El jueves, el Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU. celebró una vista histórica sobre los costes económicos de las políticas de drogas estadounidenses. La vista, llamada “Drogas ilegales: Impacto económico, costes sociales, reacción de las políticas” [Illegal Drugs: Economic Impact, Societal Costs, Policy Responses], fue convocada a instancias del senador Jim Webb (D-VA), quien en sus observaciones inaugurales descubrió el fracaso demasiado familiar de las políticas de drogas estadounidenses en alcanzar las metas a que se ha propuesto. Fue la segunda vista relacionada con la reclusión que Webb ha reunido bajo los auspicios de este comité.

[inline:jimwebb.jpg align=left caption="Jim Webb en vista de 2007 sobre la reclusión (foto de sentencingproject.org)"]“Nuestra insaciable demanda de drogas” impulsa el narcotráfico, indicó Webb. “Gastamos cantidades enormes de dinero para interceptar cargamentos de drogas, pero las ofertas siguen firmes. Unos 86% de los estudiantes de secundaria declaran tener acceso fácil a marihuana. Los precios de la cocaína han caído cerca de 80% desde los años 1980”, prosiguió el senador novato. “Los intentos de disminuir el consumo de drogas ilegales han dependido bastante de la represión. El número de personas bajo custodia por cargos de delitos de drogas ha aumentado 13 veces en los últimos 25 años, con todo, el flujo de drogas no ha sido disminuido. Las condenaciones y castigos colaterales por delitos de drogas devastan nuestras comunidades de minorías”, dijo Webb.

“Nuestra actual mezcla política no funciona como queremos”, declaró Webb. “La facilidad con que se puede obtener drogas, el precio, el número de personas que las consume, la violencia en la frontera lo demuestran. Necesitamos repensar nuestras respuestas a los efectos sanitarios, los impactos económicos, el efecto sobre la criminalidad. Necesitamos repensar nuestro abordaje a la oferta y demanda de drogas”.

Dichos sentimientos de un senador en funciones en EE.UU. en 2008 son atrevidos, si no impresionantes, y no es la primera vez que Webb expresa tales palabras:

En marzo del año pasado, le dijo a George Stephanopoulos en el programa This Week de ABC News: “Aún me estoy encontrando en el Senado y la he estado pasando muy bien allí. Hemos – ésta es una oportunidad de poner muchas cuestiones en discusión. Una de las cuestiones que nunca aparece en las campañas, pero que es una cuestión que está destrozando a este país, es esta idea de nuestro sistema de justicia penal, cuántas personas están en nuestro sistema de justicia penal más – Creo que hay dos millones de personas presas en este país ahorita mismo y ése es un problema en el cual vamos a pasar un o dos años intentando profundizarnos y ahí quiero poner mi energía”.

En su libro de reciente lanzamiento, A Time to Fight [Tiempo de luchar], Webb escribió: “Ha llegado el tiempo de parar de encerrar a la gente por la mera tenencia y consumo de marihuana”, “Tiene mucho más sentido agarrar el dinero que sería ahorrado por dicha política y utilizarlo para la represión de actividades relacionadas con las pandillas” y “O somos el hogar de la población más mala de la Tierra o encerramos a mucha gente que en verdad no necesita estar en prisión por acciones de que otros países parecen tratar de maneras más constructivas”.

Con todo, los reformadores de las políticas de drogas pueden ponerse impacientes con el nivel de reconsideración presentado en la vista. Aunque los testigos, incluso el criminólogo Peter Reuter de la Universidad de Maryland, autor de Drug War Heresies [Herejías de la lucha contra la droga], y John Walsh, director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), presentaran críticas contundentes y familiares de varios aspectos de las políticas de drogas estadounidenses, no se pronunció en ningún momento ninguna de las palabras “prohibición” o “legalización” ni tampoco “tasar y reglamentar” y las alternativas radicales a las actuales políticas apenas fueron mencionadas. En cambio, el énfasis parecía estar en ajustar la “mezcla” de gastos en la represión versus el tratamiento y la prevención.

Los dos otros testigos en la vista, Anne Swern, subfiscal de la Comarca de Kings (Brooklyn) en Nueva York, y Norma Fernandes, coordinadora comunitaria de la misma oficina, allí estaban para promocionar el éxito de programas por el estilo de los juzgados de delitos de drogas en su comunidad.

[Los testimonios por escrito de los cuatro testigos están disponibles en la página web de la vista vinculada arriba.]

“Las políticas de drogas estadounidenses son abarcadoras, pero desequilibradas”, dijo Reuter. “Hasta el 75% de los gastos es invertido en represión, sobre todo para encerrar a narcotraficantes de menor entidad. No se ofrece mucho tratamiento. EE.UU. tiene un problema con las drogas más grande que el de otros países occidentales y las medidas tomadas en las políticas para hacerle frente han tenido poco éxito”, le dijo él al comité.

Reuter dijo que había indicios de que los legisladores y el electorado se están cansando del abordaje de lucha contra la droga, aludiendo a la Propuesta 36 de tratamiento en lugar de prisión de California, pero había pocos indicios de que el Congreso estuviera interesado en analizar seriamente los programas y las políticas.

“El Congreso se ha satisfecho en aceptar la retórica en vez de la investigación”, dijo Reuter, haciendo mención de su falta de reacción a la negativa del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas (ONDCP, por su sigla en inglés) de EE.UU. a lanzar un informe de tres años atrás ahora sobre los niveles de consumo de drogas durante el gobierno Bush. “No es secreto que el ONDCP no ha publicado aquel informe, pero el Congreso no se ha importado en hacer algo”, se quejó. “Necesitamos más énfasis en la base analítica para las políticas”.

Pero aun con las pruebas baladíes disponibles, Reuter pudo resumir un punto esencial: “EE.UU. apresa a demasiada gente y proporciona poquísimo tratamiento”, dijo. “Necesitamos más que cambios marginales”.

“Las políticas de drogas estadounidenses han estado en vigor hace algún tiempo sin muchos cambios, salvo en intensificación”, dijo Walsh de la WOLA, señalando que los niveles de producción de coca están tan altos como lo estaban 20 años atrás. “Desde 1981, hemos gastado cerca de $800 billones en fiscalización de las drogas y $600 billones de eso en reducción de la oferta. Necesitamos una dosis alta de realidad histórica mientras contemplamos lo que somos ahora”, le dijo él al comité.

Con las políticas básicas en vigor hace tanto tiempo, se puede sacar algunas conclusiones, dijo Walsh. “Primero, el efecto globo es real y totalmente relevante hoy. Lo hemos presenciado una y otra vez, no sólo con los cultivos, sino con las rutas de contrabando de drogas. Si queremos hablar de realmente reducir los cultivos ilícitos y sabemos que la erradicación solamente resulta en nuevos plantíos, necesitamos buscar alternativas”, dijo.

“Segundo, hay una fuerte oferta continua de drogas ilícitas y una tendencia antigua hacia precios en caída”, dijo Walsh, indicando fuertemente que la interceptación fue una política fracasada. “La meta perenne es la de hacer subir los precios, pero ellos han caído marcadamente. Hay pruebas de desbaratamientos en el mercado estadounidense de la cocaína el año pasado, pero hay que ver si eso dura, lo que es muy dudoso dado el registro histórico”, dijo.

“Tercero, encontrar drogas que vengan del otro lado de la frontera es encontrar una aguja en un pajar o, mejor, encontrar muchas agujas en muchos pajares diferentes en movimiento”, dijo. “Nuestro comercio legal con México es tan enorme que pensar en lacrar las fronteras es una ilusión”.

Respecto al paquete de ayuda antidroga a México que se debate actualmente en el Congreso, Walsh tenía una advertencia: “Aun con el auxilio estadounidense, cualquier reducción en el flujo de drogas desde México es improbable”. En cambio, dijo Walsh, los legisladores deberían ajustar sus objetivos y expectativas en el control de la oferta para hacerlos estar en conformidad con esa realidad.

Cambios en los países productores de drogas van a exigir labores continuas para incrementar los sustentos alternativos. A su vez, eso va a exigir paciencia y un alejamiento de “la mentalidad de arreglos rápidos que no arreglado nada”, dijo Walsh.

“No podemos esperar mejoras repentinas; no hay cura mágica”, concluyó Walsh. “Necesitamos cambiar para abordajes de reducción de daños y reconocer que las drogas y el consumo de drogas son problemas perennes que no pueden ser eliminados, sino tratados de una mejor manera. Necesitamos minimizar no sólo los daños que acompañan el consumo de drogas, sino también los relacionados con las políticas designadas para fiscalizar las drogas”.

“Es importante poder discutir las realidades de la situación, no siempre es algo cómodo que hablar”, dijo Webb después de los testimonios orales. “En esencia, es un problema de demanda. He sospechado de los programas de erradicación de las drogas; simplemente no funcionan cuando se abastece una avidez tan enorme para este fin. Tenemos que encontrar maneras de tratar de la demanda sin encerrar a más gente. Hemos creado un aparato económico clandestino increíble y tenemos que pensar bastante en cómo lidiar con ello”.

“La manera por la cual concentramos la atención en la oferta ha estado muy equivocada”, estuvo de acuerdo el diputado Maurice Hinchey (D-NY), quien junto con el diputado Bobby Scott (D-VA) y la senadora Amy Klobuchar (D-MN) fueron los únicos legisladores que asistieron a la vista. “La verdad es que todo este enfoque en la oferta no ha hecho nada de valor. La verdadera cuestión es la demanda y la prevención y trato con los egresos es la manera de lidiar con esto”.

Reuter indicó que parte de la solución era aumentar lo que llamó “abstinencia coaccionada” o tratamiento forzoso de la toxicomanía. Citando la obra de Mark Kleiman, el investigador de políticas de drogas de la UCLA, Reuter dijo que los regímenes de exámenes frecuentes con sanciones modestas impuestas de inmediato y con seguridad pueden resultar “en una verdadera caída en el consumo de drogas y actividad criminosa”.

Eso fue aprobado por la fiscal Swern. “La permanencia en tratamiento es el mejor vaticinador de salir de problemas o parar de consumir drogas”, dijo. Swern administra un programa de aplazamiento de las condenas, con alguna flexibilidad, dijo. “Lo mejor de nuestro programa es que nos permite darle a la gente muchas oportunidades. Si fracasan en el tratamiento y quieren intentarlo nuevamente, lo hacemos”, dijo.

Cuando la vista llegaba a su fin, Webb hizo una última pregunta: “Las estadísticas del Ministerio de Justicia de EE.UU. muestran que de todos los arrestos por delitos de drogas en 2005, el 42,6% era por delitos de marihuana. ¿Y la energía gastada arrestando a la gente por marihuana?” preguntó, rogando implícitamente que alguien contestara: “Es un desperdicio de recursos”.

Pero nadie se relacionó directamente con esa súplica. “La gran mayoría de esos arrestos son por simple tenencia”, dijo Reuter. “En Maryland, en esencia no se condena a nadie a prisión por tenencia de marihuana, pese a que un tercio pase tiempo en prisión antes del juicio. No es tan malo como parece”, dijo con optimismo.

“Hay violencia relacionada con el tráfico de marihuana en Brooklyn”, contestó la fiscal Swern.

Walsh de la WOLA fue el que más se acercó de una respuesta contundente. “Su pregunta sirve para establecer prioridades”, dijo. “Necesitamos discriminar entre tipos de drogas ilícitas. ¿Cuáles hacen más daño y merecen más énfasis? Además, dada la pura cifra de consumidores de marihuana, ¿qué especie de impacto se puede causar aun con muchos arrestos más?”

Así terminó la primera vista congresal conjunta para impugnar los dogmas de la lucha contra la droga. Para los reformadores que asistieron, en general hubo aprobación para Webb y el comité, mezclada con un poco de desilusión de que las vistas hubieran alcanzado apenas eso.

“Fue extraordinario”, dijo Sanho Tree, director del Proyecto de Políticas de Drogas del Institute for Policy Studies de DC. “No cubrieron algunas de las cosas que esperaba, pero tengo que felicitarles por tratar de la cuestión”.

“Webb buscaba a alguien que dijera lo que quería decir con la pregunta sobre la marihuana, que tal vez debiésemos quitarle énfasis a la represión legal en ese sentido”, dijo Doug McVay, analista de políticas del Common Sense for Drug Policy, quien también asistió a la vista. “No creo que nuestros testigos entendieron muy bien lo que tenía a la vista, la respuesta de que arrestar a toda esa gente por marihuana consume recursos que podían ser empleados para combatir contra la verdadera criminalidad”.

El senador Webb fue especialmente alabado por Tree. “Quizá porque es un posible candidato a la vicepresidencia tuvo que poner paños calientes, pero está claro que no teme hablar de la encarcelación excesiva y valerse del Comité Económico Conjunto en vez del Judiciario o de Asuntos Exteriores es un uso brillante de ese comité, porque, al fin, es una política con enormes consecuencias económicas”, dijo Tree. “Webb está claramente motivado a hacer algo respecto a los altos niveles de reclusión. Celebró una vista sobre ello el año pasado y recibió la respuesta obvia de que gran parte se relacionaba con las políticas de drogas. Tras escuchar esa especie de respuesta, la mayoría de los políticos se marcharía deprisa, pero no Webb, entonces tengo que darle crédito”.

Hacer que la apisonadora de la lucha contra la droga dé marcha atrás no va a ser fácil. La vista del Comité Económico Conjunto del Congreso de EE.UU. el martes fue tal vez un pasito hacia ese fin, pero es un paso en la dirección correcta.