir las consecuencias criminales de los delitos de drogas no violentos al ordenar la libertad vigilada en tres instancias con tratamiento y al proporcionar el sobreseimiento del caso y/o archivamiento de los registros después de la libertad vigilada;
• Limitar la autoridad de los tribunales de prender a infractores que violan la libertad vigilada o condicional;
• Acortar la condicional para la mayor parte de los delitos de drogas, incluso la venta, y para los delitos no violentos contra el patrimonio;
• Crear varias divisiones, juntas, comisiones y requerimientos de información con respecto al tratamiento y la rehabilitación de la toxicomanía;
• Cambiar ciertos delitos leves por marihuana para infracciones.

Todo eso es demasiado para el secretario antidroga Walters, quien apareció en Sacramento el martes para atacar la iniciativa en cuanto medida subrepticia para legalizar las drogas. La Drug Policy Alliance, que respalda la NORA, y su principal financista, el inversionista George Soros, no puede lograr la legalización de las drogas “siendo honesta y franca”, entonces presentaron engañosamente la Propuesta 5 para socavar el sistema de los juzgados de delitos de drogas, acusó Walters. La aprobación de la Propuesta 5 “debilitaría nuestra capacidad de ayudar a la gente en el sistema de justicia penal” que todavía estaría sujeta a castigo si le va mal, dijo.

Eso aseguró una réplica mordaz de los partidarios de la Propuesta 5. Margaret Dooley-Sammuli, vocera de Yes on 5, llamó la medida “una respuesta de buen sentido” a la criminalidad relacionada con la prohibición y atacó a Walters por ser el portavoz de políticas fracasadas. “El secretario antidroga del presidente Bush ha venido a California para insistir en que sigamos con el abordaje fracasado que ha sido tan ineficiente y ha atestado nuestra prisiones de infractores no violentos”, dijo Dooley-Sammuli.

El Gabinete del Analista Legislativo calcula que la Propuesta 5 disminuiría los costes de la reclusión en $1 billón cada año y recortaría otros $2.5 mil millones en costes del estado en construcción de prisiones. Esto no incluye los ahorros vinculados con la reducción en la delincuencia, la disminución en los costes con servicios sociales (por ejemplo, visitas a la sala de urgencias, servicios de protección al menor, asistencia social) y el aumento en la productividad individual.

Pero llenar las prisiones californianas de infractores no violentos es la misión del sindicato de los agentes penitenciarios. Aunque en un momento anterior de la temporada de campaña el sindicato hubiese sido distraído por un intento fracasado de retirar al gobernador Arnold Schwarzenegger, la semana pasada anunció que iba a contribuir con un millón de dólares para derrotar la iniciativa.

“La CCPOA jamás ha sido tímida en garantizar que se escuche nuestra voz”, dijo Lance Corcoran, vocero del sindicato. “Seguiremos haciéndolo. Siempre hemos invertido los recursos necesarios para terminar el trabajo”, dijo.

Pero mientras que los agentes penitenciarios y el secretario antidroga se suman a otros grupos de la fuerza pública para organizarse en contra de la Propuesta 5, la medida cuenta con bastante apoyo dentro de la comunidad del tratamiento y también ha recibido el aval de la Liga de Electoras de California, la Asociación de Enfermeras de California, la Federación de Profesores de California y la Federación de Consumidores de California, entre muchos otros.