Tres meses después que el presidente mexicano Felipe Calderón mandó miles de efectivos a Ciudad Juárez y demás ciudades y municipios de Chihuahua para combatir contra los narcotraficantes en el Operativo Conjunto Chihuahua, el número de quejas de abusos de los derechos humanos aumenta y se vuelve un problema político, de acuerdo con el servicio de noticias Frontera Norte/Sur de la Universidad Estadual de Nuevo México, que monitorea la prensa mexicana y fronteriza.

[inline:ricardo-murillo.jpg align=right caption="cartel de Ricardo Murillo, militante asesinado de los derechos humanos"]Hacia mediados de junio, unas 50 quejas han sido presentadas en la procuraduría general de Ciudad Juárez, informó el FNS. Las denuncias acusan al Ejército de cometer abusos de autoridad, llevar a cabo detenciones ilegales, hacer desaparecer a ciudadanos por fuerza, conducir registros ilegales e infligir lesiones y daños físicos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) oficial de Chihuahua reportó más 28 quejas sobre el Ejército en mayo y 32 más hasta este momento del mes, principalmente en el municipio fronterizo de Ojinaga, del otro lado del Río Bravo desde el Parque Nacional Big Bend en el remoto oeste de Tejas.

El investigador Gustavo de la Rosa Hickerson de la CEDH dijo que muchas de las víctimas de abusos eran traficantes y adictos de menor entidad que han sido golpeados y sometidos a varias formas de tortura, incluso descartas eléctricas, sofocos simulados con bolsas plásticas y cortes de navaja en instalaciones militares. Era un “patrón peligroso”, dijo, trazando una comparación con la Guerra Sucia de los años 1970 en México, cuando las fuerzas de seguridad torturaron y secuestraron a disidentes y sospechosos de pertenecer a guerrillas izquierdistas.

En un incidente que provocó indignación, soldados mataron a tres hombres a balazos el 08 de junio en un control cerca del municipio de Cuauhtémoc en el centro del estado. Aunque los detalles no sean claros, según consta los soldados abrieron fuego después que el vehículo de las victimas chocó e hirió a un soldado. Un reportero en la escena fue forzado a tirarse al piso por soldados, mientras que el director de la comisión estatal de derechos humanos apareció, pero tuvo el acceso negado por los militares.

De acuerdo con el FNS, el Valle de Juárez, ubicado en las inmediaciones del municipio del mismo nombre, ha sido una zona de conflicto en las últimas semanas. Hace mucho el dominio de narcotraficantes y otros criminales, la región ha sido el blanco de numerosas redadas del Ejército últimamente. Los soldados han hecho arrestos y capturado cargamentos de drogas, pero también se granjean un listado en permanente extensión de quejas sobre su comportamiento.

El sábado pasado, habitantes molestos del valle realizaron manifestaciones fuera de la oficina del fiscal general mexicano en el centro de Juárez. Una mujer del municipio de Guadalupe Bravo, Josefina Reyes, se quejó de que los soldados allanaron su casa y destruyeron las cosas antes de robarse su celular y otros bienes. “En ese día, hubo 25 registros más en que hicieron desaparecer a varias personas”, dijo Reyes.

Aunque ni los militares ni la procuraduría general hayan contestado las quejas públicamente, servidores electos de la zona empiezan a hacerlo. A principios de este mes, el Congreso del Estado aprobó una resolución que le instaba al Ejército a castigar a los soldados involucrados en los abusos y su presidente, Jorge Alberto Gutiérrez Casas, les ha instado a los militares a abrirse respecto a las matanzas en el puesto de control de Cuauhtémoc.

“Desde el Poder Legislativo vamos a exigir que no se violenten los derechos humanos en una lucha que está muy enfocada a la delincuencia organizada, porque lo sucedido en dicho retén no se justifica la actuación de los elementos del Ejército”, dijo Gutiérrez. “El Ejército es una de las instituciones que más prestigio y credibilidad tiene ante la ciudadanía, por lo cual no debemos permitir que por situaciones aisladas vaya en descrédito la confianza que la sociedad ha depositado en ellos”.

Alegaciones de abusos de derechos humanos por los militares mientras persiguen su guerra contra los narcotraficantes no están limitadas a Chihuahua en absoluto. En verdad, parecen seguir a los militares dondequiera que sean desplegados como impositores de la ley. En febrero, informamos violaciones de los derechos humanos en el Valle del Bajo Río Bravo y, el mes pasado, reportamos violaciones de derechos humanos en Sinaloa.

La cuestión de los derechos humanos amenaza hundir la Iniciativa Mérida, el paquete de ayuda antidroga del gobierno Bush a México y países centroamericanos. Ciertos demócratas en el Congreso de EE.UU. quieren atar el paquete de $1.4 billón a los derechos humanos y otras condiciones, una acción que sufre firme oposición de México, el cual se pone extremadamente susceptible respecto a su soberanía cuando se trata de su vecino norteño. El lunes, el presidente Bush hizo un llamamiento a los legisladores para que aprueben el paquete “sin muchas condiciones”.

Mientras tanto, el saldo de la violencia relacionada con la prohibición sigue disparándose. Desde que Calderón desató a los militares a principios del año pasado, cerca de 4.000 personas han sido muertas, incluso aproximadamente 500 policías y soldados. Aun en Ciudad Juárez, donde los militares han estado apostados desde marzo, la matanza continúa intensificándose. De 1º de enero a 31 de marzo, 210 personas fueron asesinadas. Entre 1º de abril y ahora, otras 276 han sido muertas.