La prohibición de las drogas ha sido algo normal en la vida en Estados Unidos hace casi un siglo. Aunque fuera aparentemente pensada para proteger a ciudadanos estadounidenses contra los peligros del consumo de drogas, ahora tiene ímpetu propio, independiente de aquella meta inicial, en que ha fracasado de modo espectacular. Mientras se profundizaba la respuesta prohibicionista al consumo y ventas de drogas a lo largo de las décadas, entonces intensificada aún más con la lucha contra la droga bipartidista de la era Reagan, la prohibición y su imposición han creado una constelación de grupos, sectores y profesiones que han ganado riqueza y poder alimentándose en el pesebre de la lucha contra la droga.

[inline:texasraid.jpg align=left]En virtud de su dependencia del proseguimiento de la prohibición de las drogas, se puede decir con justicia que dichos grupos – ya la fuerza pública, ya el complejo industrial de las prisiones, ya el sector de los exámenes toxicológicos, ya el sector de la evasión de exámenes toxicológicos, ya la abogacía, entre otros – tienen un interés creado en mantener el estado de cosas. Aunque el hecho de que dichos grupos estén sacando provecho de la prohibición de un modo u otro sí invalide necesariamente la sinceridad de sus posturas, ello sirve para poner en tela de juicio si algunos entre ellos siguen adhiriendo a la prohibición de las drogas porque realmente creen en ella o simplemente porque ganan con ella.

En lo que será una serie ocasional de informes sobre “Los intereses creados de la prohibición”, examinaremos quienes exactamente lucran, como, cuanto y cuanta influencia ejercen sobre el proceso decisorio político. Esta semana empezamos con un grupo tan obvio que a veces desaparece en el fondo como si fuera apenas parte de la situación de las cosas en este mundo. Se trata del establishment de la fuerza pública estadounidense.

Eso es, la policía, la PO-licía. La autoridad se gana bastante con la lucha contra la droga. ¿Cuánto? En un artículo de opinión en el Los Angeles Times a principios de este mes, el juez James Gray del Tribunal Superior de la Comarca de Orange (California), antiguo crítico de la lucha contra la droga, apreció la cifra en $69 billones al año en todo el mundo durante los últimos 40 años de un total de $2.5 trillones gastados con la prohibición de las drogas. En una declaración por escrito presentada en una vista del Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU. el mes pasado, Peter Reuter, el analista de políticas de drogas de la Universidad de Maryland, calculó conservadoramente los actuales gastos estaduales, federales y municipales juntos en $40 billones al año, siendo que aproximadamente el 70 al 75% era destinado a la fuerza pública.

[inline:car-search.jpg align=right]En cualquier caso, es muchísimo dinero del contribuyente. ¿Y para qué? Pese a años de represión legal a la droga más y más severa, pese a arrestos por drogas al año acercándose al orden de los dos millones, pese a apresar a medio millón de estadounidenses que no le hizo nada a nadie, pese a los billones de dólares gastados aparentemente para detener el consumo de drogas, EE.UU. sigue siendo el principal yonqui del mundo. Se lo percibió otra vez a principios de este mes cuando investigadores que examinaban los datos de la Organización Mundial de la Salud descubrieron que EE.UU. tenía los índices más altos de consumo de cannabis del planeta (más que el doble del de Holanda, amiga del cannabis) y las tasas más altas de consumo de cocaína del mundo. (Véase el reportaje relacionado en esta edición.)

Mírese por donde se mire, la prohibición de las drogas y la represión legal a la droga han fracasado en su meta declarada: reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. Con todo, por lo general, la fuerza pública estadounidense nunca ha topado con una reforma de las leyes sobre las drogas que le gustara y una nueva ley severa que no le gustara. La actual campaña casi histérica para devolver al programa Subvenciones de Acción de la Justicia (JAG, por su sigla en inglés, o subvención Byrne) cortes impuestos por el gobierno Bush en un raro ataque de responsabilidad fiscal es un caso en cuestión.

El programa de subvenciones Byrne, que financia sobre todo a esos destacamentos que imponen la legislación antidroga, actúan en varias jurisdicciones y son plagados por los escándalos, ha sido criticado por todos, de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles al Tribunal de Cuentas de EE.UU., por ser derrochador, ineficiente y lleno de abusos, pero la comunidad policíaca ha movilizado una poderosa ofensiva cabildera para devolver esos fondos. Ahora, tras otro año más en que los demócratas del Congreso de EE.UU., temerosos de ser vistos como “indulgentes con la criminalidad”, corrieron a toda prisa para apaciguar a la fuerza pública y el programa de subvenciones Byrne está listo para recibir $550 millones el año que viene, un enorme incremento de $350 millones con relación a los niveles reducidos – pero no reducidos a cero – de este año.

“El grupo de presión de la fuerza pública es tremendamente poderoso”, dijo Eric Sterling, ex asesor del Comité de la Cámara sobre el Judiciario y actual director de la Criminal Justice Policy Foundation. “Los sindicatos de la fuerza pública son extremadamente importantes en apoyos para elecciones estaduales y municipales, especialmente en las primarias”.

[inline:police-helicopter.jpg align=left]Cuando se trata de Washington, organizaciones de base como la Orden Fraternal de la Policía son sumadas por un montón de organizaciones nacionales de la administración, como la Asociación Internacional de Jefes de Policía, la Asociación Nacional de Sheriffs, la Asociación Nacional de Fiscales y la Coalición Nacional de Asociaciones de Agentes Antidrogas. De vez en cuando, como sucede con la campaña para devolver las subvenciones Byrne, la Asociación Nacional de Funcionarios Comarcales (que incluye a los sheriffs) encabezó la carga en favor de la fuerza pública.

“Todos estos grupos son muy poderosos y los congresistas no se resisten a ser criticados por ellos o votar en contra de ellos”, dijo Sterling.

“Sin duda, la guerra contra las drogas crea muchos empleos para la fuerza pública y varios aspectos de la guerra contra las drogas crean enormes beneficios para la fuerza pública”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales y cabildero de la Drug Policy Alliance en el Capitolio. “Con esos ingresos, pueden emplear a más policías y seguir expandiendo su territorio. El grupo de presión de la fuerza pública es muy fuerte y eficaz”, dijo Piper. “Nadie quiere negarles lo que quieren. Los demócratas les tienen pavor y la mayoría de los republicanos también. Todos quieren regresar a sus distritos y decir que son duros con las drogas. El grupo de presión de la fuerza pública en favor de la lucha contra la droga es un tren muy, muy difícil de detener”.

Frente a esas solemnes formaciones de hombres de azul con banderas estadounidenses moviéndose tremulantemente detrás de ellas, la mayoría de los políticos prefiere cumplir con las demandas de la fuerza pública, ya en el ámbito estadual, municipal o federal. Y eso está bien para la policía, quien se ha acostumbrado a una infusión continua de dinero para la lucha contra la droga.

“La fuerza pública en todas las instancias del gobierno se ha vuelto dependiente de la lucha contra la droga, que, por su vez, supone la prohibición de las drogas”, dijo Norm Stamper, el ex jefe de policía de Seattle que se filió al grupo antiprohibicionista Law Enforcement Against Prohibition (LEAP, por su sigla en inglés) poco después de su jubilación. “Son adictos a las corrientes de ingresos que se han vuelto previsibles y necesarias para las operaciones cotidianas de las comisarías por todo EE.UU.”, prosiguió.

“Los gobiernos estaduales y municipales reciben fondos anticriminalidad del gobierno federal de EE.UU. y hay ítems dedicados a cosas como esos destacamentos antidrogas regionales”, dijo Stamper. “A principio, no era mucho dinero, pero a través de los años aceptamos billones de dólares ahora”.

No son apenas las comisarías que sacan provecho de la persecución de la lucha contra la droga, los policías individuales también pueden y lo hacen. “Tanto los cuerpos de policía como los oficiales individuales tienen un fuerte interés creado en mantener la prohibición”, dijo Sterling mientras relataba la historia de su paseo junto con un policía de la Comarca de Montgomery en Maryland hace unos cuantos años. Tras patrullar centros comerciales y caminos suburbanos durante algunas horas en una noche fría de diciembre, Sterling y el policía que acompañaba recibieron una llamada de un oficial que necesitaba respaldo.

El oficial que necesitaba respaldo fue acompañado por el entonces auxiliar de Sterling, Tyler Smith, quien, cuando llegó el auto de Sterling, le dijo que su policía (el de Smith) había hecho parar cuatro autos y convencido a cuatro de sus conductores a consentir con registros de drogas. En este caso, el policía había encontrado algo. Los tres jóvenes en el auto que él había parado consintieron con un registro y encontró una pipa y unas cuantas pizcas de marihuana en el bolsillo de un joven. A estas alturas, había cuatro patrulleros distintos en el sitio.

“Ahora, todos los cuatro policías son testigos”, observó Sterling. “Eso quiere decir que siempre que haya un procedimiento judicial, se van al juzgado y reciben tres horas extras. Casi siempre son dispensados inmediatamente, pero aún reciben el pago. Son cuatro policías recibiendo por la prisión de uno, entonces tienen un interés personal enorme en respaldar al único policía entusiasta que anda por ahí buscando arrestar. Collars for dollars [algo como coger para recibir], así lo llaman”, relató Sterling.

“Creo que necesitamos tener en cuenta que los policías individuales en todas las instancias tienen problemas de carácter y sacan provecho personal de la prohibición”, dijo Stamper.

“En general, también es trabajo policíaco fácil”, observó Sterling. “Se empieza en una posición de fuerza e imposición, no se llega a una escena de conflicto, no se detiene un asalto o se contesta una llamada que involucra armas; es una forma relativamente segura de actividad policíaca. Se apunta un arresto y eso hace parecer que se está siendo productivo”.

Y pese a varias protestas de la policía en contra, imponer las leyes sobre las drogas no es tan peligroso. Cada año, el Memorial Nacional de los Oficiales de Policía divulga una lista de los policías muertos en el cumplimiento de su deber. Cada año, de cada cien o doscientos o trescientos muertos, apenas un puñado murió imponiendo la legislación antidroga. Y, con demasiada frecuencia, esos policías muertos son utilizados por sus pares como la viva imagen para aumentar la represión a la droga.

Pero si la fuerza pública lucra maravillosamente con los dólares del contribuyente en el ámbito estadual o federal mientras persigue la quimera del éxito en la lucha contra la droga, tiene otra importante corriente de ingresos relacionada con la prohibición: la confiscación de activos. Cada lunes, el Wall Street Journal publica notificaciones legales oficiales de la DEA de decomisos conforme a lo exigido por ley. El lunes del 30 de junio, la notificación legal consistía en tres páginas y un cuarto de caracteres diminutos que representaban a cientos de decomisos de aquella semana solamente.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia de EE.UU., las agencias federales de la ley confiscaron $1.6 billón – principalmente en efectivo – solamente el año pasado. Es la triplicación de los $567 millones decomisados en 2003. Pero esa cifra no incluye los cientos de millones de dólares más que los federales recibieron como su parte de las confiscaciones de los estados ni incluye los desconocidos cientos de millones de dólares más decomisados por agencias estaduales y municipales y manejados conforme a las leyes estaduales de decomiso de activos. El año pasado, apenas las agencias tejanas decomisaron más de $125 millones.

“Los ingresos de los activos confiscados representan una fuente de fondos particularmente inconcebible, aún más cuando las agencias policíacas salen a arrestar para crear más fondos para sí mismas”, dijo Stamper. “Aun si se destina el dinero a las agencias y no a los bolsillos de los policías individuales, aún se desarrolla esa mentalidad de que imponemos la ley a fin de ganar dinero. Así no deben ser las cosas”, dijo.

“Desdichadamente, hay muchas comisarías que lo entienden en cuanto manera útil de cohibir el consumo de drogas, aunque no existan pruebas para sustentarlo”, dijo Sterling. “Con todo, pueden justificar la toma de propiedad privada como si sirviera a un propósito importante de la represión legal, pero hay muchos relatos de comisarías que son casi totalmente autofinanciadas por los ingresos”, dijo.

“Si se corta o se reduce el Byrne al cero y la agencia policíaca es suficientemente afortunada para tener una carretera interestatal que patrullar, están en condiciones de visar vehículos e ir a la caza de dólares”, señaló.

“Esas corrientes de ingresos, ya subvenciones Byrne, ya efectivo decomisado, crean dependencia en las comisarías que cuentan con ellas”, dijo Stamper, “y eso disminuye cada vez más las probabilidades de que la policía en su comunidad sea crítica y analítica al cuestionar sus modos de hacer las cosas. ¿La prohibición funciona, produce resultados positivos? La respuesta es no y no. Tenemos una situación en que, en verdad, hacemos daño en nombre de la imposición de la ley, y es un daño profundo, esta idea de que la prohibición es viable. La represión legal a la droga es financiada en niveles obscenos y es un dinero que se podía emplear en cosas que sí funcionan, como la prevención y el tratamiento de la toxicomanía”, prosiguió el ex jefe. “Se puede decir con seguridad que la fuerza pública estadounidense ha desarrollado una adicción al dinero que recibe de la prohibición de las drogas”.