Era apenas una cuestión de tiempo. Primero, vinieron las leyes que ordenaban que los criminales demonizados favoritos de la sociedad, los criminales sexuales, debían registrar sus paraderos junto al estado aun después de haber cumplido sus sentencias. Después, varios estados empezaron a aprobar legislación que exigía que los preparadores de metanfetamina condenados hicieran lo mismo. Ahora, un congresista republicano de Nuevo México, el Dip. Steve Pearce, ha entrado con legislación federal que crearía un registro electrónico nacional de “narcotraficantes criminales” y exigiría que los estados hagan lo mismo o corran el riesgo de perder el auxilio federal.

[inline:methregistry.gif align=left caption="¿queremos ayudar a nuestros hijos a encontrar narcotraficantes?"]El mes pasado, Pearce presentó otro acrónimo llamativo de un proyecto, HR 6155, la “Ley Comunidades Liderando a Todos para Alejarse de los Narcóticos a través de Advertencias Electrónicas” [Communities Leading Everyone Away From Narcotics through Online Warning Notification Act] o la “Ley CIUDAD LIMPIA” [CLEAN TOWN Act]. De acuerdo con el proyecto propuesto, cualquiera condenado por infracción de distribución, conspiración o tenencia de drogas con intención de distribuirlas sería obligado a registrarse junto a las autoridades anualmente y darles su nombre, dirección, empleador y/o información escolar, número de seguro social, antecedentes criminales, descripción física, copia de identificación oficial y demás informaciones personales. La duración del registro variaría de cinco años desde el fin de la sentencia para los reos primarios y 10 años para los reos secundarios a registro perpetuo para los reincidentes de tercera ocasión.

El proyecto exigiría que tanto el fiscal general de los EE.UU. como varios estados establecieran dichos registros. Los estados que no obedecieran serían penalizados mediante la suspensión de un porcentaje de los fondos federales de control de la criminalidad que reciben a través de la Ley Abarcadora de Control de la Criminalidad y Calles Seguras [Omnibus Crime Control and Safe Streets Act]. Los narcotraficantes condenados pueden ser exentos de registro si se vuelven delatores, o, en el texto anódino del proyecto, si dan “asistencia considerable en la investigación o proceso de otra persona que haya cometido una infracción”.

El proyecto ordena que los estados aprueben leyes penalizando la inobservancia al registro. Dichas leyes deben tener sentencias de duración superior a un año. En otras palabras, deben ser crímenes.

En un comunicado de prensa alardeando su nuevo bebe legislativo, Pearce presentó su defensa del proyecto en términos de protección de los niños y le dio a sus bases de apoyo el crédito por la idea. “Durante nuestra gira de concienciación sobre la metanfetamina por todo el 2º Distrito en Agosto, escuché varias veces que deberíamos tratar a los narcotraficantes condenados como tratamos a los infractores sexuales”, dijo el Dip. Pearce. “Ambos tienen la lisura de violentar a nuestros hijos y destruir sus vidas. Nuestras comunidades necesitan más herramientas para proteger a nuestros niños. En particular, los padres y maestros tienen el derecho de saber cuando alguien que puede envenenar a su hijo o hija vive en el barrio”.

Hasta ahora, ningún otro legislador ha dado su apoyo al proyecto. Ha sido enviado al Comité Judiciario de la Cámara.