A menos de dos meses del día de las elecciones, la pelea por la innovadora iniciativa de “tratamiento en vez de cárcel” de California se calienta. Conocida como Ley de Rehabilitación del Infractor No Violento [Nonviolent Offender Rehabilitation Act (NORA, por su sigla en inglés)] y apareciendo en la votación como Propuesta 5 [Proposition 5], la iniciativa desviaría a miles de usuarios de drogas y transgresores consumidores de drogas hacia el tratamiento de la toxicomanía y los apartaría de las prisiones repletas que agotan el presupuesto del estado. Al hacerlo, se fundamentaría en, y expandiría bastante, la labor iniciada con los electores que aprobaron la Propuesta 36 [Proposition 36] de “tratamiento en vez de cárcel” en 2002.

De acuerdo con los defensores de la NORA, la iniciativa:

• Exige que el estado expanda y aumente los fondos y la supervisión para programas de tratamiento individualizado y rehabilitación destinados a infractores no violentos de la legislación antidroga y condenados bajo régimen de libertad condicional;
• Reduce las consecuencias penales de los delitos no violentos de drogas al ordenar la libertad vigilada en tres niveles con tratamiento y al estipular la desestimación del caso y/o la selladura de los registros después de la libertad vigilada. Limita la autoridad del tribunal a apresar a infractores que infrinjan la libertad vigilada o la condicional;
• Acorta la condicional para la mayor parte de los delitos de drogas, incluso las ventas, y los delitos no violentos contra el patrimonio;
• Crea numerosas divisiones, juntas, comisiones y exigencias protocolares respecto al tratamiento de la toxicomanía y la rehabilitación;
• Despenaliza la tenencia de cantidad inferior a 28 gramos de marihuana.

La propuesta compleja y ambiciosa no sería barata – los costes estimados para que el estado la implemente serían de cerca de $1 billón al año. Pero de acuerdo con un análisis de 1º de julio del Gabinete del Analista Legislativo apartidista, ese gasto sería más que compensado por los ahorros para el estado de más de $1 billón al año en el recorte de costes con prisiones y libertad condicional y ahorros netos de $2.5 billones en la construcción de prisiones que ya no serían necesarias.

La NORA cuenta con el apoyo general de una extensa lista de grupos e individuos de California, incluso no solamente de toda la comunidad del tratamiento y de la recuperación, sino también de la Liga de Electoras, de sindicatos obreros, del ex alcaide de San Quentin y de George Schultz, ex secretario de Estado de EE.UU.

“La comunidad del tratamiento sólo le dio un respaldo vago a la Propuesta 36 en la época”, dijo Al Senella, gerente de operaciones del Centro de Tratamiento Tarzana y presidente de la Asociación de Ejecutivos de Programas de Tratamiento de la Drogodependencia y del Alcoholismo de California, que ha apoyado la Propuesta 5 “Pero, de parte mía, hay apoyo total a la iniciativa en la comunidad del tratamiento. No conozco ninguna organización del tratamiento que se oponga a ella”.

“Cuando se examina la coalición Yes on 5, se encuentra una amplia colección de militantes del tratamiento de la adicción y de la salud pública, jóvenes militantes, la Liga de Electoras, federaciones de consumidores y personas por el estilo”, dijo Margaret Dooley-Sammuli, vicedirectora estadual de la Drug Policy Alliance Baja California, que ha encabezado el esfuerzo en pro de la Propuesta 5. “Muestra de veras la amplitud y diversidad de Yes on 5; sí que pasa una sensación de lo que California tiene que ganar y de cuantas perspectivas”, dijo. “Cuando se echa un vistazo al lado del ‘no’, está dominado por la fuerza pública. Eso es muy revelador”.

Aunque NORA posea apoyo general de la comunidad del tratamiento y de la recuperación y más allá, sufre oposición de una colección formidable de intereses de la fuerza pública y de los juzgados de delitos de drogas. Ha atraído la ira de la Asociación Nacional de Profesionales de los Tribunales de Delitos de Drogas, que la criticó durísimamente en un manifiesto a principios de este año, y también la oposición de virtualmente todos los sheriffs, fiscales, jefes de policía, agentes penitenciarios y trabajadores de la libertad vigilada de California.

Pese a que la oposición haya sido relativamente tranquila hasta este mes, el viernes pasado disparó una andanada contra la NORA cuando el famoso actor Martin Sheen redactó un artículo de opinión de “no a la NORA” en el Sacramento Bee. Sheen escribió que es contrario a la Propuesta 5, porque “hará mucho daño a mucha gente”, porque le falta el vigor para castigar a los infractores que tengan una recaída. “La rehabilitación exitosa necesita rendición de cuentas y muy a menudo exige la intervención directa en la vida de alguien adicto a las drogas en vez de esperar que ellos busquen tratamiento ‘cuando estén listos’”, escribió.

La Propuesta 5 es el producto de la “teoría de la reducción de daños” y cambiaría recursos de programas que tienen su visto bueno, como los Narcóticos Anónimos, se quejó Sheen. “El verdadero problema de la Propuesta 5 es el de que no detiene el consumo de drogas”, escribió. “Si estuviera deteniéndolo, ordenaría fondos para exámenes toxicológicos corrientes en vez de prohibir esa financiación y no les daría a los vendedores de drogas una recompensa por el daño que hacen a tanta gente”. La iniciativa es “mal planeada y peligrosa”, avisó Sheen.

“Seguro que respeto los sentimientos y experiencias de Martin Sheen, pero generalizarlos y universalizarlos en las políticas públicas es el abordaje equivocado”, contestó Dooley-Sammuli. “No queremos decidir lo mejor para los 36 millones de californianos con base en la perspectiva de un hombre. Él teme que la Propuesta 5 no vaya a funcionar, así como temía que la Propuesta 36 no fuera a funcionar, pero ahora sabemos que sí funcionó. No estoy tan segura que Martin Sheen está al tanto de la investigación en estas áreas y está equivocado otra vez. Estoy decepcionada que no se haya acercado nada de alcanzar la comprensión”.

“Martin Sheen es una celebridad y quizá eso convenza a algunas personas, pero hizo lo mismo con la Propuesta 36 y no convenció a un número suficiente de personas”, dijo Senella. “Respeto el hecho de que él y su hijo tuvieran problemas y los superaran, pero su postura está orientada por sus puntos de vista personales, no por los datos ni el fallo de expertos. Y aunque haya escrito un artículo de opinión, no espero que invierta millones en una campaña eficaz de oposición. Solamente le da una voz a la oposición, no fuerza financiera”.

Sheen no está solo. Aunque el poderoso sindicato estadual de los agentes penitenciarios, la Asociación de Agentes Penitenciarios de California, no haya asumido una postura oficial respecto a la Propuesta 5 – principalmente porque está ocupado intentando recordar al gobernador Arnold Schwarzenegger (R) por cuestiones presupuestarias -, lo hará pronto, dijo Lance Corcoran, vocero del sindicato.

“No hemos adoptado una posición oficial, pero hemos hecho un análisis y, básicamente, la entendemos como una ley de salida libre de la cárcel”, dijo. “Creemos que se puede decir que la Propuesta 36 no ha sido exitosa y creemos que la Propuesta 5 también será un fracaso. No será algo bueno para California”, avisó.

Susan Blacksher es la directora ejecutiva de la Asociación de Recursos de Recuperación de la Adicción de California, la proveedora más grande de tratamiento domiciliario en el estado. Para Blacksher, la NORA es una profundización y ampliación necesarias de la Propuesta 36, cuyo éxito fue limitado por la falta de recursos, argumentó.

“La Propuesta 36 no anticipó el puro volumen de necesidad e, igualmente, muchas comarcas no reconocieron totalmente la magnitud de sus problemas con la adicción”, explicó. “Supusieron que iban a escoger a personas que justo habían empezado en sus carreras de consumo de drogas, pero casi desde el principio empezamos a ver que la gente que pasaba por el programa tenía problemas más graves que lo anticipado. Simplemente no había recursos para el volumen de personas y la gravedad de sus problemas”.

Los argumentos expuestos por la fuerza pública y las organizaciones de los tribunales de delitos de drogas de que la NORA debería sufrir oposición porque no ofrecía sanciones suficientes contra las recaídas eran “como tirar al niño con el agua de bañarlo”, dijo Blacksher. “La NORA ha sido redactada brillantemente, teniéndose en cuenta todos los problemas que hemos estado discutiendo a lo largo de los últimos seis años y hubo mucha discusión sobre las sanciones. Algunos de nosotros en el movimiento de la recuperación pensamos que sanciones de corto plazo como la prisión relámpago pueden tener sentido si empleadas como parte del tratamiento y no solamente del castigo”, dijo, “pero ¿por qué armamos tanto escándalo acerca de esto cuando el resto tiene mucho más sentido?”

Blacksher dijo que comprendía la frustración de la fuerza pública y de los juzgados de delitos de drogas por la cuestión de las sanciones, pero eso no bastaba para invalidar la NORA. Y, como señaló: “Sus cárceles y prisiones están tan llenas que algo tiene que suceder”.

“Sería de esperar que los jueces y fiscales que marcaron la pauta en los juzgados de delitos de drogas fueran a apoyar lo que será la expansión más grande de los juzgados de delitos de drogas de EE.UU.”, dijo Dooley-Sammuli. “También estoy desilusionada en ese aspecto. Creo que lo que estamos presenciando es una lucha por territorio en que la gente prefiere proteger su territorio a respaldar lo que será una expansión de los juzgados de delitos de drogas. Desdichadamente, la gente que administra esos tribunales resiste a las mejores prácticas comprobadas”.

“La gente de los juzgados de delitos de drogas cree bastante en la rendición de cuentas y la comunidad del tratamiento también”, dijo Senella, “pero la gente de los juzgados cree que debe tener autoridad plena. La Propuesta 36 no se lo daba y la NORA tampoco lo hace. La NORA le da mucha cosa, le da más autoridad, pero no cuanto quiere. Y pese a que los juzgados de delitos de drogas reciban considerablemente más fondos conforme a la NORA, se oponen a ella porque les impone algunos criterios respecto a cuándo pueden imponer sus sanciones”.

“Estaba vivo en los años 1960 cuando pasamos por todo esto antes”, dijo Michael Rushford de la conservadora Criminal Justice Legal Foundation, orientada hacia los derechos de las víctimas. “Los índices de criminalidad triplicaron mientras desviábamos a los criminales hacia las calles. No todos se acuerdan de eso y, lamentablemente, si no se aprende con la historia, se está condenado a repetirla”, dijo.

“Por supuesto, puedo aceptar un poco de desvío para los jóvenes, pero cuando se trata de criminales, hay necesidad de consecuencias”, prosiguió Rushford. “La Propuesta 5 dejaría que alguien con $50,000 en metanfetamina evitara la prisión; dejaría que un ladrón de autos reincidente evitara la prisión. Es un trato lesivo”.

“Estos tipos de argumentos simplemente no está fundados en hechos ni en una lectura precisa de la iniciativa”, dijo Senella. “No se puede tener $50,000 en metanfetamina y salir impune; no se puede salir por ahí a robar autos y salir impune. Para estos tipos de casos, los jueces tendrán discreción total. Si el juez decide que este tipo roba autos porque está viciado en algo, puede ser un buen candidato para el desvío, pero de ninguna forma es un pase libre para evitarse problemas”.

Pese a cinco años de evaluaciones e informes anuales sobre la eficacia de la Propuesta 36, ni la Asamblea ni el gobernador Schwarzenegger han tomado la iniciativa para implementar las recomendaciones de los varios informes. Por eso le toca al público, dijeron los defensores de la reforma.

“La gente dice que California lo necesita, pero algo tan grande debe pasar por la capital Sacramento”, dijo Dooley-Sammuli. “Decimos que sí debería, pero no lo ha hecho. Los tribunales federales ya se han hecho cargo de la atención médica en nuestras prisiones y hay una vista el 17 de noviembre para ver si deberían poner a la Secretaría de Administración Penitenciaria de California entera en sindicatura también. El gobierno estadual ha demostrado ser incapaz de tomar providencias respecto a esto”.

“La Asamblea y el gobernador no pueden o no quieren reconocer lo que el público cree ser importante y lo que la ciencia ha demostrado”, dijo Senella. “Al aprobar la Propuesta 36, el público mostró que era importante para los votantes y sus seres queridos que el tratamiento fuera prioridad en vez de la prisión en cuanto método de tratar de la adicción”, dijo.

“La única manera de avanzar en esto es a través del proceso de iniciativas”, dijo. “Por eso necesitamos y somos a favor de la NORA. Lo que ha sucedido en el penitenciarismo californiano claramente no está funcionando – tenemos el segundo índice más alto de reincidencia de EE.UU. Nuestro abordaje actual no es lo que la ciencia indica ser necesario. Está absolutamente claro que si se trata la adicción, se hace bastante con relación a la tasa de reincidencia”.

“De una forma u otra, el futuro de la superpoblación carcelaria en California será decidido en noviembre”, dijo Dooley-Sammuli. “Ya por los electores en el día de las elecciones ya por tres jueces federales a fines de mes. La rehabilitación y el tratamiento tienen mucho apoyo entre los votantes californianos. Hasta el momento, hemos permitido que la adicción impulsara nuestros índices plusmarquistas de encarcelación. Los votantes lo comprenden”.