El único inyectorio sancionado oficialmente en Norteamérica, el InSite de Vancouver, tendrá que cerrar sus puertas el 30 de junio si el gobierno federal canadiense no extiende su exención de la Ley de drogas y sustancias controladas [ Controlled Drugs and Substances Act] de Canadá. Pero aunque el gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper no haya mantenido en secreto que a él no le gusta el programa, cuenta con bastante apoyo comunitario, municipal, provincial e internacional y sus defensores toman parte presentemente en una fuerte campaña para asegurar su proseguimiento.

[inline:insite1.jpg align=right caption="InSite (por cortesía de la Autoridad Sanitaria Costera de Vancouver)"]Ubicado en la Calle Hastings en el Downtown Eastside de Vancouver, sede de una de las concentraciones más grandes de consumidores de drogas duras del hemisferio, el InSite ha funcionado desde 2003, cuando recibió una exención de tres años del entonces gobierno liberal. Con el advenimiento del gobierno conservador, con su oposición ideológica a programas que “incentiven” o “faciliten” el consumo de drogas, el proseguimiento del InSite ha sido inestable. Por dos veces los conservadores han concedido exenciones temporales de 18 meses al programa diciendo que se necesitaba más investigación sobre su eficacia.

Pero ahora, tras cinco años de monitoreo y evaluación, llegaron los resultados: De acuerdo con estudios científicos revisados por pares, el InSite aumentó la utilización de servicios de tratamiento de la adicción, aumentó la utilización de los servicios de desintoxicación, redujo el reparto de jeringas, resultó en mejoras en el orden público y la calidad de vida del barrio, no resultó en ningún aumento en la criminalidad relacionada con la droga, impidió óbitos por sobredosis y ayudó a reducir la proliferación del VIH/Sida entre inyectores de drogas.

Como si los cerca de veinte estudios del InSite no fueran suficientes, el año pasado el gobierno conservador encargó su propio estudio, “El servicio INSITE de Vancouver y demás inyectorios supervisados: ¿Qué se ha aprendido de la investigación?” [Vancouver's INSITE service and other Supervised injection sites: What has been learned from research?], lanzado a principios de abril. De acuerdo con el criminólogo Neil Boyd de la Universidad Simon Fraser, quien fue contratado por el gobierno para asesorar el comité que supervisaba el estudio, la investigación muestra que el InSite no causa impactos negativos aparentes, ha resultado en “disminuciones modestas” en el consumo de drogas y no ha perturbado el orden público.

De hecho, dijo Boyd en una rueda de prensa para anunciar sus hallazgos, el InSite no sólo debería proseguir, sino que el programa debería ser expandido a otras localidades. “Creo que nuestros datos indican... que la construcción de más instalaciones de tipo parecido en barrios en que son necesarias rendiría beneficios que exceden con mucho los costes exigidos para dichos proyectos”, dijo.

Eso es improbable en el gobierno Harper, que es ideológicamente contrario a tales prácticas de reducción de daños y que, en verdad, le quitó fondos a su presupuesto antidroga. Como dijo Harper el octubre último: “Porque si sigues adicto, no me importa cuanto daño se reduzca, vas a tener una vida corta y desdichada”.

Harper también se ha mofado de las pruebas empíricas cuando entran en conflicto con su agenda. En un discurso a correligionarios en enero, se burló de los oponentes que citaban estadísticas sobre la criminalidad en caída al cuestionar su énfasis en el orden público. “Intentan pacificar a los canadienses con estadísticas”, dijo el primer ministro. “Tus experiencias e impresiones personales están mal, dicen; la verdad es que la criminalidad no es un problema”.

Más recientemente, el ministro Tony Clement de Sanidad y sus subordinados han hecho pronunciamientos parecidos. La ciencia no sería el único factor para determinar si la exención del InSite debe continuar, le dijo el parlamentario Steven Fletcher de Winnipeg, subministro de Clement, a The Canadian Press a principios de este mes. Aunque el gobierno tome una “decisión racional y considerada fundada en la ciencia”, también debe tener en cuenta “las realidades de la situación”, explicó Fletcher.

Cuando presionado en el Parlamento por la parlamentaria Libby Davies de Vancouver Este, defensora acérrima del InSite, Clement prometió tomar una decisión antes de 30 de junio y contestó sus críticas respecto a rechazar la ciencia que apuntala el programa diciendo: “Somos el gobierno que realmente quiere más investigación, que realmente encargó más investigación porque queremos asegurarnos de que esta decisión sea la correcta para Canadá, para los adictos y para la comunidad en Vancouver”, dijo. “Ésa es la decisión que hemos tomado, más investigación y más ponderación. Eso pasa porque tenemos una mentalidad abierta y queremos tomar la mejor decisión para Canadá y los canadienses”.

Ahora, como se avecina la fecha tope el 30 de junio, los partidarios del InSite se han movilizado. Este mes, el International Journal of Drug Policy ya publicó artículos de científicos de todo el mundo que condenan al gobierno federal canadiense por interferir políticamente en la investigación del local, Boyd realizó su rueda de prensa en Ottawa, los defensores llevaron a cabo un mitin en un parque del Downtown Eastside con 1.000 cruces blancas para simbolizar a la gente que no se murió de sobredosis de drogas mientras inyectaban en el InSite, enfermeras callejeras de Vancouver hicieron piquetes en la oficina del Sindicato de la Policía de Vancouver, cuyo presidente es un crítico destacado del inyectorio, Debra MacPherson, presidenta de la Asociación de Enfermeras de Columbia Británica, realizó una rueda de prensa para promocionar los beneficios del InSite para la salud y los tres partidos cívicos de CB han hecho muestras de su apoyo conjunto al programa.

“Apoyamos totalmente el intento de mantener el InSite abierto”, dijo David Hurford, director de comunicación del alcalde Sam Sullivan de Vancouver. “Hace parte de la solución, no parte del problema y es una solución de base desde abajo. El gobierno federal ha dicho que apoya el proceso decisorio de base, entonces ¿por qué burócratas a 5.000 km de distancia toman decisiones por nosotros acá?” preguntó.

La alcaldía “colabora con los interesados locales para ayudar a comunicar los beneficios del InSite”, dijo Hurford. “Le escribimos al ministro de Sanidad la semana pasada para pedirle que mantenga el sitio abierto y, como mínimo, extienda los permisos hasta que todas las cuestiones jurídicas pendientes sean vistas”.

Hurford se refiere a la demanda que tramita en los tribunales de Columbia Británica para impugnar la competencia del Ministerio de Sanidad de Canadá sobre el InSite. Ella argumenta que, como según la ley canadiense la asistencia sanitaria pertenece a las provincias, el gobierno federal no debe tener control sobre el InSite. Pero la demanda no será acordada hacia fines del mes que viene.

Los políticos de la oposición también se han sumado a la lucha. “Este gobierno escoge ver la reducción de daños como si no fuera nada más que una palabrota a costas de proteger la seguridad y la salud de los canadienses”, dijo la Dr.ª Carolyn Bennett, vocera del Partido Liberal en materia de salud pública.

“Los resultados del proyecto InSite muestran pruebas mensurables de que salva vidas”, dijo la Dr.ª Hedy Fry, una parlamentaria liberal que desempeñó un rol fundamental en tratar el acuerdo que permitió que el InSite abriera. “Esto ha logrado apoyo generalizado no sólo de expertos en Canadá, sino de la comunidad científica internacional, de la policía de Vancouver y de los vecinos del Downtown Eastside”, dijo la Dr.ª Fry. “Es simplemente irresponsable ignorar pruebas fundadas en la ciencia de la eficacia de programas de reducción de daños como éstas y basar las políticas públicas apenas en la ideología porque personas de carne y hueso sufren las consecuencias”.

“El gobierno conservador debe parar su interferencia inconcebible en la investigación científica sobre el inyectorio de Vancouver”, añadió la parlamentaria Libby Davies por el Nuevo Partido Democrático, quien representa al Downtown Eastside. “Los investigadores médicos de la Universidad de Columbia Británica han revelado que Harper y su equipo han estado suprimiendo pruebas y negando fondos a científicos que examinan objetivamente los méritos del InSite”, dijo.

“Se han publicado más de 20 estudios médicos y académicos que muestran los beneficios sanitarios y sociales del InSite. Ahora tenemos tanto hechos como pruebas científicas de usuarios en nuestra comunidad de que esta instalación está ayudando, no perjudicando a la gente de nuestra ciudad. Los registros de investigación muestran que el InSite salva vidas y aumenta la seguridad pública”, prosiguió Davies. “Harper no comprende que no se puede esconder los hechos siempre que no estén conformes con su agenda política. Necesitamos un cambio de dirección. Es tiempo de que este gobierno tome decisiones basadas en pruebas en vez de la ideología – hay que mantener el InSite abierto”.

“Lo que queremos es una renovación de tres años y medio de la exención de la Ley de sustancias controladas”, dijo Nathan Allen de InSite for Community Safety. “El hecho de que el gobierno Harper no haya concedido esta renovación muestra que hesita mucho en apoyar a la comunidad”.

Aunque el gobierno Harper haya dicho anteriormente que necesitaba de más investigación para evaluar la eficacia del InSite, eso ya nadie se lo traga, dijo Allen. “Ya han gastado más de $1.5 millón estudiando el InSite, han presentado más de veinte trabajos académicos y han concluido que causa todos tipos de impactos positivos. Nos preguntamos qué cuestiones le falta hacer al gobierno”, dijo burlándose. “El InSite ha pasado por el escrutinio más completo y bien financiado de cualquier clínica de salud en el país”.

En caso de que el gobierno se niegue a otorgar otra exención, Allen dijo que esperaba que respetara la autoridad provincial y la autonomía municipal. “Ha sido una respuesta regional a una crisis local aquí en Vancouver. Necesitamos dejar que la gente por aquí haga lo que necesita hacer. Si no, la gente se va a morir”, predijo francamente.

Se agota el tiempo del InSite, pero se acumula la presión sobre el gobierno Harper. Las próximas semanas van a determinar si ella es suficiente para superar la oposición ideológica del gobierno al inyectorio.