En el primer fallo de un tribunal federal sobre el asunto, el 10 de septiembre un juez federal decidió que el gobierno debe obtener una orden fundada en causa probable antes de ordenar que un proveedor de servicio inalámbrico entregue datos que muestren donde los clientes utilizaron sus teléfonos celulares. El caso involucraba una investigación de narcotráfico, pero puede empezar a instaurar un patrón general para dichas solicitaciones de datos, que se ponen cada vez más rutinarias al paso que más y más personas portan teléfonos celulares que revelan donde están.

[inline:cellphonetower.jpg align=right caption="torre de telefonía celular"]El juez Terrence McVerry del Distrito Occidental de Pensilvania rechazó el argumento del gobierno de EE.UU. que decía que los datos sobre el histórico de las ubicaciones de los teléfonos celulares desde las torres no exigían causa probable. Al hacerlo, ratificó un fallo anterior de la jueza de instrucción de EE.UU. Lisa Pupo Lenihan, quien había decidido en febrero que, ya en el pretérito ya en el presente, las órdenes del gobierno para que los gestores de empresas de telefonía inalámbrica entreguen dichos datos exigían una orden fundada en causa probable.

El gobierno federal de EE.UU. había solicitado una orden que mandaba a Sprint Spectrum a proporcionar datos sobre el histórico de los teléfonos celulares, incluso informaciones acerca de la ubicación de los celulares desde las torres de telefonía, horas de las llamadas y duraciones. Pero la jueza Lenihan decidió que la información buscada era “extraordinariamente personal y posiblemente sensible […] [y] particularmente vulnerable a abusos”.

En la apelación, el gobierno argumentó que dichos datos no difieren de los registros rutinarios de transacciones, como datos de compras con tarjetas de crédito, y no exigen orden. “Por ejemplo, datos de transacciones pasadas con tarjeta de crédito sirven con frecuencia para situar a una persona en determinado lugar en un momento específico, con todo, según la legislación reconocida de la Cuarta Enmienda, no gozan de protección de la Cuarta Enmienda”, dijo la procuradora Mary Beth Buchanan en un escrito que le pedía al tribunal de distrito que anulara el fallo de Lenihan.

Pero el juez de distrito McVerry no aceptó ese argumento y ahora el Ministerio de Justicia de EE.UU. debe decidir si va a recurrir de la decisión.

Los defensores de la privacidad y las libertades civiles aclamaron el fallo. “La gente le atribuye un cierto valor a la privacidad de sus movimientos”, le dijo la abogada Catherine Crump de la ACLU al Washington Post. “Ya sean sus movimientos ayer ya sus movimientos hoy, es lo mismo”.

“Es un fallo estupendo para la privacidad de la ubicación y para la gente que cree que el gobierno debe tener causa probable antes de rastrear a uno”, dijo Jennifer Granick, abogada de la Fundación Frontera Electrónica, que presentó un amicus curiæ en el caso. “La mayoría no piensa que alguien pueda regresar en el tiempo y descubrir donde yo estaba o con quien conversaba o quien estaba cerca de mí en ese mismo momento. Es una información sensible y para que el gobierno la obtenga primero debe tener buenos motivos”.