El martes, la Cámara de los Diputados de EE.UU. aprobó un plan de auxilio antidroga calculado en $1.6 billón que va a durar tres años con vistas a ayudar a México y países centroamericanos a combatir contra los poderosos carteles del narcotráfico de la región, pero ahora hay dudas respecto al paquete después que el gobierno mexicano manifestó fuertes objeciones a dispositivos en la versión senatorial del proyecto que ata la ayuda a medidas de derechos humanos. La versión del proyecto aún tiene que ser aprobada en el Senado.

[inline:ricardo-murillo.jpg align=right caption="cartel de Ricardo Murillo, militante pro derechos humanos asesinado (foto de Phil Smith, editor de la Crónica)"]La votación sucedió en medio a niveles crecientes de violencia relacionada con la prohibición en México. Unas 4.000 personas – incluso más de 450 policías y soldados – han sido muertas en la lucha contra la droga desde que el presidente Felipe Calderón la intensificó a principios del año pasado al enviar unos 25.000 efectivos y policías federales a los fuertes de los narcotraficantes. Los narcos han parado de pelearse entre ellos para contraatacar las fuerzas del gobierno, asesinando recientemente a varios altos comandantes de las policías federal y municipal. La semana pasada en Culiacán, los narcotraficantes emboscaron y mataron a ocho policías en un día.

El proyecto de ley, aprobado por la Cámara por 311 a 106, empezaría a implementar la Iniciativa Mérida, bautizada con el nombre de la ciudad mexicana en que funcionarios estadounidenses y mexicanos se reunieron para elaborar un paquete de ayuda. Conforme a ese plan, los fondos estadounidenses serían invertidos en equipar y entrenar a las fuerzas de seguridad en México y Centroamérica y en mejorar los sistemas judiciales en la región. México recibiría $1.1 billón, en tanto que países centroamericanos y caribeños serían beneficiarios de aproximadamente $400 millones. Otros $74 millones serían destinados a intentar disminuir el flujo de armas ilícitas desde EE.UU. hacia México.

Pero aunque México hubiese estado ansioso por lograr el paquete de ayuda, resiste a las condiciones en el proyecto del Senado, que incluye revisiones de derechos humanos, reformas judiciales y otras cuestiones. Las condiciones marcan un regreso a la “certificación”, por la cual EE.UU. determinaba unilateralmente si los países estaban observando los objetivos estadounidenses en materia de drogas, se quejó el subprocurador general mexicano para asuntos internacionales, José Luis Santiago Vasconcelos.

[inline:riodocecover.gif align=left caption="tapa del periódico Ríodoce"]“Por qué no decimos a los americanos que esos (recursos) los destinen a sus fuerzas de intervención o a sus fuerzas de aplicación de la ley o de intercepción en nuestra frontera para que paren el flujo de armas”, dijo Santiago Vasconcelos en una entrevista de radio citada por el Dallas Morning News. “En lugar de ser entregados a México sean utilizados por los estadounidenses para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza, e impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que el 97% del arsenal que utiliza el crimen organizado en el territorio nacional proviene de esa nación”.

La semana pasada, Eduardo Medina Mora, el procurador general mexicano, dijo que el presidente Calderón aguardaba la versión final del proyecto para tomar una decisión. “El Presidente de la República valorará con mucho cuidado en su caso lo que se apruebe finalmente y defendiendo los mejores intereses de México tomará la decisión correcta, en eso debemos estar ciertos”, dijo.

“Pienso que de alguna u otra manera esto se murió”, le dijo el comentador político Ricardo Alemán al Morning News. “Vasconcelos es un funcionario de alto mando y cuenta con el apoyo del gobierno”, dijo Alemán, añadiendo que el orgullo mexicano está en juego. “Los mexicanos son muy inflexibles con esto”, dijo. “Primero reduces el monto económico y luego pones condiciones, mejor por qué no te quedas con tu dinero”.

El fin de semana pasado, una delegación de senadores estadounidenses viajó a Monterrey para reunirse con funcionarios mexicanos en un intento de apaciguar sus recelos y hay señales de que buscarán tachar el texto ofensivo del proyecto senatorial.

“Escuchamos de todos aquí el mensaje común de que este texto tiene que ser cambiado”, dijo el senador Chris Dodd (D-CT), uno de los 11 legisladores estadounidenses que asistían a la reunión de dos días. “Nuestros amigos en México necesitaban descargar y explicar como esta cuestión no fue bien tratada”, agregó el senador. “Cualquier cosa que tenga un saborcillo a certificación es una imposibilidad”.

Ahora es tiempo de ver si el Senado de EE.UU. va a sacrificar los derechos humanos mexicanos a la lucha contra la droga.