Hace ocho años, los electores en la Comarca de Mendocino de Alta California aprobaron la innovadora Medida G [Measure G], que permitía que la gente cultivara hasta 25 plantas de marihuana para consumo medicinal o personal y ordenaba que las autoridades municipales de la ley volvieran los delitos por marihuana su menor prioridad legal. Desde entonces, la ya bien establecida comunidad cultivadora de Mendocino ha estallado y, como se calcula que el tamaño del cultivo sea del orden de $500 millones a $1.6 billón al año, ahora la marihuana es el espinazo de la economía local.

[inline:marijuana-harvest.jpg align=right caption="cosecha externa de marihuana en California (de la NDIC vía usdoj.gov)"]Pero con la prosperidad vinieron los problemas y, ahora, la reacción. En parte, se trata puramente de una oposición cultural arraigada a la marihuana, pero otros habitantes de Mendocino se han quejado de daños ambientales resultantes de los cultivos comerciales, desvío del abastecimiento de agua, basura en las florestas, patios vecinos con cultivos valiosos que atraen a rateros y asaltantes, olor de la marihuana en cultivo que flota en el aire por colegios y hogares y la perturbación de la tranquilidad rural de parte de inútiles enriquecidos con la marihuana que hacen bulla en carreteras secundarias con sus utilitarios carísimos.

La semana pasada, habitantes de Mendocino salieron a votar en una medida que desharía la Medida G y establecería los límites para el cultivo en seis plantas, como lo ordenado por la ley estadual. (Esa sección de la ley fue declarada inconstitucional recientemente por un tribunal de apelaciones estadual; véase nuestra cobertura aquí.) Conocida como Medida B [Measure B], la iniciativa contaba con el apoyo de la mayoría del Concejo de Supervisores comarcal y del resto del establishment político y de los medios destacados de la ciudad. Además, las encuestas indicaban que sería aprobada con facilidad.

Pero pese a los informes mediáticos en la noche de las elecciones de que la medida había sido aprobada por un margen de 52% a 48%, las elecciones no se han acabado de ninguna manera. Aproximadamente 11.000 votos ausentes entregados en mano, o cerca del 38% del total de votos, aún no han sido contados. La comarca tiene hasta el fin de mes para contarlos y certificar las elecciones, pese a que los resultados finales puedan ser anunciados a cualquier día.

Los oponentes de la Medida B creen que vana ganar cuando todos los votos sean contados. Los defensores de la Medida B dicen lo mismo.

“Ahorita la margen es de apenas 710 votos y creemos que vamos a vencer al fin”, dijo Laura Hamburg, vocera del movimiento insurgente para derrotar la iniciativa conocida como la No on Measure B Coalition.

“Un motivo para ponerse optimista es el de que esos votos de última hora vienen de personas que estaban muy preocupadas por asegurar que el registrador los recibiera y hemos estado agitando a esa gente para que salga a votar. La segunda razón es la geografía. La sede comarcal de Ukiah es más conservadora, pero las regiones periféricas de la comarca han sido mucho más liberales y comprensivas hacia el consumo personal y medicinal de familia. Estas regiones rurales están ubicadas de donde vienen los votos ausentes entregados en mano”.

“Hay muchos votantes conservadores que toman la votación en serio, no confían en los Correos y quieren entregar sus votos en persona”, argumentó Ross Liberty, vocero de la Yes on Mendocino County Measure B Coalition. “Y nuestro distrito más fuerte es el Distrito 1, que es de donde salen los votos no contados. Todavía se puede”, dijo, mientras reconocía que algunos de sus aliados consideran su previsión de victoria por 60% a 40% “exageradamente optimista”. Con todo, dijo Liberty, su equipo entero está de acuerdo que están entre los favoritos para ganar.

[inline:dalegieringer.jpg align=left caption="Dale Gieringer (por cortesía de pot-tv.net)"]“No importa cual sea el resultado final, es una victoria moral para nosotros”, dijo Dale Gieringer, director ejecutivo de la NORML California, que se opone a la Medida B. “Sufrimos la oposición del concejo de supervisores, de los concejos municipales, del sheriff, del fiscal, de grupos cívicos adinerados y de los principales medios de la ciudad. Las cartas estaban marcadas, deberíamos haber perdido, pero esto se ha convertido en una disputa muy reñida”, dijo.

Liberty dijo que no se oponía ni a la marihuana medicinal ni al consumo lúdico de marihuana, pero que la situación en la Comarca de Mendocino era intolerable. “Soy libertariano”, dijo. “Creo que estaría en el paraíso si la prohibición federal de la marihuana en EE.UU. fuera suspensa, pero no quiero que Mendocino sea el único lugar a hacerlo. Esta gente no la cultiva a despecho de ser ilegal, sino a causa de ser ilegal. Cultivan y trafican porque es ilegal y posee un programa federal de mantenimiento del precio”.

Liberty dijo que el cultivo de marihuana no le afectaba personalmente – pese a que se quejara del “desamparo entrenado que la dependencia de la prohibición federal de la marihuana trae a nuestra comunidad” -, pero ello sí impactaba a otros defensores de la revocación. “Las personas que viven cerca de mí cultivan y no me incomoda, pero hay unas cuantas personas que no soportan el olor – apesta bastante en el verano – y ello puede volver sus vidas un infierno”, dijo.

“También es peligroso porque vale mucho dinero”, prosiguió Liberty. “Conozco a una señora que convive con un cultivo de un millón de dólares por todo a menos de 90 metros de su casa en los jardines traseros de sus vecinos. Hay gente armada que pasa por los jardines siguiendo sus narices en busca de marihuana para robar. ¿Cómo dejar que tus hijos salgan a jugar cuando pasa eso?”

Liberty también mencionó aún otro problema. “Hubo gente que cultivó en mi propiedad sin mi permiso”, dijo. “No es marihuana medicinal, son meros cultivadores de drogas y criminales”. Pero, dijo Liberty, ese incidente es anterior a la Propuesta 215.

La Medida B no trata de los verdaderos problemas creados por el cultivo comercial, dijeron los oponentes. “Esta iniciativa no visa a los problemas creados por los grandes cultivos comerciales – el cultivo en tierras públicas, el daño ambiental -, sino a la gente que cultiva menos de 25 plantas”, dijo Gieringer. “Desbaratan a los pequeños cultivadores, no a los cultivadores comerciales. Aun con nuestros oponentes admitiendo que no debería ser ilegal, deberíamos estar tratando de los problemas que acompañan esos grandes cultivos y la Medida B no lo hace”, dijo.

“Hemos presenciado un aumento en el lucro obsceno y criminal con los cultivos comerciales y los cultivos en tierras federales, entonces hubo un contragolpe ahí”, reconoció Hamburg. “Las personas empezaron a sentir que la energía era distinta, vieron todas estas ganancias excesivas. Estamos en nuestra cuarta década de agricultura de la marihuana por aquí y lo hacemos bien, es una de las ligas que mantiene unida a esta comarca, pero nunca hubo ninguna descarga de pública de tensiones respecto a estos cambios”, dijo ella. “Las personas querían HACER ALGO y muchas de ellas apoyaron la Medida B al principio, pero eso ha estado cambiando mientras piensan de veras en lo que ello significa”, dijo.

“Esta medida visa a la gente equivocada”, argumentó Hamburg. “Si se quiere tratar de la marihuana, ¿por qué volverse contra la comunidad? Al contrario, ¿por qué no vemos cómo podemos frustrar esos grandes cultivos comerciales? Los cultivadores de familia son personas de mentalidad comunitaria; si son compensados por los dispensarios, declaran su renta. Tienen orgullo de ser jardineros orgánicos. Creemos que deberíamos invertir recursos y energía en la lucha contra el crimen, no en los cultivos de patios traseros, y eso ha estado sucediendo”.

De hecho, con la elección de un nuevo sheriff y fiscal a fines de 2006, la represión legal a la marihuana se ha puesto más dura y las cifras de la incautación de activos se están poniendo por las nubes – de $100,000 en 2005 a $1.6 millón el año pasado -, pero no son los grandes cultivos ilegales en las florestas nacionales que son objetivados, dijo Hamburg.

“Cuando el sheriff persigue a esos grandes cultivos comerciales, todo lo que encuentran normalmente son unos cuantos tipos viviendo en carpas en el bosque – no hay activos que incautar”, indicó. “Tememos mucho que estén visando a los pequeños cultivadores. No se vuelvan contra los ciudadanos honestos que hacen parte de la estructura de esta comunidad”, alegó. “No nos conviertan en criminales. No queremos ser delinquentes por cultivar una planta para consumo personal o siete para medicinal”.

Mendocino no tendría que preocuparse solamente por la penalización masiva si se aprueba la Medida B, sino por la recesión económica. Con mucho, la marihuana es la actividad económica más importante en la comarca y Liberty admite libremente que la victoria puede resultar en tiempos difíciles, o, como lo dice él, “un período de ajuste”.

“Tendremos que ajustarnos conforme a los cambios de una economía dependiente de la prohibición federal a una que sea orientada por el libre mercado”, dijo. “Ahora, no se ven empleos normales coexistiendo con esta economía de la marihuana. Empleos básicos en la industria que deben ser globalmente competitivos no pueden competir con los sueldos impulsados por el programa de mantenimiento del precio que conocemos como prohibición federal”.

No importa cual sea el resultado final de las elecciones, la guerra de la marihuana de Mendocino está lejos de terminar. Además, los defensores de un sistema más abierto de cultivo y ventas reglamentados se sienten envalentados. “Después que regresamos en esta campaña, tenemos mucha fuerza de negociación”, dijo Gieringer. “Esperamos hacer unas propuestas bien previsoras para regularizar el sector en Mendocino y acercarnos de un mercado regulado legalmente que gane dinero para la comarca y mantenga a los criminales y marginales a la raya”.

Esté atento.