Casi 1.9 millón de personas fueron arrestadas por cargos de delitos de drogas en Estados Unidos el año pasado, unas 872.000 por infracciones relacionadas con la marihuana, de acuerdo con el Informe Uniforme sobre la Criminalidad [Uniform Crime Report] de cada año del FBI, publicado el lunes. Aunque las cifras totales de arrestos por drogas cayeran ligeramente (menos 84.000), las prisiones a causa de la marihuana aumentaron más del 5% y están otra vez en un alza histórica. Los arrestos por drogas sobrepasan los que ocurrieron por cualquier otra especie de infracción, incluso los delitos contra el patrimonio (1.61 millón de detenciones), manejar en estado de embriaguez (1.43 millón), agresión leve (1.31 millón), hurto (1.17 millón) y los delitos de sangre (597.000).

[inline:dea-drug-arrest.jpg align=left]La gente apresada por delitos de drogas hace frente no solamente a la posibilidad nada desdeñable de cumplir pena en cárcel o prisión – los infractores de la legislación antidroga responden aproximadamente del 20% de todos los presos y mucho más de la mitad de todos los prisioneros federales -, sino también las consecuencias colaterales que pueden atormentarlos por el resto de sus vidas. Además de llevar la carga de antecedentes penales, los transgresores de la legislación antidroga pueden perder el acceso a varios beneficios estatales y federales, inclusive préstamos estudiantiles, vales alimenticios y asistencia pública y también son prohibidos de obtener títulos profesionales, y, en algunos estados, pueden sufrir otras consecuencias como la suspensión de sus cartas de conducir.

El alto nivel de arrestos por delitos de drogas sucede al paso que las tasas totales de consumo de drogas permanecen casi donde se encontraban hace 30 años. Mientras tanto, las autoridades estatales, municipales y federales han gastado cientos de miles de millones de dólares y arrestado a decenas de millones de personas en nombre de la prohibición de las drogas.

El aumento en los arrestos por delitos de drogas sucede al paso que disminuye el índice total de criminalidad. Los delitos de sangre tuvieron una caída de 0,7% con relación a 2006 y los delitos contra el patrimonio de 1,4%, lo que marca el quinto año consecutivo de cifras en bajada. Las siete categorías en la lista de infracciones criminales graves del FBI – asesinato, violación, agresión con agravante, robo con allanamiento de morada, hurto y robo de automóvil – sufrieron caídas el año pasado. Pero no los arrestos por drogas.

La tasa de arrestos por delitos de drogas fue más alta en el Oeste (677,5 por 100.000), seguido por el Sur (664,5), el Medio Oeste (549,6) y el Noreste (508,0). En todo EE.UU., el índice de arrestos por delitos de drogas fue de 614,8 por 100.000.

De los apresados por cargos vinculados con la marihuana, 775.000, o el 89%, fueron acusados solamente de tenencia, dato parecido con el que expresa el total de detenciones por drogas. Otros 97.000 infractores de la legislación antimarihuana fueron acusados de “venta/manufactura”, categoría que incluye todos los delitos de cultivo o venta, aun los que implican infracciones menores. El año pasado los arrestos por marihuana respondieron del 47,5% de todos los arrestos por drogas. Casi tres cuartos de las detenciones a causa de la marihuana involucraron a personas con menos de 30 años.

Los altos niveles continuos de arrestos por delitos de drogas y el incremento en las detenciones por marihuana incitaron respuestas mordaces de los reformadores de las políticas de drogas. “Hace más de 30 años, EE.UU. ha tratado el consumo y el uso indebido de drogas como cuestión de justicia penal en vez de cuestión de salud pública”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance. “Con todo, a pesar de cientos de miles de millones de dólares gastados y millones de estadounidenses presos, las drogas ilegales siguen baratas, potentes y de fácil acceso en cada comunidad; y los daños que las acompañan – la adicción, la sobredosis y la diseminación del VIH/Sida y de la hepatitis – siguen creciendo. Mientras tanto, la guerra contra las drogas ha creado nuevos problemas propios, incluso disparidades raciales endémicas en el sistema de justicia penal, familias deshechas, aumento en la pobreza, falta de restricciones al poder federal y desgaste de las libertades civiles. Continuar el fracaso de la guerra contra las drogas año tras año es desperdiciar buen dinero y vidas”.

Naturalmente, las organizaciones que quieren reformar la legislación sobre la marihuana dirigieron la atención hacia las cifras de los arrestos por marihuana. “La mayoría de los estadounidenses no tiene la menor idea sobre la tremenda labor emprendida en una guerra contra los usuarios de marihuana que ha fracasado totalmente en disminuir el consumo de marihuana”, dijo Rob Kampia, director ejecutivo del Marijuana Policy Project en Washington, DC. “Justo este verano un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud con 17 países descubrió que tenemos el índice más alto de consumo de marihuana, pese a unas de las leyes más estrictas contra la marihuana y una represión hiperagresiva. Con el gobierno en todas las instancias inundado en deudas, es un desperdicio insensato de recursos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tirando el dinero de los impuestos a políticas fracasadas?”

“Estas cifras desmienten el mito de que la policía no visa y apresa a infractores por delitos leves relacionados con el cannabis”, dijo Allen St. Pierre, director ejecutivo de NORML, quien señaló que, como van las cosas actualmente, un consumidor de cannabis es arrestado a cada 37 segundos en Estados Unidos. “Esta labor es un tremendo desperdicio de recursos de la justicia penal que desvía al personal de la fuerza pública de concentrarse en los delitos graves y de sangre, incluso de la guerra contra el terrorismo”.

“Es tiempo de un nuevo fundamento para las políticas de drogas estadounidenses – uno que se concentre en reducir la muerte, la enfermedad, la criminalidad y el sufrimiento cumulativos que acompañan tanto el consumo indebido de drogas como la prohibición de las drogas”, dijo Piper. “Un buen comienzo sería promulgar metas nacionales de corto y largo plazo para reducir los problemas asociados tanto con las drogas como con la guerra contra las drogas. Dichos objetivos deberían incluir la disminución de problemas sociales como la drogadicción, las muertes por sobredosis, la proliferación del VIH/Sida a través del consumo de drogas inyectables, las disparidades raciales en el sistema de justicia penal y el número enorme de infractores no violentos entre rejas. Las agencias federales que traten de la droga deberían ser juzgadas – y financiadas – de acuerdo con su capacidad de cumplir estas metas”.

Piper estuvo de acuerdo con los defensores de la reforma en la legislación sobre la marihuana en que dichas leyes son un buen lugar para empezar. “Especialmente, los legisladores deberían parar de arrestar y apresar a la gente por nada más que tenencia de marihuana para consumo personal”, dijo. “No hay que tenerle miedo a lo que los votantes van a pensar; el pueblo estadounidense ya está de acuerdo. Mayorías considerables favorecen la legalización de la marihuana para consumo medicinal (el 70% al 80%) y multar a consumidores lúdicos de marihuana en vez de arrestarlos y encarcelarlos (el 61% al 72%). Doce estados han legalizado la marihuana para consumo medicinal y 12 estados han despenalizado el consumo lúdico de marihuana (seis estados han hecho las dos cosas)”.

Como observó Piper, la reforma en la legislación sobre la marihuana está sucediendo, pero no con la velocidad suficiente para retardar el número de arrestos por marihuana. Alaska sigue siendo el único estado en EE.UU. a permitir la tenencia legal de marihuana (en el propio hogar). Este año se introdujo un proyecto federal sobre la despenalización por primera vez desde que Jimmy Carter fue presidente, pero nadie cree que vaya a resultar en algo pronto. Y aun la despenalización quiere decir que los consumidores de marihuana aún son castigados por su selección de sustancia y también son privados de su propiedad por la fuerza pública.

La situación es aún más sombría cuando se trata de los infractores de la legislación antidroga que no tengan nada que ver con la marihuana. Prácticamente no hay ímpetu para refrenar la guerra en contra suyo y aun las labores reformadoras que pueden reducir sus cifras en prisión, como la Ley de Rehabilitación del Infractor No Violento de la Legislación Antidroga [Nonviolent Drug Offender Rehabilitation Act] en la votación de California este semestre, no harían nada para reducir el número de arrestos. Simplemente destinaría a los arrestados al tratamiento forzoso en vez de la prisión.

A menos que existan labores serias y radicales de reforma para terminar con la guerra contra las drogas – y no solamente mejorar sus manifestaciones más indignantes -, hay pocos motivos para esperar que tengamos algo diferente que informar cuando se trate de los arrestos por delitos de drogas el año que viene o el siguiente.